Los gobiernos de la Argentina y España firmaron un nuevo convenio fiscal para evitar la doble imposición. Reemplazará al acuerdo tributario dado de baja a mediados del año pasado, ya que ofrecía a grandes empresas –como el Grupo Techint, Petrobras, Peugeot-Citroën, McCain, Nextel, Acindar, Quilmes y Monsanto– eludir el pago de impuestos. La AFIP estimó que por ese canal las multinacionales evitaron pagar alrededor de 250 millones de pesos entre 2006 y 2010. Esos abusos fueron dados a conocer por Página/12 en agosto pasado. El nuevo acuerdo también elimina tratamientos preferenciales que existían para las empresas españolas que operan en la Argentina, como Telefónica, Repsol o el banco BBVA Francés, que tenían un costo fiscal de 500 millones anuales para el país. El titular de AFIP, Ricardo Echegaray, y el embajador de España en la Argentina, Román Oyarzún, firmaron el convenio ayer. El texto debe ser aprobado por los Parlamentos de ambos países para entrar en vigencia.

El acuerdo alcanzado entre ambos países en 1994 tenía un elevado costo para el país, ya que eximía a todas las empresas españolas de pagar el impuesto sobre los Bienes Personales, equivalente al 0,5 por ciento de su patrimonio, y ofrecía un atractivo canal para la planificación fiscal nociva para compañías de otros países a través del régimen preferencial español de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). El nuevo convenio, explicó la AFIP en un comunicado, ofrece una solución para ambos problemas.

Entre las exenciones para empresas como el banco Santander Río o la alimentaria Campo Austral, que ya no estarán disponibles, y la clausura del canal de evasión fiscal ingresarán alrededor de 750 millones de pesos al año.

El uso abusivo del régimen que habilitaba el convenio para evitar la doble tributación con España no era ningún secreto sino que, por el contrario, era “promocionado” en manuales y libros especializados. A partir de una investigación realizada por la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para evitar la doble imposición compuesta por la AFIP, el Ministerio de Economía y la Cancillería, el Gobierno dio de baja el acuerdo a mediados del año pasado, junto con otros dos convenios con Chile y Suiza, que también ofrecían canales para la evasión.

Migraciones abusivas

Entre 2006 y 2010, una larga lista de grandes grupos económicos locales y multinacionales que operan en el país pasaron a ser firmas españolas. La migración masiva de compañías hacia Madrid fue un simple acto administrativo para evitar el pago del impuesto a los Bienes Personales por las tenencias accionarias y el 0,5 por ciento sobre el patrimonio de la firma.

Las empresas argentinas con accionistas extranjeros deben pagar el impuesto sobre los Bienes Personales como “responsable sustituto” de sus propietarios en el exterior: Monsanto Argentina o Bayer Argentina deben pagar ese tributo en nombre de su sociedad controlante en el extranjero. Sin embargo, para las empresas radicadas en España existía una excepción en el antiguo convenio fiscal, que establecía que los residentes del país europeo, accionistas o socios de una empresa argentina no estaban sujetos al impuesto sobre los Bienes Personales por la tenencia de esas participaciones. Para eso utilizaban las ETVE, sociedades que tienen como único objeto la tenencia y gestión de participaciones en entidades no residentes. Esas firmas ofrecen un tratamiento fiscal especial en España que exime a sus socios de la imposición de los dividendos y participaciones en beneficios de empresas extranjeras, y no deben pagar el impuesto a la renta después de la distribución de esos beneficios.

Con esa fórmula, las empresas como la multinacional francesa Danone, el supermercado estadounidense Wal Mart, las cadenas del grupo chileno Cencosud como Jumbo o Disco y la fábrica de neumáticos brasileña FATE interpusieron en su estructura de propiedad una sociedad ETVE en España para canalizar sus inversiones y operaciones en la Argentina. Así se vieron eximidos de pagar un conjunto de tributos en ambos países. En el listado de firmas que se “mudaron” a España también figura la cementera del grupo suizo Holcim, Juan Minetti, y Aceitera General Deheza, propiedad de la familia Urquía. El nuevo convenio prevé un memorando especial “antiabuso” por el cual la AFIP puede negar los beneficios de las ETVE si no demuestra que la empresa es ciento por ciento española.