Luego de la sanción de la ley de hábitat en la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Daniel Scioli manifestaron que no habrá veto a la norma, pero que la “reglamentación será muy estricta”, para evitar cualquier malinterpretación o cuestionamientos vinculados con la propiedad privada. Quien intentó llevar algo de calma fue Alberto Pérez, jefe de Gabinete bonaerense. “No-

sotros coincidimos con el espíritu general de la ley, pero tenemos que ser muy taxativos en que se cuide la propiedad privada y que no se afecten derechos adquiridos”, aseveró el funcionario. Por su parte, el diputado Francisco de Narváez indicó que le pedirá a Scioli el veto “inmediato” de la norma.

La Ley de Acceso Justo al Hábitat obliga a nuevos y grandes emprendimientos inmobiliarios de más de cinco mil metros cuadrados –como clubes de campo, barrios cerrados o cementerios privados– a ceder el 10 por ciento de sus tierras para la construcción de viviendas sociales u otorgar su equivalente monetario. Los efectos de este proyecto no tendrán aplicación retroactiva y todo lo recaudado será destinado a un fideicomiso que tiene como objetivo la construcción de vivienda social.

“El espíritu de la ley es crear tierras sociales, pero a esto se le debe sumar en forma paralela el respeto a la propiedad privada y los derechos adquiridos”, aclaró Pérez. Por su parte, el senador nacional del FAP Jaime Linares (Buenos Aires) sostuvo que el interbloque apoyaba la normativa. “No confundimos propiedad privada con intereses. Esta ley es un avance para que las gestiones municipales dispongan de nuevas herramientas para solucionar problemas de hábitat. Hace dos años, Scioli declaró la emergencia habitacional y no ha habido resultados concretos. Tal vez con esta ley empiecen a resolverse los problemas”, expresó Linares.

El proyecto obtuvo la media sanción de Diputados el pasado 19 de octubre, y un mes y medio después logró su sanción definitiva. En la Cámara baja, el proyecto fue votado por todas las bancadas, menos el bloque de De Narváez (Unión Celeste y Blanco). Para el ex aliado de Macri, esta norma “avasalla la propiedad privada” y “busca profundizar las divisiones entre los argentinos”.

Para el empresario Eduardo Costantini, presidente de Nordelta, la medida frenará los desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, aclaró: “Yo estoy de acuerdo con la ley en el sentido de crear un fondo y tener la sensibilidad de promover los programas de viviendas sociales, porque aún hay un déficit de vivienda”.

Según los fundamentos del proyecto, todavía hay 850 mil familias con problemas habitacionales. “El proyecto actualizará la normativa provincial, incorporando los principios de inclusión social y de sustentabilidad urbana”, explicó la gobernación desde los fundamentos del proyecto.

En este sentido, la iniciativa amplía las posibilidades de acceso al suelo de los sectores populares y medios. Otro aspecto relevante es que podrá mejorar la oferta de viviendas. Por eso dentro de la ley se incluyen también instrumentos como la creación de sistemas de microcréditos para mejoras de viviendas, regularización de villas y asentamientos o la conformación del consorcio social para la urbanización. Como tercer elemento clave, la ley contempla un aumento del 50 por ciento del impuesto Inmobiliario Urbano a los lotes baldíos, con lo cual el gobierno estima que se podrán recaudar más de 120 millones de pesos anuales.

Otro aspecto relevante del proyecto está vinculado con el plan Pro.Cre.Ar, la iniciativa del gobierno nacional para facilitar el acceso a la vivienda. Según el texto aprobado, la norma habilita a la provincia a que “se incluyan los inmuebles fiscales aptos para uso social y colectivo, para facilitar tierra fiscal a ese programa de créditos hipotecarios”.