Germán Kammerath, quien ocupó la Secretaría de Comunicaciones en los años finales de la gestión Menem, fue acusado de fraude en perjuicio de la administración pública y por faltar a los deberes de funcionario público en virtud de una resolución suya que respaldó una controvertida pretensión de Correo Argentino. La causa le fue iniciada en 1999, pero Kammerath fue sobreseído en cuatro oportunidades, dos por Adolfo Bagnasco, una por Rodolfo Canicoba Corral y, la última, por Jorge Urso. Pero otras tantas apelaciones mantuvieron vivo el procedimiento, hasta que GK logró el sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción recurrió la medida y ahora es la Cámara Nacional de Casación Penal la que estaría a punto de tomar la decisión final. Si revoca el sobreseimiento, la causa volvería a primera instancia, aunque con perspectivas nebulosas porque toda la prueba que podía producirse ya se produjo. Pero más allá de lo que le ocurra a Kammerath, el caso atañe indirectamente a la empresa privada que opera el ex correo estatal, porque si GK obró incorrectamente al convalidar un procedimiento de Correo Argentino, se deduce que la acción de esta firma fue indebida. Y no son meros preciosismos administrativos: están en juego casi 100 millones de dólares.
La denuncia contra Kammerath, efectuada por diputados frepasistas, se originó en una resolución (18.496 del 1º de julio del ‘99) que dictó como responsable de Comunicaciones, permitiéndole a Correo Argentino SA computar como inversión cerca de 100 millones de pesos/dólares utilizados para indemnizar a más de seis mil empleados, separados mediante el arbitrio de un “retiro voluntario”. Como el consorcio formado por Franco Macri (Sideco Americana e Itron) y Banco Galicia se había comprometido a invertir no menos de 25 millones anuales, la bendición del ucedeístacavallista-delasotista Kammerath “privó al servicio de correos del equivalente a casi cuatro años de inversión genuina”, señala la Oficina Anticorrupción.
Un hecho sugestivo es que en la mencionada resolución de GK no se habla en ningún momento de indemnizaciones laborales ni de retiros voluntarios. Sólo se mencionan “inversiones en bienes intangibles”. Este detalle es interpretado por la OA como revelador de una intención de ocultar el objetivo de fondo de la medida. Posteriormente, en las diligencias judiciales, la consultora internacional Price Waterhouse-Coopers & Lybrand apoyó el criterio sostenido por Macri-Escasany-Kammerath, arguyendo que una erogación como la efectuada, si era por única vez, podía elevar el valor de la empresa y, por ende, calificarse como inversión en un bien intangible. De hecho, toda esta construcción intelectual se ve favorecida porque los ejecutores de la privatización –entre ellos el propio GK– omitieron definir por la positiva en qué cosas debía invertir el concesionario.
La OA detalla que el Pliego de Bases y Condiciones de la privatización, realizada en 1997, establece que el personal de convenio en relación de dependencia con Encotesa (la sociedad estatal traspasada) sería transferido a la concesionaria, quedando a cargo de ésta. La cuestionada resolución de Kammerath le reconoció a CASA, como inversiones en bienes intangibles, la suma de $ 126,7 millones, que incluía $ 98,8 millones que Correo Argentino declaraba como pagos de indemnizaciones. Para resolver como lo hizo, Kammerath adujo haber seguido los lineamientos de la ley nacional de Inversión Pública, pero “la Dirección Nacional de Inversión Pública –precisa la Oficina– entendió que un plan masivo de retiros voluntarios en una empresa prestadora de servicios públicos... no podía encontrarse abarcado por sus términos”.
Según explica la OA, la decisión de Kammerath le permitió a la empresa de Macri y Escasany reducir personal, aumentar sus beneficios y omitir inversiones comprometidas. No obstante, Bagnasco sobreseyó al imputado el 31 de marzo de 2000. Tras la apelación de la OA, el fallo fue revocado siete meses después, ordenándose proseguir con la investigación. Pero el 22 de febrero de 2001, Bagnasco volvió a sobreseer a Kammerath. Cuatro meses más tarde esa sentencia fue otra vez revocada, tras la apelación de la OA y la Fiscalía Federal.
Ya renunciado Bagnasco, el juez subrogante Canicoba Corral entendió que la conducta reprochada a GK era constitutiva del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, pero también que, por el tiempo transcurrido, la acción penal se encontraba prescripta. Sobrevino entonces otra apelación, sosteniendo que, al endilgarse al imputado un fraude en perjuicio de la administración pública, la acción penal no estaba prescripta. El 5 de marzo de 2002 la Cámara revió el criterio y revivió la causa. No obstante, el nuevo juez federal subrogante, Jorge Urso, sobreseyó una vez más a GK el 7 de junio del año pasado, considerando que no había cometido ilícito alguno.
El 12 de septiembre, la sala primera de la Cámara consideró, apelación mediante, que GK había efectivamente incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque no en el de fraude. En concreto, lo sobreseyó definitivamente. Ante esto, la OA presentó un recurso de casación, que estaría cerca de resolverse.
Es obvio que Kammerath, que participó en la elaboración del pliego e integró la comisión de admisión y preadjudicación del servicio de correos, conocía al dedillo las condiciones de esa privatización. Entre ellas, que el decreto 265/97, por el que se llamó a licitación, indicaba que la inversión mínima garantizada debía apuntar a repotenciar el correo, aumentando la celeridad y calidad de sus servicios. En este sentido, despedir a miles de empleados, considerándolo como una inversión, no parecía una forma de lograrlo.
El pliego establece que el Estado nacional no será responsable por las obligaciones propias del concesionario como empleador a partir del momento de la entrega de la concesión. De su texto surge claramente que cualquier obligación ulterior con los empleados, incluyendo eventuales indemnizaciones, quedaban a cargo de Correo Argentino. Aquí se plantea toda una paradoja. Si Macri hubiese prescindido de unos pocos empleados, él habría pagado las indemnizaciones. Pero como desvinculó a miles, entonces etiqueta esta cesantía masiva de “reorganización empresaria” o “mejora de la organización” y considera que el Estado –o sea el resto de la sociedad– debe hacerse cargo del costo. Kammerath respaldó este llamativo criterio.
“Lo peor del caso –subrayan los anticorrupción– es que nos hacemos cargo de dicho costo de una manera velada, indirecta, puesto que al reconocerse este rubro como inversión se priva al servicio de correos de otras inversiones necesarias.” GK llegó a sostener que la empresa ganadora del concurso había anticipado que pensaba “invertir” más de cien millones de dólares en retiros voluntarios, pero la OA lo desmiente. Como soporte de su plan comercial, Macri/Escasany afirmaban que sus inversiones tendrían por objeto diversas mejoras –de activos físicos, de tecnología, de imagen corporativa–, y entre ellas de organización y recursos humanos, aclarándose luego que invertirían en capacitación del personal, calidad de atención, adecuación organizativa y de procesos e higiene y seguridad del trabajo. “En ningún lado se menciona que se piensa invertir en despedir empleados o en planes de retiro voluntario”, refuta Anticorrupción.