La declaración presentada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros doce países en la Organización Mundial de Comercio (OMC) con críticas a la administración de comercio que aplica la Argentina tuvo un impacto político relevante, pero para que el mismo se traduzca en un daño a nivel económico es necesario que se presente una queja formal que debe pasar por un complejo y extenso proceso burocrático, del cual muy pocos casos terminan con una sanción concreta. Los tiempos para que una presentación de este calibre llegue a resolverse se acercan a los tres años, según la propia OMC. “En cada una de las etapas que debe superar un caso, Argentina tiene innumerables recursos para obstaculizar y dilatar la situación”, explicaron a este diario fuentes oficiales.

En las últimas semanas se verificó una ofensiva política de los Estados Unidos, a partir de la suspensión del sistema general de preferencias (SGP) hacia la Argentina, que eliminó concesiones arancelarias para exportaciones hacia el país del norte por 477 millones de dólares. La semana pasada, Estados Unidos promovió activamente que la Unión Europea y otros doce países se sumaran a la queja informal presentada en el Consejo de Mercancías contra la administración de comercio que aplica la Argentina.

Se trata en rigor de 14 miembros que reclaman, ya que la Unión Europea tiene como representante a la Comisión Europea, y no un sillón por cada uno de los 27 países que la componen. La declaración critica a la Argentina con dureza, aunque sin datos que confirmen las supuestas “trabas”. Apunta a las licencias no automáticas de importación, las declaraciones juradas anticipadas y la intención oficial de que cada empresa mantenga en equilibrio su propia balanza comercial, compensando “1 a 1” importaciones con exportaciones.

Sin embargo, la presión política no tiene correlato directo en el ámbito de la dinámica económica. La suspensión de la preferencia arancelaria del SGP supone que empresas argentinas dejarán de recibir beneficios por sólo 18 millones de dólares. En el caso de la declaración en la OMC, la posibilidad de que tome forma en una represalia comercial es aún lejana.

En el supuesto caso de que Estados Unidos, por ejemplo, inicie una acción concreta contra la Argentina en la OMC, la primera instancia requiere agotar la posibilidad de la “solución amigable”, en la cual los países intentan negociar las diferencias a nivel bilateral. La propia OMC en su sitio web indica que estas consultas demoran unos 60 días. Terminados esos intercambios sin una solución, en la primera reunión del Organo de Solución de Diferencias, Estados Unidos debería pedir que se establezca el panel. Se requiere de un procedimiento burocrático para conformar esta especie de tribunal arbitral, proceso que Argentina podría hacer todavía más engorroso. Se deben elegir tres “especialistas” en el tema para ser los miembros del tribunal y sus reglas de funcionamiento. El tiempo necesario es de un mes, como mínimo.

Una vez conformado el tribunal, los tres expertos deben analizar el caso y las pruebas presentadas, consultar a los países para que cada uno acerque sus argumentos y realizar una audiencia oral, para elevar una recomendación al Organo de Solución de Diferencias, donde están representados todos los miembros de la OMC. Luego, el panel tiene que efectuar un informe intermedio, donde quedan plasmados los argumentos de las partes, documento que debe ser aprobado por cada una de ellas. El informe final del panel puede ser apelado por las partes, incluso sin que se haya tomado una sanción. En ese caso, el órgano de apelación analiza la presentación y recién después de ello la OMC habrá tomado una decisión firme en el caso. Esta etapa supone, según la propia entidad de monitoreo del comercio global, unos doce meses.

Por último la “implementación” de lo que sugiera el informe final demora unos tres meses. Sin embargo, existe un “plazo prudencial” de unos 15 meses para que Argentina aplique en su política comercial las correcciones que pide la OMC. Si así no lo hiciera, se necesitan unos 30 días adicionales para “habilitar” la represalia contra Argentina. Es decir que si todo ocurre según lo previsto a priori por la OMC, el proceso comercial completo contra la Argentina demoraría 34 meses, casi tres años.

La OMC, que difícilmente pretenda dejar evidencia de la lentitud de sus procedimientos, cita “el calendario de un caso práctico”. El 23 de enero de 1995 Venezuela presentó un reclamo contra Estados Unidos, que terminó de resolverse en agosto de 1997, dos años y medio después. Otro caso interesante es la queja de la Unión Europea a Brasil, por “neumáticos recauchutados”. El procedimiento comenzó en junio de 2005 y Brasil recién cumplió con la decisión final de la OMC en agosto de 2009.

Llegado el caso, Estados Unidos obtendría una autorización de la OMC para adoptar medidas para provocar a la Argentina un daño similar del que fue probado para las empresas norteamericanas. Si Estados Unidos lograra comprobar que Argentina ha afectado importaciones por 500 millones de dólares anuales, por ejemplo, podría subir aranceles para afectar exportaciones argentinas por ese monto. De todas formas, los casos en donde se llegan a tomar represalias son muy escasos, ya que en general las diferencias se terminan resolviendo antes entre las partes implicadas.