La planificación fiscal les permite a los grandes grupos económicos locales y multinacionales estructurar sus negocios para abusar de las zonas grises que deja la legislación. A diferencia de la evasión de impuestos, la elusión fiscal y el uso de paraísos fiscales les permite a las compañías reducir el pago de tributos de un modo aparentemente legal aunque fraudulento y esconder sus negocios. Este año el Gobierno dio de baja convenios tributarios con Chile y Suiza que permitían llevar adelante una planificación fiscal nociva. Entre las compañías y empresarios que abusaron de distintos privilegios fiscales figuran la tabacalera Massalin Particulares, Molinos Río de la Plata, firma del grupo Pérez Companc, directivos y accionistas de Aluar, Banco Patagonia, Banco Macro y Arcor, así como las principales mineras y cerealeras del país. Un informe elaborado por Cancillería, Economía y AFIP al que tuvo acceso Página/12 estimó que el costo para el fisco de esos abusos superó los 250 millones de pesos el año pasado mediante abusos del acuerdo con el país vecino y alrededor de 100 millones de pesos a partir del uso del paraíso fiscal europeo. El trabajo del equipo económico también condujo a la finalización de otro tratado con España, detallado por este diario el domingo.

El 16 de enero el Gobierno dio de baja la aplicación provisoria de un acuerdo fiscal firmado con la Confederación Suiza y el 29 de junio concluyó otro convenio con Chile. Esas decisiones fueron el resultado de un conjunto de investigaciones elaboradas a lo largo del año pasado por la Comisión evaluadora y revisora de convenios para evitar la doble imposición, que integran los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, y encabeza la AFIP. Los acuerdos, según demuestran los documentos oficiales, ofrecían diferentes elementos para eludir de forma fraudulenta distintas obligaciones tributarias a partir de la mudanza de las empresas a Suiza, la triangulación de exportaciones con el paraíso fiscal, la canalización de inversiones del exterior a través de Chile, la reestructuración de sus negocios para que incorporen un eslabón en el país trasandino y la compra de bonos y títulos públicos chilenos.

Chile

El convenio para evitar la doble tributación que se dio de baja con Chile fue suscripto en 1976 y habilitaba tres tipos de fraudes. El primero de esos casos tiene como protagonista a un amplio listado de empresarios y hasta ex funcionarios, en el segundo mecanismo figuran firmas como la minera Barrick Gold y General Motors entre sus principales beneficiarios, y el último instrumento abusivo cuenta con la participación estelar de Molinos Río de la Plata. Según fuentes oficiales, el equipo económico argentino realizó propuestas para subsanar todos los abusos, sobre los cuales AFIP ya comenzó el proceso formal para reclamar el pago de los impuestos adeudados, pero las autoridades chilenas rechazaron los cambios.

n Desde Viena hasta Santiago. La tenencia de bonos chilenos en manos de contribuyentes argentinos se multiplicó por siete desde 2007. El creciente deseo por ciertos títulos públicos y privados del país vecino no responde a un comportamiento de vuelo hacia la calidad en medio de la crisis, ni de una inversión altamente rentable sino de un mecanismo para evitar el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina y Chile. Según establece el acuerdo, ese impuesto no se aplica a argentinos con inversiones en títulos chilenos porque la potestad tributaria para hacerlo corresponde a Chile, que no grava esas tenencias.

Pero Chile recién despertó el interés de los inversores argentinos cuando el Gobierno dio de baja un acuerdo fiscal con Austria que posibilitaba la misma maniobra. En 2007, las tenencias de bonos y acciones austríacas en manos de argentinos trepaba hasta los 12.100 millones de pesos y las chilenas eran solamente de 638 millones de pesos. La reversión del acuerdo con Austria generó una fuga masiva de inversores hacia Chile. En total, buscaron refugio en el país vecino inversiones por una cifra cercana a los 5000 millones de pesos. Así, las tenencias declaradas en Chile llegaron a 5500 millones de pesos duplicando las que quedaban en Austria. Entre los inversores que se ahorraron de pagarle 70 millones de pesos al fisco figuran ejecutivos de Aluar, la productora de harina Morixe, Mercado Libre, accionistas del Banco Macro, Banco Patagonia y Pepsico.

• Canalizar. La baja del convenio también puso fin a un mecanismo habilitado por el gobierno de Eduardo Duhalde un mes antes de abandonar su cargo en 2003. Mediante una modificación al acuerdo original se otorgó un beneficio adicional a los accionistas chilenos propietarios de sociedades argentinas eximiéndolos de pagar Bienes Personales en Argentina. Se trata de un beneficio que también figuraba en los convenios desmontados con Suiza y España. El mecanismo considerado planificación fiscal nociva fue utilizado por un conjunto de grandes empresas del exterior presentes en Argentina que canalizan sus inversiones a través de una sociedad “holding” radicada en Chile. Según el listado elaborado por AFIP, Economía y Cancillería, entre las firmas que generaron un costo al Estado de 101 millones de pesos al año se destacan la minera Barrick Gold, la automotriz General Motors, la multinacional Procter & Gamble, que produce shampú, desodorantes, afeitadoras y baterías, Coca-Cola y Distrilec firma propietaria de Edesur, entre otras.

• Plataforma. Este mecanismo es utilizado por argentinos que estructuran sus negocios en el exterior mediante una “sociedad de plataforma” de Chile. La planificación fiscal les permite eludir el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al pago de rentas derivadas de dividendos, venta de acciones e intereses así como Bienes Personales por sus tenencias accionarias en ambos países. El caso emblemático, realizado por Molinos Río de la Plata del grupo Pérez Companc, representó un costo fiscal de 140 millones de pesos durante los últimos 5 años.

Confederación Suiza

El convenio para evitar la doble tributación con Suiza fue suscripto en 1997 pero los efectos impositivos nocivos que generaba al imposibilitar gravar ciertas rentas y patrimonios en Argentina, llevaron a que su aplicación sea provisoria hasta su reciente conclusión. No obstante, el instrumento permitió varias maniobras fraudulentas.

• Regalías humeantes. La letra del convenio establecía la imposición compartida por ambos Estados, Argentina y Suiza, sobre los pagos que un residente de uno de esos países realice en concepto de regalías –el pago que hacen las subsidiarias de empresas multinacionales por el uso y explotación de derechos de autor, patentes, marcas o know-how– a un residente del otro. Al mismo tiempo el acuerdo posibilitaba que cuando las autoridades fiscales helvéticas decidían no someter al pago del impuesto a esas regalías, Argentina tampoco podía hacerlo. Por ese tratamiento especial el Estado dejó de recaudar 80 millones de pesos en 2009, 75 millones en 2010 y 55 millones el año pasado.

Entre las operaciones analizadas por AFIP, Economía y Cancillería se destacan las emprendidas por Massalin Particulares, la subsidiaria de la tabacalera norteamericana que produce y comercializa las marcas Philip Morris y Marlboro. Para eludir el impuesto correspondiente, la multinacional cambió el destino de sus regalías. En lugar de continuar girando los fondos a su casa matriz en Estados Unidos, como hacía antes de la aplicación provisoria del convenio con el país europeo, la firma decidió empezar a pagar la regalía a una empresa vinculada: Philip Morris Products de Suiza. Con un simple cambio administrativo la multinacional logró evitar pagar los impuestos correspondientes al pago de regalías.

• Triangular. La opacidad fiscal suiza derivada del régimen de acciones al portador vigente en ese país, la ausencia de intercambio de información, la facilidad que presenta su régimen cambiario y la baja carga fiscal, habilitan el uso de ese país como plataforma para la triangulación de exportaciones realizadas por las principales cerealeras, mineras, petroleras y aceiteras de Argentina.

El documento oficial al que accedió Página/12 explica que la maniobra de triangulación desarrollada por los grandes grupos concentrados exportadores implica facturar los bienes a un destino, pero enviar la mercadería a otro utilizando para eso intermediarios sin sustancia económica que no agregaban valor –llamados traders– radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación. El objetivo de esa operación abusiva es atribuir parte de la renta a un intermediario mediante la concertación artificial de operaciones para reducir la carga impositiva en Argentina.

La investigación encabezada por AFIP verificó una diferencia sustancial entre el destino de facturación de los bienes, el destino físico de esos productos y el origen del flujo financiero de las cobranzas. En 2009, de los 4330 millones de dólares en operaciones de exportación a Suiza solamente llegaron al paraíso fiscal europeo mercaderías por 1520 millones de dólares. El 60 por ciento de esas operaciones correspondió a multinacionales cerealeras, 14 por ciento a las grandes mineras instaladas en el país y el 12 por ciento a firmas petroleras. La desaparición del acuerdo de doble tributación dificultará esas operaciones.