Por Fernando “Pino” Solanas y Félix Herrero *

La desregulación y la privatización de los años noventa –sin duda la segunda Década Infame–, lejos de ordenar la economía de los servicios públicos produjo un descontrol. Quizá las muestras más flagrantes sean el trato inhumano que sufre el pasajero del ferrocarril, el incumplimiento de las inversiones por la mayoría de las empresas concesionarias y los permanentes y abusivos aumentos tarifarios.
También lo son algunos de los resultados: los escandalosos subsidios que reciben los concesionarios de rutas y peajes; que 26 firmas privatizadas obtuvieron entre 1993 y 2000 el 57 por ciento del total de los ingresos que recibieron las 200 mayores empresas que actúan en el país, como lo demuestra Daniel Azpiazu; y que algunas empresas ferroviarias reciban por subsidios montos muy superiores a los déficit que declaraban las empresas públicas. Asimismo es escandalosa la función del Banco Mundial cuando funge de socio capitalista de Aguas Argentinas, acreedor importante de la empresa, y juez parte cuando integra el tribunal de arbitraje del litigio contra el Estado argentino.
El fracaso del modelo de privatización queda demostrado por la huida de las empresas proveedoras de aguas en varias provincias, la quiebra de distribuidoras y transportadoras eléctricas y del gas natural sin preocupar a las casas matrices del exterior (a esto se vincula la iniciativa del FMI de reformar nuestra ley en el sentido de proteger a las empresas con dificultades), la falta de inversión y el abandono de servicios públicos como el ferrocarril, el aumento sideral de las garrafas de gas licuado, y los cortes en el abastecimiento de energía eléctrica.
Sin duda, las petroleras gozaron y gozan de los mayores privilegios, entre ellos la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas de la exportación y el aumento de los combustibles. Se maltrató al usuario con las tarifas más altas del mundo con el argumento del precio del mercado internacional, como si las naftas fueran importadas. Con salarios congelados desde hace más de una década y un ajuste del tipo de cambio del 300 por ciento, producen el barril de petróleo a 4 o 5 dólares y nos lo venden a 28,50. Los aumentos aplicados desde enero del 2002 suman más del 80 por ciento.
Entes de regulación o representantes empresarios dentro del Estado: ya nadie duda de que la regulación en la Argentina sólo fue una ficción, y que la falta de control real fue su característica. La lucha entre distintos grupos empresarios logró que desde hace tiempo los entes reguladores carezcan de quórum, y tengan designaciones irregulares, ya que no cumplen las exigencias legales de concursos y duración de mandatos. Esto lleva a preguntarnos cuál es la validez de las resoluciones que se toman.
El propio Duhalde hizo evidente el fracaso de la regulación en diciembre pasado cuando condonó las tres cuartas partes de las multas impuestas a las empresas concesionarias del transporte ferroviario. A la mala práctica de condonar multas por el Poder Ejecutivo, se agrega la de “negociar” el incumplimiento o reducción de las inversiones.
La Ley Nº 25.561 de emergencia nacional exige que para renegociar las tarifas deben considerarse todas las cláusulas de las concesiones: que se tome en cuenta la situación económica de los usuarios, por lo cual no deberían modificarse las tarifas si antes no hay aumentos de los ingresos de trabajadores y jubilados. Como prometió con buen criterio el presidente Kirchner, antes de aumentar las tarifas deberá estudiarse la rentabilidad de las empresas durante la prestación del servicio, las pérdidas por la devaluación monetaria y el cumplimiento de las obras y obligaciones contractuales. Asimismo debe tenerse en cuenta el indebido aumento del 20 por ciento que tuvieron las tarifas en la década pasada por su actualización a la inflación de Estados Unidos. Fue un acto jurídico nulo donde un decreto modificaba la ley de convertibilidad que prohibía cualquier aumento de precios. El nuevo gobierno debe enfrentar la impunidad de un pasado donde la seguridad jurídica sólo funcionaba para las corporaciones. Llegó la hora de defender a millones de maltratados usuarios con el más estricto cumplimiento de la ley.

* Integrantes del Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora).