En el Boletín Oficial se publicó ayer que todas las jurisdicciones del sector público deberán solicitar una autorización de la Secretaría de Política Económica, a cargo de Axel Kicillof, a la hora de contratar obras u ordenar compras de bienes de uso que superen los 50 millones de pesos. Así se dispuso en la Decisión Administrativa 1/2013, que es la correspondiente a la distribución de las distintas partidas del Presupuesto Nacional. Esta no es una medida arbitraria sino que se basa en los artículos 8 y 11 de la ley 24.354 (Sistema Nacional de Inversiones Públicas), sancionada en julio de 1994 y de una resolución reglamentaria de marzo del año pasado.

“Las jurisdicciones y entidades de la administración nacional no podrán contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la Secretaría de Política Económica, en caso de corresponder, por aplicación de lo establecido en la ley 24.354 para nuevos proyectos de inversión o adquisiciones de bienes de uso”, puede leerse en el artículo 16 de la Decisión Administrativa 1/2013.

La ley 24.354 establece que “el plan nacional de inversiones públicas se integrará con los proyectos de inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, normas y metodologías establecidas por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas... El Poder Ejecutivo nacional facultará a la Secretaría de Programación Económica (actual Secretaría de Política Económica), para fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el plan nacional de inversión pública”.

Justamente fue la resolución 28 de la cartera que conduce Kicillof la que estableció el año pasado que el monto máximo permitido para realizar contrataciones sin autorización de su cartera es de 50 millones de pesos. Este monto generalmente corresponde al uno por mil del presupuesto anual de inversión pública. Además de la distribución de las partidas del Presupuesto 2013, la decisión administrativa publicada ayer establece que luego de 15 días corridos de la finalización de cada trimestre, cada jurisdicción deberá informar “la ejecución física correspondiente, detallando claramente las acciones y los logros realizados en ese período, y disponer correcciones técnicas correspondientes a modificaciones presupuestarias y cuotas de gastos aprobadas”.