“Deben elegir entre la ideología y el pragmatismo”, exhortó José María Ranero Díaz, responsable para la Argentina de Repsol YPF, apuntando en tono imperativo al próximo gobierno de Néstor Kirchner y a su futuro equipo económico, que conducirá Roberto Lavagna. El “consejo” lo impartió ante el vicepresidente electo, Daniel Scioli, y el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Federico Poli, durante un desayuno organizado por la Cámara Española de Comercio. Los empresarios ibéricos no disimularon su contrariedad por la renuencia de Néstor Kirchner a reunirse con ellos y dejaron traslucir su inquietud por la política económica que aplicará.
Miguel Angel Gutiérrez, presidente local de Telefónica, resaltó como algo digno de encomio que la Argentina tiene hoy mejor tecnología de comunicaciones que la propia España. “Porque ustedes cometieron un error”, le respondió sin embargo Poli, según relataron testigos a Página/12. La presunta equivocación habría consistido en confundir a la Argentina con California, decidiendo inversiones excesivas, que sólo podían justificarse en la medida en que perduraran los distorsionados precios relativos de la convertibilidad. Vale decir, tarifas insosteniblemente elevadas en dólares. El riesgo de una devaluación del peso no podía ser ignorado por los inversores.
Según el representante de Economía en el encuentro, que duró menos de una hora, los argentinos ya no pueden pagar tarifas en dólares (y menos en euros) que repaguen aquellas sobreinversiones. “Olvídense de las tarifas de los años ‘90. Veamos cuál es el nivel que puede afrontar hoy esta economía”, recomendaron los funcionarios. Aunque rechazando estos criterios, los españoles parecían aceptar resignadamente la continuidad de este enfoque, después de haberse ilusionado con un retorno del menemismo que ya ese lunes 12, cuando se sirvió el compartido tentempié, era un sueño imposible de las privatizadas y del establishment en general.
Donde hubo más coincidencia fue en el reclamo de que el nuevo gobierno encuentre la manera de acabar con la judicialización de sus medidas, alusión clara a los fallos que una y otra vez suspendieron los ajustes tarifarios. “Hagan algo con este tema”, reclamaron los hispanos. Y sus interlocutores estuvieron de acuerdo en que debe evitarse que cualquier juez de cualquier distrito pueda revertir una decisión del gobierno nacional.
El malestar de los empresarios también se dirigió contra las asociaciones de consumidores, que interponen recursos ante los tribunales para frenar a las privatizadas. En este caso, las empresas demandan que sean desprovistas de esa posibilidad las asociaciones que carecen de representatividad. Es posible que este pedido sea satisfecho mediante un proyecto de ley que interprete restrictivamente la disposición constitucional.