El Gobierno dispuso un arancel a la importación de bienes de capital del 14 por ciento para productos que provengan desde afuera del Mercosur y tengan sustituto local, y del 2 por ciento para los que no se ofrecen en el país. Además, se prorrogó hasta fin de año la vigencia del bono fiscal que reciben los fabricantes locales de bienes de capital, equivalente al 14 por ciento de su valor de producción. El anuncio fue formulado por la presidenta de la Nación, quien destacó que, en épocas de crisis, es fundamental mantener las políticas contracíclicas para proteger el empleo y la actividad industrial. La medida, informó, beneficiará a “industrias metalmecánicas, de maquinaria agrícola, de motores, de estructuras, acoplados, remolques, etcétera, pero con la contraprestación obligatoria de conservar los puestos de trabajo”.

“Esta es una reforma muy importante, porque a la vez que estamos dando un paso en favor del equilibrio fiscal, al mismo tiempo sostenemos a la industria nacional con una medida contracíclica frente a las circunstancias, no de la Argentina, sino del mundo”, señaló Cristina Fernández al hacer el anuncio. “Es una medida que ayuda a la industria nacional y beneficia a las provincias argentinas, a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde se desarrolla fundamentalmente toda la industria metalmecánica, pero son en total quince provincias” las beneficiadas.

Por su parte, el Ministerio de Industria remarcó que las empresas del sector deberán cumplir una serie de condiciones para mantener el beneficio del crédito fiscal del 14 por ciento sobre las ventas internas, comprometiéndose a mantener el plantel de personal en los niveles de diciembre de 2011, “realizar inversiones para atender una creciente demanda y fijar precios que muestren niveles de competitividad internacional”.

Los industriales del sector recibieron con indisimulada satisfacción el anuncio. La recuperación del arancel para la importación de bienes de capital, que había sido llevado a cero durante la década del ’90 por el entonces ministro Domingo Cavallo, representa un dique de contención que el bono fiscal sólo sustituía parcialmente. La extensión hasta fin de año de este último régimen busca garantizarles la transición a las empresas productoras locales, para permitirles planificar 2013 en función de los costos de competencia de un nuevo cuadro de situación. Vale subrayar que el sector fabricante de bienes de capital está compuesto mayoritariamente por empresas medianas que trabajan para grandes empresas produciéndole equipos e instalaciones “a pedido”. Es decir, suelen acordar las ventas con mucha anticipación a la entrega, trabajan con pocos pedidos a lo largo de un año y en general producen unidades “de diseño”, es decir que no se comercializan productos similares en serie en el mercado.

El arancel externo (extra Mercosur) para bienes de capital había sido bajado a cero por Cavallo bajo el argumento de alentar la inversión. En la práctica, funcionó como un mecanismo para facilitar la capitalización de los concesionarios de servicios públicos, que al ser empresas privadas no estaban obligadas a cumplir con el “compre argentino” (obligación de comprar productos de origen local cuando éstos existieran) y que a través del arancel cero no sólo se beneficiaron de no pagar el tributo, sino además le facilitó la declaración de compras al exterior por valores que nadie controlaba. Así, no sólo se sospecha que podrían estar sobrefacturando compras para justificar obligaciones de inversión que incumplían, podían inflar costos para minimizar utilidades y, por ende, el impuesto a las ganancias, e incluso usar el sobreprecio como mecanismo de fuga de divisas. “El precio de un bien de capital a medida es prácticamente imposible de controlar”, suele señalarse respecto de este sector.

La vigencia de estas medidas desde la década del ’90 contrasta con los cuestionamientos que el país recibe de parte de la Unión Europea, y en algunos casos de Estados Unidos, por un supuesto incremento de las políticas proteccionistas por encima de las normas internacionales (OMC). En realidad, las medidas de administración del comercio y de corrección de políticas arancelarias representan una adecuación y actualización tras décadas de apertura irracional y ausencia del Estado en sus funciones específicas. La implementación de los nuevos aranceles para la importación de bienes de capital es un paso más en ese mismo sentido.