La peor condena

Por Andrés Asiain *

El plan económico dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz fue una parte indispensable del proyecto político-social de la dictadura militar. Si podemos decir que el terrorismo de Estado, la prohibición de partidos políticos y sindicatos, y el marco represivo general fue indispensable para poder llevar a la práctica el programa económico de Martínez de Hoz, no es menos cierto que las consecuencias del mismo fueron indispensables para el objetivo político de la junta de comandantes: terminar con el protagonismo popular en la vida política de la República Argentina.

El ministro de la dictadura basó su política económica en dos principios rectores: apertura y achicamiento del Estado. En sus palabras, “eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado y reemplazar el sistema de economía cerrada por otro abierto”. Estos principios, que se aplicaron en distintas áreas de la economía, implicaron el traspaso de la dirección de la economía argentina desde el Estado nacional hacia las corporaciones multinacionales y las potencias que controlan y dirigen el mercado mundial.

A mediados de los setenta, el papel que el “mercado mundial” tenía para nuestra economía no era el de ser el productor de alimentos para las potencias como en los tiempos del “granero del mundo” sino el de reciclar “petrodólares”. La suba del precio del petróleo había generado enormes ingresos a los países petroleros que fueron depositados en la banca internacional, básicamente en bancos norteamericanos. La necesidad de esos bancos de colocar esos dólares en forma de créditos fue satisfecha gracias a la instauración de la dictadura argentina, junto a la de otros países hermanos de la región. No por nada, el mismo David Rockefeller, entonces director del Chase Manhattan Bank, viajó a Buenos Aires en 1978 para respaldar al ministro, por quien declaró sentir un “gran respeto y admiración”.

La deuda externa pública y privada pasó de 7875 millones de dólares en 1975 a 35.671 millones en 1981. La misma no sirvió para ampliar la capacidad productiva del país, ni para fomentar las exportaciones o la sustitución de importaciones que permitiera su posterior repago. Se utilizó para garantizar el momentáneo abaratamiento del dólar, con el consiguiente auge de consumo de productos baratos y de viajes al exterior.

La denominada “plata dulce” disimuló temporalmente las consecuencias del quiebre de gran parte de la industria nacional, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que no podían sobrevivir a la competencia externa. Los efectos nocivos de la política económica recién se harían sentir con el derrumbe de la tablita, pero para ese entonces el mal ya estaba hecho y la gestión económica se encontraba en otras manos.

Esas políticas económicas estuvieron destinadas a generar una transformación profunda de la estructura económica y social que asegurara un cambio integral en la historia nacional. En el imaginario de José Alfredo Martínez de Hoz y el sector social al que pertenecía y representaba, la industria era sinónimo de obreros organizados sindicalmente y éstos de procesos políticos que, como el peronismo, impedían el control político de la Nación por parte de la fracción social a la que el ex ministro de Economía pertenecía. De ahí que la desindustrialización generada con la apertura y el dólar barato constituyó un objetivo deliberado de la política económica de la dictadura.

Además, la deuda externa dejada como herencia por la gestión de Martínez de Hoz condicionó el posterior funcionamiento de la economía Argentina una vez recuperada la democracia. El estrangulamiento externo que generaba la pesada carga de intereses y amortizaciones de la deuda anuló la capacidad operativa del Estado forzando a una continua renegociación del crédito externo. Fue la causa del estallido del mercado de cambio y de las finanzas del Estado que condujeron a la hiperinflación, abriendo las puertas al menemismo.

Fue la causa de la instalación del Fondo Monetario Internacional, la banca extranjera y sus aliados locales como un factor de poder que dirigía, tras bambalinas, la política económica del país. Fue la causa del abandono de las políticas de desarrollo del mercado interno por un esfuerzo exportador cuyo objetivo era obtener las divisas necesarias para hacer frente a la deuda. Fue la causa de una sociedad arrasada, con su población empobrecida y desempleada.

Costó más de tres décadas empezar a revertir las consecuencias económicas, políticas y sociales de la política de Martínez de Hoz, casi el mismo tiempo que tardó la Justicia en condenarlo. Sin embargo, la mayor justicia y la peor condena para el ministro de la dictadura fue llegar a ver que el país que había arrasado volvía a florecer.

* Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.

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Una fecha con historia

Por Néstor Leone *

No murió en una fecha cualquiera José Alfredo Martínez de Hoz. El hombre que simbolizaba como pocos el carácter también cívico que tuvo la última dictadura militar y la unidad de criterios entre las diferentes facciones del empresariado argentino que acompañaron la profunda transformación regresiva de esos años falleció en la semana previa al aniversario 37º del golpe, con todo lo que eso significa para nuestra memoria histórica recuperada.

En ese sentido, 16 de marzo (la fecha exacta de su muerte, en prisión domiciliaria) tiene resonancia a prolegómenos desestabilizadores, a lock-outs patronales que funcionaron como ofrenda civil a la sedición militar todavía en las gateras, y a proclamas de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), la organización creada con el objetivo único de “apresurar” los tiempos del golpe y que tuvo a “Joe”, como lo llamaban entre los suyos, como uno de sus máximos referentes.

Pero no agota ahí sus resonancias. Ni para el país, ni para su biografía. Por ejemplo, fue 16 de marzo la fecha en que se produjo, en 1974, el triunfo de la histórica huelga obrera de Villa Constitución, conocida como el Villazo, que había logrado desplazar a la intervención de la burocracia sindical en la conducción del sindicato local y que había logrado reivindicaciones postergadas para sus trabajadores. La empresa Acindar, de la que Martínez de Hoz era su presidente, fue una de las involucradas en el conflicto. Y la que se cobraría con creces, un año más tarde, esa “impertinencia” obrera. No mucho tiempo más tarde.

El 20 de marzo de 1975, un operativo combinado de bandas paramilitares, fuerzas regulares del ejército y la policía, y matones sindicales tomó por sorpresa la ciudad, sembró el terror y golpeó duro a la resistencia obrera que se organizó tras el operativo. El desembozado revanchismo no tuvo límites. Entre ese día y el mes de junio de ese año, Villa Constitución fue tierra arrasada, sin garantías ni derechos elementales, y con un saldo de trescientas detenciones, decenas de asesinatos y varios desaparecidos. De alguna manera, la prueba piloto más avanzada del proceso represivo que se desataría con la dictadura. El objetivo oficial era bien preciso: descabezar a la “serpiente roja del Paraná”, como se llamaba entonces al movimiento sindical de la ciudad y la región. Y desbaratar la “guerrilla fabril”, como se señaló entonces en ámbitos políticos. Martínez de Hoz (y los suyos) “vengaban” así el sabor amargo que le había deparado aquel 16 de marzo del año anterior, de plaza llena, cánticos combativos y puños apretados.

La prueba más acabada de esta complicidad-coparticipación la vivieron en carne propia las víctimas de la represión que estuvieron cautivos en dependencias de Acindar. En un hecho varias veces denunciado y todavía impune: los grupos de tareas utilizaron las instalaciones del llamado “albergue de solteros” de la planta para propinar a sus detenidos todo tipo de tormentos. Era un chalet dentro del barrio en el que vivían los ingenieros y jefes de la empresa. Fue demolido poco antes del fin de la dictadura. Algunos de estos testimonios figuran en el expediente número 1770 de la Conadep.

Que la suerte de los detenidos estuvo estipulada con antelación lo confirmó Walter Klein, padre de Guillermo, el viceministro de Joe y su amigo personal, poco después, en un diálogo informal con el general retirado Alcides López Aufranc, que presenció Emilio Mignone, fundador del CELS. “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”, había dicho. Mignone lo consigna en su libro Iglesia y dictadura.

Precisamente, López Aufranc fue quien reemplazó a Martínez de Hoz una vez que éste pasó a ocupar el cargo de ministro. Había sido integrante de la primera camada de oficiales argentinos que recibió cursos insurreccionales dictados por veteranos de la sangrienta guerra colonial en Argel, entre 1955 y 1956. Con la derrota de la resistencia, completó el trabajo que había iniciado la dirección de Martínez de Hoz: la persecución dentro de la planta, el avance sobre las más elementales reivindicaciones y el miedo. Permaneció en el cargo hasta bien entrados los años noventa. Octubre de 1992, más precisamente.

* Sociólogo y periodista.