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Producción: Tomás Lukin

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¿Bendición o maldición?

Por Andrés Asiain *

Los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz no paran de subir y han superado incluso los máximos niveles que registraran en 2007-2008, aquellos que desataron el conflicto por las retenciones móviles. Muchos analistas económicos hacen propio el viejo dicho de “una buena cosecha y nos salvamos” y pronostican que la combinación de altos rindes y buenos precios que se espera para el año entrante permite despejar el panorama de la economía nacional. No es para menos, se calcula que las exportaciones del rubro podrían generar 5000 millones de dólares extra. Si bien una parte considerable del excedente del sector agropecuario se vuelca a la compra de dólares, las recientes restricciones en el mercado de cambio permiten esperar que las mayores exportaciones de granos y oleaginosas alivien la situación del sector externo y permitan financiar las importaciones de insumos y maquinarias necesarios para el despegue de la actividad económica.

Pero si en el plano externo los altos precios de los alimentos suenan a una bendición, en el plano interno pueden generar grandes inconvenientes. Un informe reciente de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche muestra que el incremento en el precio interno de los alimentos registrado entre 2006 y 2012, se explica en gran medida por el alza internacional de la cotizaciones de los granos y oleaginosas de exportación. La utilización del trigo y maíz como materia prima para la producción de fideos, harinas, polenta, engorde de pollos, entre otros, hace que parte de la inflación externa se traslade a la mesa de los argentinos.

Adicionalmente, el alza de la soja también afecta el precio de los alimentos pese a que pocos argentinos incluyan en su dieta a la oleaginosa. Es que el yuyo verde compite con las demás producciones por el uso de la tierra cultivable, incrementando los costos de los arriendos que se mueven al compás de su cotización internacional. El valor de la hectárea en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires se multiplicó por tres en los últimos 6 años, alcanzando los 10.000 dólares promedio para julio de 2012.

Otro efecto indirecto del auge sojero es el desplazamiento de los cultivos de verduras, hortalizas y frutas de la periferia de las ciudades, con el consiguiente encarecimiento de los costos de producción y transporte. El desarrollo de numerosos emprendimientos inmobiliarios de amplias extensiones destinados a sectores de altos ingresos ha sido alimentado por el excedente del agro, desplazando a los quinteros que tradicionalmente ocupaban ese espacio.

El alza del precio de los alimentos afecta especialmente a los sectores más humildes de la población. El gobierno nacional ha venido paliando esa situación a través del incremento de las jubilaciones, las asignaciones, los planes sociales y los sueldos de estatales. Todo ello implica gastos financieros que reducen el aporte real de recursos del sector agropecuario al Estado. Por otro lado, los mayores precios de los alimentos inducen pedidos de incrementos salariales que aumentan los costos laborales de las empresas y que son transferidos a precios por sus empresarios. Ello reduce la competitividad de la industria, especialmente la pequeña y mediana, y obliga a una serie de medidas administrativas de restricción de importaciones para evitar que sean desplazadas por la competencia externa. El sostenimiento de un proyecto de reindustrialización con inclusión social, descansa en gran medida en la posibilidad de lograr mantener un suministro de alimentos para el mercado interno a precios bajos. Ello requiere una fuerte intervención estatal en el sector agropecuario que se imponga a la lógica de avance de la soja que hoy determina el mercado mundial. El ejemplo de Brasil, tantas veces traído a cuento por los intelectuales de la derecha, puede ser útil en este caso. Pese a su creciente producción de oleaginosas, el país vecino logró sostener un espacio de pequeños agricultores familiares que hoy suministran cerca del 70 por ciento de los alimentos que consumen los brasileños. Su presidenta acaba de anunciar créditos cercanos a los 9000 millones de dólares para el desarrollo de ese sector.

En Argentina, aún sobreviven en los márgenes de la frontera agropecuaria un amplio sector de pequeños campesinos. Una fuerte política estatal de apoyo al desarrollo de ese sector podría ser una fuente de abastecimiento de alimentos para los sectores populares. De paso, se estimula la configuración de un nuevo actor social que pueda enfrentar el conservadurismo político que emana de las organizaciones que conforman la Mesa de Enlace.

* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.

