El ciclo histórico del protagonismo estatal argentino en la gestión de políticas públicas, como se sabe, fue interrumpido por la emergencia neoliberal en los años 90. Superada esta experiencia, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández adoptaron un conjunto de medidas, (algunas más, otras menos novedosas) orientadas a reconfigurar el papel del Estado en la conducción de la política económica. Facilitado en parte por la crisis económica internacional desatada en 2008, el Estado ha retornado bajo nuevos odres, como un “Estado capitalista” que gestiona la economía (especialmente en sectores estratégicos) sobre bases comerciales.

China es tal vez el ejemplo más obvio de capitalismo de Estado. Pero en buena medida también lo son naciones democráticas como Sudáfrica, India, Brasil y Noruega en el área petrolera, y Japón en los años 50. Este tipo de capitalismo requiere que el Estado sea el propietario de empresas dedicadas a la explotación de recursos vitales para la promoción sostenida del desarrollo.

Con relación al manejo de las empresas privatizadas, el kirchnerismo inicialmente optó por nacionalizar unas pocas compañías donde surgieron conflictos en torno al nivel de precios y las condiciones de mercado. Estos fueron los casos de Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas y, en menor medida, Edenor, que pasó a manos privadas locales. Una acción más decidida fue la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones.

La expropiación del 51 por ciento de Repsol-YPF es, sin dudas, la decisión más audaz al respecto tanto por el volumen de dinero que comporta la jugada como por tratarse de un recurso natural estratégico. Es menester subrayar que ningún país de porte mediano a grande en el mundo cedió, tal como lo hizo el nuestro, la explotación del petróleo casi por entero a capitales privados extranjeros.

Frente a esta nueva realidad vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las percepciones de los argentinos sobre el retorno del Estado?, ¿cuántos ciudadanos comparten, y con qué grado de intensidad, posiciones estatistas en materia económica? Una encuesta realizada a 1500 personas por el Programa de Opinión Pública de América Latina (Lapop) radicado en la Universidad de Vanderbilt y la Universidad Torcuato Di Tella indica que los argentinos aprueban fuertemente la participación activa del Estado en la economía. Para evaluar la opinión de los argentinos sobre el rol del Estado, la encuesta incluyó seis preguntas que se listan a continuación. Los encuestados debían ponderar su nivel de apoyo a cada una de las afirmaciones en una escala de 0 a 100 puntos.

El Estado debería: 1) ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país, 2) ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente, 3) ser el principal responsable de crear empleos, 4) implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres, 5) ser el principal responsable de proveer las pensiones de jubilación, 6) ser el principal responsable de proveer los servicios de salud.

Los promedios para cada una de las seis preguntas indican que los argentinos tienden a ser fuertemente estatistas en todas las dimensiones. El nivel de acuerdo con la idea de que el Estado debe ser el propietario de las empresas e industrias clave de la economía nacional es de 68,5 puntos en promedio. En los otro cinco planteos, el grado de apoyo es aún mayor, ubicándose siempre por encima de los 80 puntos. Las políticas estatales orientadas a crear empleos, garantizar el bienestar y reducir la desigualdad recibieron, en promedio, 81,6, 82,7 y 87,3 puntos respectivamente. Mientras que el apoyo promedio a la gestión estatal de los servicios de seguridad social (jubilaciones y pensiones) y salud fue de 86,2 y 87,9 puntos en la escala. El nivel de acuerdo con ideas estatistas, además, ha crecido en los últimos dos años cerca de 4 puntos en promedio. En todos los casos, el apoyo a políticas estatistas es significativamente mayor entre los entrevistados que se autoposicionan más a la izquierda del espectro ideológico, evalúan positivamente la gestión del Gobierno y de la Presidenta, perciben que la economía del país y su propia situación económica están mejor que en el pasado, residen en grandes ciudades y tienen mayor edad.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la opinión pública y las políticas públicas? ¿Qué viene primero, la opinión o las políticas? Para algunos, las demandas de políticas públicas determina la oferta de políticas. Para otros, el hecho de que los diseñadores de políticas midan y estén atentos a la opinión pública fortalece el argumento de que la agenda de políticas esté definida por el juego mutuo entre las percepciones de los ciudadanos y el poder público. Entiendo que existen indicios suficientes para sostener que el kirchnerismo ha tenido mayormente en cuenta el estado del humor social doméstico (antes que el humor internacional) y la distribución de apoyos políticos locales (antes que internacionales) a la hora de adoptar decisiones de peso. En lo concerniente al retorno del papel del Estado, además, el Gobierno ha sido capaz de ir moldeando con sus decisiones una opinión pública naturalmente dispuesta a escuchar esa música, dado el estrepitoso fracaso de las políticas neoliberales (crisis del 2001 incluida) que se supo abrigar con entusiasmo una década atrás. En este sentido, la expropiación de Repsol-YPF no es un eslabón más en una cadena de hechos aislados, sino un componente adicional de una estrategia integral orientada a revitalizar la función regulatoria y (ahora) productora del Estado argentino.

* Politólogo, Universidad Torcuato Di Tella