La decisión de la Cámara de Apelaciones que suspendió el fallo del juez Thomas Griesa abre una instancia para que el Gobierno gestione el cierre del capítulo de los fondos buitre. En ese diagnóstico coincidieron los especialistas consultados por Página/12. Ramiro Castiñeira, de Econométrica, destacó que si Argentina lograra que todos los holdouts acepten las condiciones financieras del último canje, pasaría de tener que pagar 11.200 millones de dólares, según se desprendía de la extensión a todos los casos del último fallo de Griesa, a deber 4200 millones más. Con el fondo NML, la obligación bajaría de 1330 a 450 millones de dólares. Por su parte, el economista Arnaldo Bocco contó que “en los últimos días muchos especuladores apostaron contra la Argentina a través de los Credit Default Swaps, pensando que la Cámara le iba a dar la razón a Griesa”. Ellos no cobrarán, al menos por ahora.

“Es una muy buena noticia, le da a la Argentina un tiempo que hasta hace unos días parecía que no existía. Esto significa que, por ejemplo, el eventual encarecimiento del crédito para el sector privado argentino, en particular vinculado a la prefinanciación de exportaciones, probablemente no ocurra, y que las condiciones mejoren, lo que se reflejará mañana (por hoy) en la cotización de los títulos públicos”, señaló Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica. Al analizar el revés a Griesa, señaló que “hay un reconocimiento tácito de que el fallo de Griesa era insólito, que iba en contra de los procesos de reestructuración de deuda y premiaba a aquellos que querían entorpecer el proceso de salida de una economía del default”. “La Cámara pretendía que Griesa dijera que Argentina debía pagar a los fondos buitre en las mismas condiciones que a los bonistas que entraron al canje. Pero Griesa salió con cualquier cosa. El Gobierno ahora tiene la posibilidad de ofrecerles a los holdouts lo mismo que a los que entraron en el canje de 2010. Hay una oportunidad para cerrar esta historia”, completó.

De cara a los posibles cursos de acción de aquí en adelante, Castiñeira, de Econométrica, afirmó que “se abre una oportunidad para que Argentina les ofrezca a los buitres las mismas condiciones que aceptaron el 93 por ciento de los acreedores. El proceso de desendeudamiento consolidado en los canjes de 2005 y 2010 permitió que la economía nacional creciera. Esos canjes fueron beneficiosos para la Argentina, y eso tiene que ser puesto sobre la mesa del juez”. Castiñeira recomendó que el Gobierno reabra el canje con la misma mecánica de 2005 y 2010. “Que traigan los bonos en default y se les den nuevos bonos”, indicó.

Arnaldo Bocco planteó que hasta fines de febrero, cuando se levanta la suspensión de la Cámara (ver aparte), se abre un espacio de negociación que el Gobierno debe aprovechar. “La Cámara dijo que el tema se declara en suspenso hasta el 27 de febrero. Lo bajó a Griesa, pero con mucha diplomacia. No lo liquida, sino que lo ningunea. Entiendo que esta decisión da lugar a que las partes acuerden una salida a través de la negociación, la Cámara abrió ese espacio. Argentina tiene que terminar con esto, los fondos buitre no pueden ser obstáculo. Hay varios caminos que se pueden tomar evitando la salida boba de ir y pagarles directamente, como muchos piden”, dijo. Por su parte, Tullio Zembo, representante de los pequeños y medianos bonistas italianos que ingresaron al canje de 2010, se mostró satisfecho. “Argentina debe reabrir el canje pero después ir por mucho más. A través de la Unasur, impulsar una modificación de las finanzas internacionales. Esto no puede volver a sucederles a otros países ni bonistas”, señaló.

Con una postura algo diferente, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Fernando de la Rúa Daniel Marx consideró que “no hay que pensar en una negociación con los holdouts, no tiene sentido porque ellos están en una posición extrema”. “Hay que pensar cómo lograr que la Cámara le dé la razón a la Argentina. El pari passu en realidad implica que no debe haber acreedores con derecho a cobrar más que otros, es un principio básico de cualquier reestructuración de deuda. Los holdouts deben cobrar en las mismas condiciones que los bonistas del canje”, dijo.