La Organización Mundial del Comercio (OMC) confirmó ayer la presentación del gobierno argentino contra la Unión Europea, a raíz de las restricciones impuestas por España a las importaciones de biodiésel. “Argentina ha notificado a la OMC una petición de consultas con la UE sobre las restricciones españolas a las importaciones de biodiésel de Argentina”, indicó la organización dirigida por Pascal Lamy. Si bien el reclamo es contra España, la Unión Europea representa sus intereses en la OMC. “La UE toma nota de la decisión de Argentina de solicitar consultas ante la OMC sobre la orden ministerial española del 20 de abril del 2012”, dijo ayer John Clancy, portavoz de Comercio de la UE. “Nos comprometeremos en buena fe en las consultas, que esperamos sean fructíferas. Estamos en contacto estrecho con las autoridades españolas y argentinas acerca de la materia”, agregó.

La disputa surgió luego de que el bloque europeo reclamara contra la Argentina por las restricciones que aplica a las licencias de importación. Es además un reflejo del deterioro de las relaciones comerciales luego de que Argentina tomó el control en abril de la petrolera YPF nacionalizando la participación que poseía la española Repsol en la empresa.

Al “solicitar consultas” ante la OMC, Argentina le está dando a España 60 días para que demuestre que sus normativas no son injustas. Si el país sigue insatisfecho tras ese período, puede pedirle a la OMC que fije un panel de adjudicación que podría forzar a España a modificar su legislación si se considera que viola las normas del organismo de comercio.

Argentina afirma que las normas, introducidas en abril, bloquean completamente sus exportaciones de biodiésel a España. Previamente dijo que las reglas eran “proteccionistas” y advirtió que le costarían 1000 millones de dólares al año por ingresos que dejaría de percibir por sus exportaciones.

Las normas españolas son parte de la Directiva de Energía Renovable que está siendo implementada en los 27 Estados miembro de la UE. La legislación busca impulsar el uso de biocombustibles –en línea con los objetivos nacionales– e incrementar la seguridad de los suministros energéticos. La Cancillería argentina informó en un comunicado que las normas españolas eran un intento por evitar que los países en desarrollo ganen más control en las cadenas de valor globales y que evolucionen más allá de su rol como proveedores de materias primas.