La Sociedad Rural reiteró que esta semana acudirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación del decreto 2552, que declaró la nulidad de la venta del predio ferial de Palermo. “Vamos a pelear esto porque es un atropello a la propiedad privada, a los derechos adquiridos. Hemos cumplido con creces los cargos de la venta, y por eso nos sentimos con la firmeza de poder reclamar esto y llegar a buen puerto”, aseveró ayer el presidente de La Rural, Luis Miguel Etchevehere. Además, el empresario confirmó el cese de comercialización de carne anunciado para el miércoles y adelantó que la protesta podría extenderse a otros rubros del campo. Hasta el momento, La Rural logró el respaldo de entidades del sector agrario, pero no pudo lograr que las cámaras de la industria, la banca, la construcción y el comercio se solidaricen con la entidad.

Etchevehere insistió con que la medida del Gobierno fue “una venganza contra el campo por la 125”, en alusión a la resolución que buscaba fijar retenciones móviles a la soja y otros cereales, y que ante las protestas del sector no fue aprobada en el Congreso en 2008. “Es una venganza contra el campo, una revancha por la 125 porque el campo ganó en la calle, ganó en el Congreso, en las elecciones, entonces el Gobierno viene ahora y dice ahora me voy a vengar”, sostuvo en declaraciones radiales. Señaló que “ya están trabajando los abogados para presentarse a la Justicia en estos días; ya el viernes hicieron algún trámite”. Adelantó que la presentación judicial buscará que “este decreto directamente no se aplique”.

Consultado acerca de cómo continuará el conflicto, subrayó: “Sigue en la Justicia, que es el lugar natural donde se debería haber dirimido esta cuestión, si es que el Estado tenía algo que opinar después de una venta hecha por el propio Estado nacional hace más de veinte años”. Etchevehere dijo que esa venta, realizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo en 1991, se fundamentó en una ley que “es la de legítimo ocupante”. “Esa ley decía que todas aquellas asociaciones que estuvieran ocupando un bien del Estado para desarrollar su actividad podían comprar ese bien para poder seguir desarrollándola; era el caso de la SRA, que desde 1875 venía ocupando ese predio para poder hacer exposiciones rurales”, explicó.

Cuestionó que el Gobierno pretenda “anular una venta a todas luces legítima, basándose en argumentos falaces”. El ruralista recalcó que “si cree el Gobierno que con esto nos van a acallar no nos conocen, están equivocados”. Al respecto, remarcó que “a pesar de estos ataques vamos a seguir diciendo lo que decimos con fundamentos, porque hay cosas muy serias para resolver en el campo”. “Vamos a seguir desde la tribuna oficial de Palermo o desde arriba de un cajón de manzanas, vamos a seguir diciendo nuestras cosas, con respeto pero con fundamentos también”, agregó.

A diferencia de lo que sostienen desde La Rural, en el Gobierno afirman que la entidad se había comprometido a pagar oportunamente 30 millones de dólares –en un primer pago en efectivo y diez cuotas anuales de dos millones cada una–, pese a que la propiedad tenía un valor de 63,6 millones de dólares, según certificó el Tribunal de Tasación de la Nación. Además, dejó trascender que La Rural aún mantiene una deuda de 157 millones de pesos con intereses. Para anular la cesión se basó en un falló del juez Sergio Torres y en un dictamen de la Procuración Nacional del Tesoro elaborado en 2010.

Los ruralistas reconocen que hay deudas impagas, pero igual objetan la decisión del Gobierno y además de ir a la Justicia convocaron a un cese de comercialización de carne para el miércoles próximo. “El paro va a ser contundente. De ahí en más (estaremos) atentos a cualquier otra medida que pueda surgir en la medida en que el Gobierno continúe con los ataques (contra el sector)”, sostuvo Etchevehere. Cuando le preguntaron puntualmente sobre la posibilidad de extender la protesta, afirmó: “Sin duda. Ya hay propuestas para extenderla a otros rubros, que estamos analizando”, dijo sin mayores precisiones. La Rural logró adhesiones entre las entidades vinculadas al campo, pero no tuvo éxito en las gestiones que realizó con otros sectores. La industria, la banca, la construcción y el comercio prefirieron mantenerse al margen del conflicto.