El recorrido de la economía venezolana en los últimos 14 años de liderazgo de Hugo Chávez exhibe resultados sólidos en varios frentes y débiles en otros. La reducción de la pobreza y de la desocupación, con una mejor distribución del ingreso y extensión de la cobertura de salud y alfabetización total de la población, se coloca en el lado del haber. La frágil estrategia de industrialización y de soberanía alimentaria de una economía con predominio de la renta petrolera e incapacidad administrativa de un Estado que no se termina de reconstruir son parte del debe, en un balance esquemático. Quienes rescatan los logros de la Revolución Bolivariana destacan avances sustanciales en indicadores socioeconómicos. Quienes se ubican en la oposición critican los elevados índices de inflación y la fuga de capitales como síntoma de la falta de confianza y el control de cambio, prediciendo en todo momento la inminencia del colapso, deseo frustrado una y otra vez. Los procesos económicos entendidos como parte de un proyecto político reúnen diferentes facetas, puesto que, se sabe, el paraíso no existe en el mundo terrenal de la economía. El elemento orientador para abordar una evaluación primaria en ciclos tan vitales y controversiales es en qué medida mejoraron las condiciones materiales y simbólicas de las grandes mayorías como sujetos de derechos. En ese sentido, la casi década y media de Chávez en el poder ofrece un saldo muy favorable en términos históricos para Venezuela y en comparación con otros países de la región.

La crítica conservadora más habitual señala que los avances en materia social y el crecimiento de la economía venezolana se explican por la fabulosa renta petrolera. Es así. La cuestión es observar qué se hacía antes de Chávez y qué hizo él con esa renta. La petrolera Pdvsa informa que de 1999 a 2012 el Estado tuvo un ingreso de 383.233 millones de dólares provenientes del petróleo por la mejora de los precios internacionales, el aumento de las regalías que pagan transnacionales, otros cambios impositivos y por el incremento de la participación de Pdvsa en áreas petroleras antes en manos de grandes compañías extranjeras. Semejante masa de recursos fue utilizada para saldar la inmensa deuda social. Esta es una de las claves para entender el significado profundo de la economía política.

El argumento que busca minimizar los progresos en áreas de la salud, cobertura social, educación y viviendas populares por haber sido financiados por la renta petrolera brinda precisamente elementos interpretativos sobre cómo circulan y se reparten los excedentes de una economía. La renta petrolera en Venezuela no irrumpió con Chávez. Los gobiernos anteriores también la tuvieron con mayor o menor intensidad según la evolución de la cotización internacional del crudo. En los momentos de bonanzas, ninguno de ellos aplicó esos recursos para distribuirlos hacia los grupos más vulnerables, sino que fueron apropiados por la elite empresaria y política local y por petroleras multinacionales.

Entre 1980 y 1998, la economía de Venezuela tuvo una caída del PIB por persona de 14 por ciento. “Esto representó uno de los peores rendimientos económicos en una región que, en conjunto, experimentó el peor fracaso en un siglo de su crecimiento económico a largo plazo”, explican Mark Weisbrot y Jake Johnston en “¿Es sostenible la recuperación económica de Venezuela?”. Desde 1998 la economía ha tenido un crecimiento moderado del PIB por persona, y uno mucho más alto desde la restauración de la estabilidad política y desde que el gobierno de Chávez tomó el control sobre la industria del petróleo, en 2003. Esos dos investigadores del Center for Economic and Policy Research, de Washington, destacan que si se mide desde 2004, cuando la economía alcanzó los niveles registrados antes de la recesión precipitada por el paro petrolero de 2002, el PIB por persona ha crecido a un ritmo anual promedio de 2,5 por ciento. “Este crecimiento impulsó una importante reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema, así como varios otros logros en los sectores de asistencia médica y educación como resultado de aumentos en el gasto social”, afirman Weisbrot y Johnston.

De ese modo se va definiendo la base conceptual de la política económica y la legitimidad social del liderazgo político. Precisar cuál es el destino de excedentes extraordinarios sirve para caracterizar la orientación de ciclos políticos. Esos recursos pueden ser la renta petrolera, la renta sojera o los originados de la emisión de deuda externa. Son fondos adicionales en la economía determinados por diferentes circunstancias locales o externas. El aspecto central es observar cómo circulan en el espacio económico y quiénes se los apropia.

En los noventa, los gobiernos de Carlos Menem tuvieron un importante ingreso de fondos vía endeudamiento público, elevando el stock de deuda de 65.300 millones de dólares del gobierno de Raúl Alfonsín hasta los 121.877 millones de dólares del final de su mandato. Los 56.577 millones de dólares de esa deuda incremental fueron recursos que financiaron la fuga de capitales y el consumo suntuario de sectores sociales acomodados alentado por la apertura comercial y el atraso cambiario. En cambio, sin contar con el acceso al financiamiento externo, desde la megadevaluación de 2002 y el alza de las cotizaciones internacionales de las materias primas, la renta agraria, en especial la sojera, entrega fondos extraordinarias a la economía. Parte de esos recursos son capturados con la aplicación de derechos de exportación al complejo oleaginoso y a otros granos, ingresos fiscales direccionados a desarrollar el gasto público en áreas de la obra pública y prestaciones sociales.

El discurso ortodoxo cuestiona ese tipo de utilización de la renta agropecuaria o de la petrolera. Dicen que es un despilfarro de gobiernos que hacen un mal uso de esos fondos y que en lugar de consolidar las cuentas fiscales los utilizan para financiar gastos “populistas”, como denominan satisfacer necesidades básicas de la población (salud, educación, vivienda e ingreso mínimo garantizado). Por ejemplo, en el caso argentino, la Asignación Universal por Hijo; en el gobierno de Chávez, la construcción de 347 mil viviendas populares en el bienio 2011-2012. Confunden problemas en el frente inflacionario o en el mercado cambiario por la fuga de capitales con la política de distribución de ingresos provenientes de rentas extraordinarias (petrolera o agraria). Les molestan los avances sociales fruto de una reasignación diferente de esos ingresos, que deja en evidencia, además, que las grandes mayorías pueden vivir un poco mejor desestimando las falsas promesas de bienestar futuro de las recetas conservadoras.

Las impresionantes muestras de dolor popular por la muerte de Chávez tienen explicación en que mayorías marginadas históricamente fueron reconocidas como sujetos de derechos sociales, económicos y políticos, reparación cuyo origen nace en el cambio de paradigma sobre cómo se reparte la renta petrolera. Aquí es donde aparece el punto clave del debate sobre la orientación de la economía política, pues en las críticas se refleja la incomodidad de las elites tradicionales por no poder apropiarse de la totalidad de esos fondos, y el rechazo a que hayan sido orientados en cambio a cubrir demandas sociales insatisfechas. La contrariedad aumenta en forma sustancial porque los progresos sociales financiados con rentas extraordinarias han provocado la lógica reafirmación de fuertes liderazgos políticos, aquí como en la Venezuela de Chávez.

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