El Congreso de la Nación aprobó ayer un proyecto de resolución en la que declara de “gravedad institucional” el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que “pretende obligar” a la Argentina a pagar 1300 millones de dólares a los fondos buitre que se negaron a ingresar en los dos canjes propuestos por el Gobierno a los tenedores de bonos de la deuda externa. Además “autoriza” a los presidentes de ambas Cámaras legislativas a interponer ante la Corte Suprema de Justicia “una acción declarativa de certeza”, para que el máximo tribunal disponga que los fondos buitre “no reciban mejores condiciones” que los términos del canje de 2010. En esa oportunidad se completó la reestructuración de la deuda con el 93 por ciento de los bonistas. El radicalismo habilitó el debate sobre tablas en el Senado y en Diputados, pero votó en contra de la medida –aunque una discusión en la Cámara Baja puso en peligro la sesión acordada–, lo mismo que el FAP se abstuvo, mientras que el Peronismo Federal y el macrismo coincidieron en cerrarle, sin suerte, el camino al debate de la iniciativa oficialista.

El oficialismo, a través de Agustín Rossi, reivindicó la política de desendeudamiento y sostuvo que la renegociación por el canje de deuda “fue y es claramente un éxito”, con el 93 por ciento de adhesión de los bonistas y con la “quita más importante en el mundo” sobre el valor nominal de la deuda. Rossi insistió en que fue una “negociación con muchísima autonomía e independencia, sin comprometer la situación de los argentinos”. Luego agregó que la acción de los fondos buitre con la Fragata Libertad y el fallo de Griesa “merecen la condena y el repudio en términos políticos” del Congreso que aprobó los canjes de deuda de 2005 y 2010. “No nos vamos a llevar unanimidad, pero sí un pronunciamiento”, se lamentó por la falta de acompañamiento opositor.

La resolución se aprobó con 129 votos a favor, 65 en contra y 22 abstenciones. El grueso de la oposición rechazó en bloque la propuesta oficialista, salvo el FAP, que se inclinó por la abstención y pidió junto a Proyecto Sur una auditoría sobre la deuda externa para “definir qué es legítimo y qué no”. También dividieron postura entre los bloques que aportaron con su voto a los dos tercios de los legisladores necesarios para habilitar el debate (UCR, FAP y CC) y quienes lo negaron (PRO y el disidente Frente Peronista).

En el Senado, el proyecto consiguió 41 adhesiones (del oficialismo y sus aliados), 19 rechazos (UCR y PJ disidente) y la abstención de los cuatro senadores del FAP. El jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, insistió en el compromiso de los tres poderes del Estado para acompañar la política de desendeudamiento. “No puede haber un marco de privilegio en un proceso de consolidación de deuda”, sostuvo.

“El fallo es desmesurado y muy peligroso para el país”, dijo el radical mendocino Ernesto Sanz, que criticó el accionar del Gobierno frente al conflicto económico. El jefe de la bancada del peronismo disidente, Adolfo Rodríguez Saá, se quejó de que el Gobierno aceptara la jurisdicción de la Justicia de Nueva York (igual que Londres y Tokio) en la negociación con los tenedores de bonos.