El gobierno de Ghana advirtió ayer que analizará en detalle la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que el sábado dictaminó que ese país africano debe liberar la Fragata Libertad “inmediatamente y sin condiciones”. La embarcación se encuentra retenida desde el 2 de octubre por un embargo librado por el fondo buitre NML. En tanto, voceros del fondo de inversión descalificaron el fallo al considerar que “sólo los tribunales ghaneses tienen jurisdicción sobre esta disputa”.

En declaraciones que dio a conocer ayer la agencia de noticias AFP, el viceministro de Relaciones Exteriores ghanés, Chris Kpodo, expresó que “el gobierno de Ghana considerará minuciosamente la orden del tribunal con miras a asegurarse que se le dé curso, teniendo en cuenta los requerimientos de la Constitución y las obligaciones internacionales del país”.

En el gobierno argentino dan por hecho que la embarcación será liberada antes del 22 de diciembre, como ordenó el Tribunal del Mar, pues hasta el representante de Ghana en el tribunal votó a favor de esa decisión. Incluso aseguran que la fragata estará de regreso en Buenos Aires el 9 de enero. “Una vez más cumplimos, vuelve la fragata: El Tribunal Internacional del Mar falló por unanimidad a nuestro favor”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el sábado en su cuenta de Twitter. Además, la mandataria confirmó que este miércoles partirá un vuelo charter con la tripulación necesaria para el regreso de la fragata al país.

El fondo buitre NML, del financista estadounidense Paul Singer, relativizó, por su parte, la resolución anunciada el sábado. “Es completamente inapropiado que el Tribunal Internacional de Derechos del Mar intente interferir con los procesos del Poder Judicial en Ghana. Sólo los tribunales ghaneses tienen jurisdicción sobre esta disputa, y es ahí donde este tema ha sido y continuará siendo dirimido”, afirmaron fuentes de la firma. Este fondo, radicado en las islas Caimán, reclama unos 370 millones de dólares a Argentina, tras negarse a aceptar las reestructuraciones de la deuda pública impulsadas en 2005 y 2010. Los bonos los adquirió cuando ya estaban en default, pues su negocio consiste en comprarlos a precio de liquidación y luego reclamar el valor nominal de la obligación.