La Corte Suprema en pleno recibió ayer al titular de la Anses, Diego Bossio, para escuchar su versión sobre las consecuencias de extender los beneficios de los fallos Badaro y Eliff –de ese tribunal– a todos los jubilados en igual condición. El funcionario sostuvo que si la Corte decide generalizar esas sentencias, lo cual alcanzaría a cerca de 1,2 millón de jubilados, el Estado debería afrontar gastos millonarios, que pondrían al sistema previsional en situación de insolvencia. Versiones periodísticas indicaron ayer por la tarde que Bossio había dicho que la Anses no tiene dinero para afrontar los juicios en marcha –257.415–, pero fuentes oficiales negaron tajantemente que fuera cierto y ratificaron que las sentencias que surjan de tribunales sí se pagarán. “Lo que no hay son recursos para generalizar Badaro y Eliff a más de un millón de personas”, aclararon.

El máximo tribunal tiene que resolver una demanda del defensor del Pueblo de la Nación que pide extender a ese 1,2 millón de jubilados los fallos Badaro y Eliff. El primero fija una actualización de haberes del 88,6 por ciento para quienes ganaban más de 1000 pesos en el período 2002-2006. El segundo establece una nueva base de cálculo para la determinación del haber inicial. La Defensoría planteó una acción de clase para que ese universo no tenga que litigar individualmente –más de 200 mil de aquellos 257 mil jubilados que ya están haciendo juicio reclaman que se les pague Badaro o Eliff– y acceda a esos beneficios de manera automática.

Bossio advirtió que si la Corte toma esa resolución, el organismo deberá afrontar un flujo de gastos anual de 21.642 millones de pesos por Badaro y 33.659 millones por Eliff. Eso dejaría al sistema de reparto en situación de insolvencia, indicó. Además, los retroactivos por aplicar el fallo Badaro a todos aquellos que estaban en igual condición que ese jubilado entre 2002 y 2006 costaría alrededor de 60.000 millones de pesos. La Anses pagará jubilaciones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares por un total de 170.462 millones de pesos este año, y según Bossio, terminará con sus cuentas equilibradas.

El jefe de la Anses les dijo a los ministros de la Corte que desde 2003 el Gobierno tuvo que asignar prioridades, y que en ese momento los recursos alcanzaban para aumentar más intensamente las jubilaciones mínimas, mientras que las de aquellos que ganaban más de 1000 pesos quedaron para una segunda etapa. “Primero tuvimos que recomponer la situación de quienes menos ganaban, después se amplió la cobertura previsional a 2,5 millones de personas –vía moratorias– y finalmente se aprobó una ley de movilidad universal que ya dio aumentos de 172 por ciento para todos en tres años. No se puede negar la historia previa”, que había dejado al sistema previsional en la ruina, planteó el funcionario.

Fuentes judiciales reconocieron que Bossio había sido contundente en la presentación de las cifras y que logró demostrar las dificultades que tendría el Estado si se generalizaran Badaro y Eliff. Sin embargo, también indicaron que “el problema es en qué gasta la plata la Anses”, sugiriendo que no debería afrontar el costo de las pensiones no contributivas y de la Asignación Universal por Hijo, que deberían ser pagadas por el Tesoro, y eso liberaría recursos para los jubilados. También deslizaron que podría utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cumplir con los fallos Badaro y Eliff, aunque ese fondo tiene 227 mil millones de pesos, es un reaseguro a futuro y si se va consumiendo con nuevos gastos, en pocos años se perderá ese respaldo.

Las posiciones en la Corte son disímiles. Al menos tres ministros se muestran más receptivos a la posición del gobierno nacional, dos son bastante críticos y otros dos “hacen equilibrio”. Una salida elegante para el máximo tribunal sería rechazar atribuciones al defensor del Pueblo para plantear una acción de clase por este tema, lo cual evitaría extender los fallos Badaro y Eliff sin pagar “el costo político”. Ya existe un dictamen de la Procuración que recomienda esa vía, y además advierte por el riesgo institucional de poner en déficit estructural a la Anses.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo que los argumentos de Bossio se parecen a los de Domingo Cavallo en los ’90. Desde la Anses retrucaron que la diferencia es que Cavallo mantuvo las jubilaciones congeladas doce años y las bajó 13 por ciento, mientras el kirchnerismo aumentó la mínima de 150 a 1879 pesos, les dio cobertura a 2,5 millones de personas y aprobó una ley de movilidad que arrojó fuertes aumentos.