A días de que la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, abandone su puesto, su cartera dio a conocer un diagnóstico del Sistema de Seguridad Social y las líneas de trabajo sugeridas para reformularlo. La propuesta está contenida en una compilación de estudios que el ministerio tituló como El libro blanco del sistema previsional y postula suprimir la actual división entre el régimen estatal y privado, bajo la consigna de ampliar el alcance, beneficiando con una prestación adicional a quienes hoy no tienen ese beneficio.
El punto de partida para bosquejar una nueva propuesta fue un diagnóstico del sistema previsional argentino que formularon técnicos de la Organización Internacional del Trabajo objetando la escasa cobertura del sistema: haberes magros y mucha gente excluida.
El secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, suscribe ese análisis con un dato histórico: hace unas décadas el 70 por ciento de los trabajadores argentinos estaba amparado en el sistema, contra sólo el 40 por ciento del actual. Otra de las patas flojas del régimen previsional es el costo del sistema de capitalización que, a juicio del funcionario saliente, “no se puede controlar”.
La pauta sugerida por la cartera a cargo de Graciela Camaño, sin embargo, es “no afectar el negocio de nadie”, es decir, de las AFJP. A partir de esta consideración, el aporte al régimen de capitalización coexistiría con las contribuciones al régimen de reparto y el haber definitivo a cobrar resultaría de ese mix.
Ningún aportante tendría una opción diferente y no habría división entre beneficiarios del régimen estatal y del de capitalización, sino que todos lo serían simultáneamente de ambos. También sus aportes, aunque en función de nuevas reglas, se dividirían entre la caja estatal y la privada.
Al Estado se destinarán los aportes básicos y complementarios. El resto irá al sistema de capitalización, administración en la que también podrían incluirse otras organizaciones “con o sin fines de lucro”, amén de las actuales AFJP. Este remozado sistema supondrá restituir los aportes patronales al 16 por ciento y también cambiar el criterio de cobro de comisiones por parte de los administradores de las cuentas individuales. Actualmente esta remuneración es un porcentaje sobre el sueldo.
La otra gran innovación es que se prevé una prestación asistencial para aquella gente que no pudo completar los treinta años de aportes o que nunca pudo contribuir al sistema. Ese subsidio será costeado exclusivamente con recursos tributarios y alcanzará el 70 por ciento del haber de la jubilación mínima del régimen contributivo. La edad para acceder al beneficio sería mayor y éste resultará incompatible con cualquier otra renta o ingreso.
La edad mínima de retiro es de 60 años, pero la definitiva está condicionada a los años de aportes que haya hecho el beneficiario. El haber está ligado a lo que cada uno haya acumulado en su cuenta, con lo cual las jubilaciones seguirán teniendo montos diferentes y obviamente ligados a los salarios percibidos durante la actividad: no existen topes en los aportes y el haber se calcula en base a ellos.