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Entusiasmo puesto en duda

Por Valeria Arza y Anabel Marin *

El Ministerio de Agricultura aprobó recientemente la liberación comercial de una nueva soja transgénica denominada “Intacta RR2 Pro”. El anuncio fue recibido con entusiasmo por diversos sectores políticos y económicos del país y nos preguntamos si esa reacción es justificada. Repasemos los hechos. En 1996 Argentina aprobó el primer cultivo transgénico, la “soja RR” tolerante al herbicida glifosato y lo hizo casi al mismo tiempo que la innovación apareciera por primera vez en Estados Unidos. La soja RR se difundió en un paquete tecnológico junto a un conjunto de insumos y prácticas, como el uso del glifosato, la siembra directa y la mecanización, lo cual potenció sus rendimientos aumentando sensiblemente tanto la productividad agropecuaria como el área destinada a este cultivo: la producción de soja en 2009-2010 representaba casi el 56 por ciento del total de la producción agrícola del país.

Existen discusiones en algunos ámbitos académicos y de movimientos sociales acerca de las consecuencias negativas de la difusión del paquete sobre el medio ambiente, la salud de quienes viven en zonas donde se fumiga con glifosato, el empleo y la pequeña producción agrícola, la concentración económica, la diversidad productiva y la seguridad alimentaria del país, entre otras, y cabe preguntarse cómo esta nueva variedad, más potente que la anterior, afectará todas estas dimensiones. Creemos que el diseño de la agenda pública en materia de política agropecuaria debe fomentar y contemplar un debate amplio acerca de las distintas maneras de practicar agricultura y cuál es la más adecuada para nuestra sociedad.

En este artículo, sin embargo, nos concentraremos en discutir los hechos que generan entusiasmo a la luz de lo acontecido con la soja RR para preguntarnos si pueden esperarse efectos similares con esta nueva variedad que llega 16 años más tarde que la primera innovación.

La soja RR se difundió muy ampliamente y con mayor velocidad que en otras latitudes, en parte debido a que el gen que le confiere la tolerancia al herbicida quedó en libre disponibilidad para ser usado por quien así lo deseara porque Monsanto, quien detenta internacionalmente la propiedad intelectual de dicho gen (y también del glifosato), no patentó la tecnología en el país en los plazos que establece la ley. Este hecho abarató sensiblemente el precio de la semilla, generando aumentos notables en la rentabilidad agrícola y en la recaudación impositiva asociada. Además, dinamizó la industria local de semillas impulsando el surgimiento de una gran variedad genética de semillas de soja, con diferentes características agronómicas, todas ellas ofreciendo la misma tolerancia al glifosato. Algunos ejemplos de este buen desempeño local son: Don Mario, Nidera, Bioceres, Buke, etc.

La situación cambió sustancialmente ahora. En esta oportunidad, la soja “Intacta RR2 Pro” llega a la Argentina luego de que Monsanto perdiera varias batallas, nacionales e internacionales, libradas contra el gobierno nacional desde el año 2004, cuando la empresa inició reclamos de regalías sobre la tecnología de soja RR –en ese momento casi el 100 por ciento de la superficie cultivada de soja era con soja transgénica–. Sin embargo, para el lanzamiento de la nueva tecnología, Monsanto consiguió imponer como condición no sólo el compromiso oficial de defender sus intereses frente al de los productores –CFK en un discurso público se comprometió a garantizar el respeto por las patentes, siendo que ahora sí Monsanto tiene la tecnología patentada en el país– sino también el compromiso establecido en acuerdos privados con la industria semillera por medio del cual, para acceder a la nueva tecnología, se le exigirá al productor agropecuario que renuncie a los derechos de guardar semillas para la próxima siembra que le confiere la Ley Nacional de Semillas. Es decir, existen garantías públicas y privadas para que la mayor rentabilidad asociada a la nueva tecnología no sea apropiada por el productor agropecuario de la misma forma que en el pasado y por tanto tampoco las arcas públicas se verán beneficiadas de la misma manera. Asimismo, también con esto limita la posibilidad de utilizar el gen en futuras mejoras genéticas que pueda realizar la industria semillera local en el cultivo. En suma, con semillas más caras y protegidas no cabría esperar las mismas virtudes económicas (rentabilidad del sector agropecuario, recaudación fiscal y derrames tecnológicos en la industria de semillas local) que se asocian a la difusión de la soja RR. Resta por ver entonces si el entusiasmo actual es justificado.

* Investigadoras de Conicet y Cenit.