La agencia de riesgo Moody’s calificó ayer como un “default” la decisión del gobierno de la provincia de Chaco de cancelar en pesos un bono nominado en dólares y aseguró que esa situación refuerza la visión negativa sobre los títulos argentinos emitidos en moneda extranjera, tanto públicos como privados. “Las restricciones cambiarias y el creciente intervencionismo del Gobierno le otorgan una valoración negativa a toda la deuda argentina a pagar en moneda extranjera”, dice el informe difundido ayer por la compañía estadounidense, que suele cuestionar en duros términos la política económica oficial por no ajustarse a los preceptos que fija el establishment financiero. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, negó el domingo haber incurrido en un default. “Los bonos fueron pagados en pesos, cumpliendo normativas del Banco Central en virtud de la regulación cambiaria”, sostuvo.

El 17 de septiembre, Moody’s pasó de “estable” a “negativa” la perspectiva de la deuda argentina, lo cual significa que podría bajar la nota en el mediano plazo. Las razones esgrimidas en ese momento fueron la estatización sin indemnización de la petrolera YPF, las trabas a las importaciones, la calidad y verosimilitud de las estadísticas difundidas por el Indec y la falta de resolución de la deuda en default con el Club de París. En lugar de evaluar la capacidad de repago de la deuda, difícil de cuestionar luego de la cancelación del Boden 2012 en dólares, del bajo porcentaje que representa con relación al producto y del compromiso oficial de pagar con reservas los próximos vencimientos (sólo este año ya se pagaron 7832 millones de dólares con reservas), lo que hizo la calificadora fue elaborar un informe que en esencia constituyó una crítica a la política económica heterodoxa llevada adelante por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

A esos cuestionamientos, ahora les sumó el supuesto impacto negativo que genera en los mercados la decisión de pagar en pesos al tipo de cambio oficial un bono nominado en dólares y emitido bajo legislación local, como el de Chaco. La preocupación es porque esa decisión marca un precedente para casos similares, ya sea de títulos públicos u obligaciones negociables emitidas por empresas privadas. “Estos acontecimientos reflejan el entorno político cada vez más impredecible de la Argentina y sus preocupaciones acerca de la sostenibilidad a largo plazo del marco económico actual”, remarcó Moody’s.

La calificadora da a entender que el riesgo de la deuda argentina es cada vez más elevado por la política económica que lleva adelante el Gobierno, pero omite decir que el kirchnerismo pagó todos los vencimientos de deuda desde 2003 en un contexto de fuerte crecimiento que permitió reducir su incidencia con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública bruta equivalía al 42 por ciento del PIB (en 2001 era del 166 por ciento), la deuda con acreedores privados tocaba el 13,5 por ciento del PIB (contra el 124) y la deuda con esos mismos acreedores en moneda extranjera representaba el 9,6 por ciento del Producto (contra el 92). Luego del pago del Boden 2012, los compromisos en moneda extranjera con privados cayeron al 8,4 por ciento del PIB. Este mismo indicador que mide la deuda en relación con el PIB fue utilizado por la titular del FMI, Christine Lagarde, la semana pasada para advertir sobre las dificultades que tienen los países desarrollados, donde el endeudamiento promedio equivale al 110 por ciento del PIB.

La calificadora Moody’s en ningún momento menciona esos datos y se limita a cuestionar al Gobierno sin medir la capacidad de repago de la deuda. Algo similar hizo en Estados Unidos y Europa antes de 2007, pero en sentido inverso. En ese entonces puso las mejores calificaciones a productos financieros de alto riesgo estructurados con hipotecas subprime y sus derivados, sin medir adecuadamente los riesgos. Cuando todo estalló por el aire, sus principales directivos tuvieron que ir a dar explicaciones ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera creada por el gobierno y el Senado estadounidenses. Allí, tres analistas de Moody’s admitieron haber sido presionados por la gerencia para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son quienes pagaban por los servicios de esa agencia, pues las calificadoras desde hace varias décadas no sólo asesoran a los inversores sino también a los emisores de deuda. Tal vez si el gobierno argentino hubiese decidido contratar a Moody’s, el informe de ayer habría sido diferente.

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