La operación apriete del FMI al nuevo gobierno, que como anticipó Página/12 venía desplegándose hasta ahora de manera reservada, ayer tomó estado público. El vocero del Fondo Monetario Internacional, Thomas Dawson, declaró que el directorio de la entidad no aprobará las revisiones del acuerdo suscripto en enero hasta tanto la administración Duhalde o la que le seguirá, la de Kirchner, no vete la nueva prórroga, por 90 días, de las ejecuciones hipotecarias dispuesta por el Congreso. En el equipo económico le sugerirán al presidente mantener la suspensión para el caso de las viviendas únicas y levantarla para el resto de las ejecuciones. Pero saben que después el Fondo vendrá por más, incluyendo dos temas prioritarios en la agenda del presidente electo: aumento de las tarifas de servicios públicos y el decreto para la compensación a los bancos por la pesificación.
El vocero del FMI ofreció ayer una conferencia de prensa en Washington en la que habló, y mucho, de Argentina. Todas sus declaraciones apuntaron a marcar la agenda del nuevo gobierno; aunque fueran matizadas, como es costumbre en Washington, con palmaditas de aliento en la espalda.
Dawson dijo que todavía no había fecha para que el directorio apruebe la evaluación del acuerdo firmado en enero, que efectuó recientemente una misión del Fondo. “No tengo fecha para una posible acción del directorio al respecto”, aseguró. Luego, explicó por qué el organismo vuelve a ponerse duro.
“Un tema particular que creo es bien sabido que nos ha preocupado es la reciente aprobación legislativa de la extensión por 90 días de las ejecuciones hipotecarias. Esperamos tener noticias de las autoridades sobre cuáles serán sus próximos pasos en esta área”, advirtió.
El funcionario también contó que éste “fue un tema que se discutió cuando la misión estuvo en Buenos Aires y es un asunto que aún no está resuelto”. Es decir, que el Fondo ya le había anticipado a Roberto Lavagna que no habría consentimiento a las metas hasta tanto no se atendiera a ese reclamo de los banqueros.
Hace poco más de tres semanas, cuando concluyó la misión fondomonetarista en Buenos Aires, el ministro se negó a revelar los pormenores de la visita, con el argumento de que no quería enrarecer el panorama político, dada la cercanía de las elecciones del 27 abril. En cambio, aseguró que habían sido aprobadas todas las metas fiscales y monetarias incluidas en la carta de intención. Y prometió difundir la evaluación completa del organismo pasadas las elecciones. Sin embargo, hasta ayer Lavagna había tratado de mantener en reserva las presiones del Fondo, para que éstas no condicionaran públicamente al presidente electo.
La objeción realizada por el FMI se refiere al artículo 30 del “Memorándum de Políticas Económicas” firmado en enero. Allí el gobierno de Duhalde se comprometió a que “durante el período del programa no se aprobará ninguna ley u otro instrumento jurídico que permita una suspensión involuntaria del derecho de los acreedores”, como ser una prórroga de las ejecuciones.
El texto comenzaba haciendo una evaluación de los pasos seguidos por el gobierno sobre la situación de los deudores bancarios. “La disposición de la Ley de Emergencia de febrero que suspendía ciertas acciones de ejecución de acreedores fue modificada y prorrogada por 90 días en agosto de 2002. Dicha disposición quedó sin efecto en noviembre de 2002, luego la Asociación de Bancos anunció otra prórroga voluntaria hasta febrero de 2003”, recordaba. Luego insistía con que “al finalizar la prórroga voluntaria, el Gobierno asegurará que no se tomen otras medidas no voluntarias que limiten el cumplimiento de los derechos de los acreedores y que la totalidad de las disposiciones de la Ley de Quiebras se mantengan vigentes”.
Ayer, en el equipo económico evaluaban levantar la suspensión amplia de ejecuciones hipotecarias que votó el Congreso, y mantener la prórroga exclusivamente para el caso de las hipotecas de viviendas únicas. El mecanismo podría ser un veto parcial presidencial o un acuerdo voluntario con los bancos (ver aparte).
Las exigencias del Fondo no terminarán ahí. “En el área estructural algunas medidas han sido aplazadas. Estamos en contactos con las actuales autoridades y esperamos estar en contacto con el nuevo gobierno para escuchar sus plazos para avanzar con estas acciones”, avisó también Dawson. Concretamente, en los últimos días, los burócratas del organismo adelantaron a Lavagna que la agenda del presidente electo deberá incluir rápidamente dos temas clave para el establishment. Por un lado, la compensación a los bancos por decreto, y no por ley del Congreso, como quiere el ministro. Por el otro, el postergado ajuste de las tarifas de servicios públicos.
Pero para que el apriete no suene tan grosero, Dawson también esbozó alguna que otra frase de aliento. “Vemos recientes desarrollos económicos como muy alentadores. Esperamos trabajar con el nuevo gobierno que tiene un número de caras familiares con las cuales hemos desarrollado una buena relación”, sostuvo, diplomático, en el fondo.