Si en lugar de reestructurar su deuda externa a través de dos canjes con una importante quita, reducción de intereses y extensión de plazos, Argentina hubiera reconocido a los bonistas en default la totalidad de sus acreencias, como reclaman los fondos buitre, el stock de deuda externa sería 75 mil millones de dólares más abultado. Solamente el ahorro en el pago de intereses por el canje equivale al gasto público acumulado durante los últimos ocho años en construcción de escuelas, viviendas y la Asignación Universal por Hijo. La recuperación de independencia económica permitió realizar esa mayor inversión desde el Estado que, según estimaciones realizadas por la Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía, explica el 17 por ciento del crecimiento experimentado entre 2005 y 2012.

A pedido de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el Gobierno debe precisar una forma de pago para los fondos buitre. El panel de tres jueces ya determinó que Argentina debe pagarles a esos inversores especulativos, pero todavía no estableció cómo. El país sostiene que no puede darles un tratamiento diferenciado y más favorable que al resto de los acreedores que participaron del proceso de reestructuración de la deuda. Por eso, ofreció en noviembre, sin precisiones, tratar a los buitres en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010.

El equipo económico ya comenzó a trabajar en la oferta que será enviada el próximo 29 de marzo a la Corte. Las características de esa operación serán las mismas que puso sobre la mesa en 2010. Como sucedió en ese momento, no se reconocerán los pagos correspondientes al Cupón PIB de los años anteriores –ese bono se paga si la economía crece más de 3,26 por ciento en el año–. En el hipotético caso de que los jueces opten por esa sentencia será necesario que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso para levantar la Ley Cerrojo, que prohíbe un nuevo canje de bonos.

El proceso de reestructuración de deuda implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitres no están dispuestos a hacer. Los funcionarios no ignoran que, por su naturaleza, los buitres no ingresarían a un nuevo canje de deuda. Pero el objetivo de la estrategia legal argentina es convencer a los jueces –fundamentalmente al magistrado Daniels Barrington Parker– de que una sentencia de pago del ciento por ciento de la demanda en efectivo, donde se limite la capacidad de pago de los intermediarios como el Bank of New York, no sólo abre un sinnúmero de juicios por más de 43 mil millones de dólares de parte de los acreeedores que ingresaron al canje, sino que también pone en riesgo la plaza financiera neoyorquina y futuras reestructuraciones.

Aunque los principales buitres no participen de un hipotético tercer canje, existen fondos que litigan contra el país pero no buscan embargos interesados en la operatoria. Algunos de esos inversores tienen parte de la deuda reestructurada y adquirieron más deuda en default después de 2010. Las consultas que recibe el equipo de Economía de esos fondos sobre la posibilidad de un nuevo canje, se intensificaron en los últimos meses. En total reestructuró sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor de 11.200 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total el 8,3 por ciento se encuentra en manos de residentes estadounidenses y la mayor parte del resto está en manos de fondos buitre. En la disputa judicial que se cursa en Nueva York están en juego 1330 millones de dólares.