La decisión de anular la cesión del predio de 12 hectáreas en Palermo, concretada en el año 1991 a favor de la Sociedad Rural, tomó en cuenta las irregularidades detectadas por la investigación penal a cargo del juez Sergio Torres, sin dejar de lado la desnaturalización del uso inicial del predio como resultado de las subadquisiciones y asociaciones de explotación posteriores. Uno de los capítulos de estas últimas quedó escrito por el megaproyecto que intentó impulsar la firma de origen norteamericano, con domicilio en la guarida fiscal de Delaware, Ogden Argentina. Asociada a la Sociedad Rural Argentina en la UTE La Rural de Palermo SA, gestionó y obtuvo del Banco de la Provincia de Buenos Aires en 1998 un crédito por 106 millones de dólares, sin garantía real ni cumplir los requisitos de la Carta Orgánica para “tipos especiales” de crédito como el aludido. La historia y los detalles de la forma en que se “armó” la carpeta del crédito, se “infló” el cálculo de la inversión y se consiguió en tiempo record que el directorio del banco encabezado por Carlos Sánchez (cavallista, surgido de la Fundación Mediterránea), bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, aprobara y otorgara el respaldo financiero a Ogden y La Rural, quedaron reflejados en la denuncia que por entonces presentara el diputado provincial Horacio Piemonte y que aquí se repasa.

Ogden Argentina se vinculó con la Sociedad Rural (SRA) para la explotación del predio de Palermo después de la deserción del grupo Moneta. En 1995 se formó una unión transitoria de empresas (UTE) por partes iguales entre Ogden y La Rural de Palermo SA (esta última, creada por SRA), a la que la entidad de cabañeros le cedió el usufructo del predio. A partir de allí empezó a tomar forma el megaemprendimiento comercial que lograría el financiamiento del Banco Provincia, aunque nunca llegó a concretarse.

Para poder llevar adelante el proyecto, la UTE debía conseguir una reforma del Código de Planeamiento Urbano, ya que el predio estaba clasificado como “espacio verde”. Al momento de gestionar el crédito, alrededor de julio de 1998, esa habilitación no había sido conseguida. Sin embargo, el 9 de septiembre del mismo año, en tiempo record, el directorio del Banco Provincia aprobó el crédito por 106 millones de dólares a favor de la UTE Ogden-Sociedad Rural, pagadero en 9 años y 6 meses, con 2 años de gracia y una tasa de interés muy favorable para el tomador del préstamo: 9,9688 por ciento (la vigente para préstamos en dólares para firmas de primera línea oscilaba, entonces, en torno del 14 por ciento, y en condiciones menos ventajosas).

El proyecto a financiar comprendía 20 salas de cine con capacidad para 4500 butacas, una sala para proyección de cine tridimensional para 500 espectadores, sala de bowling con 16 pistas profesionales, locales, restaurantes y patio de comidas. La inversión total se estimaba en 173,5 millones de dólares. Es decir que el préstamo debía cubrir el 62 por ciento, una proporción inusualmente alta, más aun en el área de entretenimientos, cuya recuperación económica es considerada en términos de análisis financiero como de alto riesgo.

Además, el directorio del banco debió haber justificado por qué otorgaba un crédito que, en ese momento, constituía el segundo en importancia a una entidad privada (el primero era Coviares, concesionaria de varias rutas en la provincia, por 161 millones de dólares; el tercero y el cuarto eran para Sevel SA e YPF SA, con asiento en El Palomar y en Ensenada, respectivamente) cuya actividad iba a desarrollarse fuera de la provincia y no era “de interés para el desarrollo de la economía provincial”, como exigía la Carta Orgánica del Banco en su artículo 33 para el otorgamiento de “tipos especiales de crédito”, como el comentado. Pero eso no era todo.

Sobre la cifra de la inversión presentada por las autoridades de Ogden Argentina al Banco, en representación de la UTE, el por entonces diputado provincial Horacio Piemonte hizo, en un informe presentado a la Legislatura provincial, las siguientes observaciones respecto de rubros que se computan como “inversión”:

- 30 millones de dólares que la Sociedad Rural debió pagar por la cesión del predio al Estado nacional en 1991. La cesión del “usufructo” no le significaba desembolso alguno a la UTE.

- 5,1 millones de dólares en concepto de “contingencias” dentro del rubro Honorarios y gastos diversos, “otras contingencias” en el rubro Construcciones por 3,3 millones y otros 600 mil dólares por el mismo concepto en Consultores. Hacen un total de 9 millones de dólares en previsiones por imponderables.

- 9,8 millones de dólares por gastos bancarios, que incluyen los intereses a pagar al Banco Provincia por el crédito solicitado.

- 24,7 millones que se estima se pagarán por IVA en gastos de inversión, pese a que la obligación de pago podía prorrogarse y compensarse con los compromisos impositivos de los primeros cinco años de operación. Es decir, antes que venza el crédito.

La suma de estos rubros que, visiblemente, “inflaban” la inversión presentada, es de 73,5 millones de dólares. Aun considerando parte de las contingencias como válidas, la cifra de la inversión “real” no llegaría a los 106 millones de dólares solicitados.

No obstante, sin habilitación municipal para las obras, con un deficiente e inflado cálculo de costos, en una proporción sobre la inversión inusualmente alta, sin cumplir los requisitos de riesgo crediticio, sin garantía real y con un importante subsidio sobre la tasa, el préstamo fue aprobado por el Directorio nombrado por Duhalde, encabezado por un cavallista e integrado por un director de la Sociedad Rural (Juan Anchorena), que no se excusó ni fue cuestionado. La UTE cobró el crédito, pero la obra sólo llegó al pozo, que permaneció en ese estado durante años. Tiempo después, Ogden Corporation presentó convocatoria de acreedores en Estados Unidos y salió de escena. Ahí apareció Francisco de Narváez en el papel principal, iniciando otro capítulo de la misma tragedia.