La Sociedad Rural Argentina asegura que el Gobierno le puso fecha para dejar el predio de exposiciones y eventos de doce hectáreas del barrio de Palermo. Así lo aseguró ayer por la mañana el presidente de la entidad, Luis Etchevehere, al afirmar: “Nos intiman a que en treinta días dejemos el predio”, de acuerdo con una carta documento que dijo haber recibido horas antes. El sucesor de Hugo Biolcati rechazó una vez más los términos de la declaración de nulidad de la cesión del predio, que la Sociedad Rural recibió de manos de Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1991. De igual modo, dijo que el procesamiento judicial de los funcionarios de entonces y de las autoridades de la entidad agroempresaria no es un argumento válido para decidir la recuperación del predio para el Estado. “Hay varias personas que estamos procesadas, y ese procesamiento fue apelado y aún no está firme la resolución. No terminó la etapa de instrucción y ni siquiera está empezado el juicio oral”, explicó Etchevehere.

La Sociedad Rural se instaló en el predio de Palermo hacia 1875, pero sólo 116 años después un gobierno nacional tomó la decisión de cederle la posesión del mismo. Y a “un precio vil”, según fue calificado en el expediente que investiga las irregularidades y responsabilidades por aquella operación de 1991. El precio que se dispuso para la transacción fue de 30 millones de pesos (o dólares, para la época), a pagar en cómodas cuotas. Tan cómodas que se fueron prolongando en el tiempo y jamás llegaron a cancelarse en su totalidad, pese a los 21 años transcurridos desde entonces.

La valuación real difiere según las fuentes; el tribunal que investiga el hecho, encabezado por el juez Sergio Torres, la estimó en torno de los 60 millones, por lo cual el predio habría sido transferido a la mitad de su valor. Otros cálculos privados, tomando en cuenta la valuación inmobiliaria de la zona, hablan de 250 a 300 millones de pesos o dólares de la época, mientras que la que manejan las asociaciones de vecinos, teniendo en cuenta que el predio iba a destinarse a un gran emprendimiento comercial y centro de diversiones, la eleva por encima de los 900 millones. Por este último cálculo, la propiedad habría sido cedida a la trigésima parte (1/30) de su valor real.

“El precio fue establecido en su momento a partir de tres tasaciones”, se excusó ayer Etchevehere. “Se nos impuso conservar y restaurar los edificios históricos y construir un moderno centro de exposiciones, cargas que fueron cumplidas”, agregó. Sin embargo, esa imposición, que fue acompañada por la explicación de que la Sociedad Rural era “una asociación sin fines de lucro”, para justificar las condiciones inusualmente ventajosas para el comprador, fue rápidamente burlada no bien se concretó la transferencia.

La entidad formó de inmediato una empresa comercial, La Rural de Palermo SA, a través de la cual se asoció con capitales privados para explotar comercialmente el predio, encarar megaemprendimientos y apuntar a otros fines que estaban estrictamente vedados por la codificación del predio como “espacio verde”. El proyecto que se propuso en los ’90 fue la construcción de un shopping de tres pisos, la instalación de 18 cines con 4500 butacas, restaurantes, un teatro y hasta un estadio deportivo cubierto para 7000 espectadores. En 1998, con Ogden Corp. como socio, se obtuvo un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia, cuando Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense.

De la obra, sólo se hizo un enorme pozo, y no pudo avanzar más por la presión y resistencia de los vecinos, que se negaban a ver crecer la inmensa mole sobre lo que, en los planos municipales, seguía siendo una extensión del Parque Tres de Febrero. Ogden terminó retirándose del emprendimiento y, en su lugar, tomó la posta el Grupo De Narváez, encabezado por el actual diputado nacional de Unión por Todos. Dispuesto a llevar adelante el megaemprendimiento, convocó a la desarrolladora CreUrban, vinculada con el Grupo Macri. Pero tampoco pudo. Tanto Ogden como De Narváez aparecían vinculados con La Rural de Palermo SA a través de una UTE (unión transitoria de empresas) en la que siempre la entidad agroempresaria mantenía el 50 por ciento de participación en el emprendimiento.

La resistencia política de los vecinos, que logró frenar el megaemprendimiento que burlaba el Código de Planeamiento y los mecanismos legales para la venta de un patrimonio del Estado, ahora tiene su continuidad en la decisión estatal de recuperar el predio. La Sociedad Rural anticipó que resistirá la medida, considerándola una “decisión confiscatoria y anticonstitucional”. Las tres entidades socias en la Mesa de Enlace acompañaron su defensa de una propiedad que legalmente no está claro que le pertenezca.

Ayer, el Movimiento Nacional Campesino Indígena saludó la recuperación del predio de Palermo, que “pasó a manos de la Sociedad Rural bajo mecanismos de corrupción y presión, como tantas de las propiedades rurales que hoy están en manos de las firmas y familias que componen la Mesa de Enlace”, sostuvo. Y condenó “la reacción de entidades como Federación Agraria, que se autodenominan progresistas, y en actos oportunistas pregonan la reforma agraria pero luego, en la práctica, se posicionan junto a la Sociedad Rural cuando el Estado expropia”.