Dom 31.03.2013

ECONOMíA  › LAS OPCIONES DE ARGENTINA PARA LOS FONDOS BUITRE, “EN CONDICIONES IDENTICAS A LAS QUE SE LLEVO EN EL CANJE DE 2010”

“No reabrimos la negociación ni rompemos el criterio”

El vicepresidente de la Nación, junto al ministro y su vice, subrayaron los criterios de la propuesta que, ayer por la madrugada, se elevó a la Corte de Apelaciones de Nueva York como propuesta de pago. Replica la propuesta para el canje 2010.

› Por Cristian Carrillo

Amado Boudou encabezó la conferencia de prensa en que se presentó la oferta. “Sería un absurdo jurídico que bloquearan nuestra voluntad de pago.”
Imagen: Télam.

El Gobierno replicó las condiciones de la oferta de canje de 2010 en una nueva propuesta para los fondos buitre, que litigan contra la Argentina por 1330 millones de dólares de sus tenencias en bonos defolteados. Por pedido de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que aceptó revisar el prospecto para reabrir la reestructuración de deuda, el Ministerio de Economía envió en la madrugada de ayer el detalle con la oferta concreta con la que el país busca dar por cerrada la discusión con los fondos especulativos. La propuesta está compuesta por dos paquetes, una opción con Bono Par (sin quita) con vencimiento en 2038, para minoristas, con el incentivo de pagar en efectivo los intereses caídos desde 2003, y otra con Bono Discount (con quita) y plazo hasta 2033 por el capital y el Global 2017 por los intereses impagos. Ambas alternativas contemplan la suscripción de Cupón PIB. “Es en condiciones idénticas a las que se llevó adelante (el canje) en 2010. No implica (abrir una nueva) negociación ni romper con los criterios que nos permitieron salir de la crisis más grande de nuestra historia”, señaló ayer el vicepresidente Amado Boudou, quien brindó una conferencia de prensa por este tema junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y el de Finanzas, Adrián Cosentino.

La Cámara del Segundo Circuito de Nueva York deberá decidir si esta nueva oferta alcanza para clausurar el capítulo del default, aunque el ministro Lorenzino reconoció que el tema terminará en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El documento resalta que un fallo adverso para la Argentina podría gatillar juicios por 43.000 millones de dólares de parte de bonistas que ingresaron en operaciones de canje anteriores. La Cámara de Apelaciones había convalidado el 26 de octubre último un fallo del juez del distrito de Manhattan, Thomas Griesa, sobre supuesta discriminación de la Argentina hacia los fondos buitre. Ese fallo estuvo fundamentado en una reinterpretación de los fondos NML Capital y Aurelius sobre la cláusula de pari passu –que indica igualdad en el tratamiento entre acreedores– sobre la base de que la Argentina paga regularmente los compromisos de su deuda reestructurada (performing), pero no los de los títulos defolteados. La Cámara sentenció que el país reconozca esta deuda y solicitó un cálculo de prorrata.

Los demandantes exigen el ciento por ciento en efectivo, tal como lo concedió Griesa. La apelación de la Argentina, para no pagar la totalidad y en efectivo, se basó en el principio de equidad para con los que ingresaron en el canje.

El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa en este caso a la Argentina, envió pasada la medianoche el escrito con el detalle de nueva propuesta de canje que podría aplicarse a los fondos buitre. “La República propone, siguiendo los términos de la Oferta de Canje 2010, para compensar a los demandantes, la elección de paquetes opcionales Par o Discount (o alguna combinación de los dos)”, señala el documento enviado a la Corte de Apelaciones. La propuesta contempla una opción para inversores minoristas, el 0,1 por ciento de los demandantes, y otra para los fondos buitre, el 99,9 por ciento.

Opción Par. Bajo esta opción, los demandantes minoristas recibirán bonos Par con vencimiento en 2039 en un importe nominal igual a la deuda a canjear, es decir, sin quita de capital. El Bono Par paga intereses a una tasa que se eleva desde el 2,5 hasta el 5,25 por ciento anual durante la vida del título. Además, recibirían un pago inmediato en efectivo por los intereses vencidos desde la emisión de estos títulos el 31 de diciembre de 2003 hasta la aplicación de la orden de la Cámara. Por último, los demandantes recibirían Cupón PIB por el equivalente al importe en moneda local de su reclamo. Estos cupones proporcionarán pagos adicionales anuales a los demandantes en el futuro hasta 2035 cuando la actividad económica supere el nivel de crecimiento de 3 por ciento, hasta un tope de 48 dólares acumulados (por cada 100 de valor nominal).

Opción Descuento. Los fondos buitre recibirían Bono Discount con vencimiento en 2033, con un recorte de capital del 66,7 por ciento, pero devenga un interés a una tasa de 8,28 por ciento anual, considerablemente más alta que la opción Par, a lo que se agrega un aumento en el monto del capital por el tiempo transcurrido, ya que parte de los intereses se capitalizan a partir de la fecha de emisión de este papel, el 31 de diciembre de 2003, hasta el 31 de diciembre 2013. Los demandantes recibirían por los intereses caídos el equivalente a bonos Global 2017, un papel que se utilizó en el canje de 2010 para compensar la diferencia de intereses respecto del canje de 2005. Estos papeles rinden una tasa de 8,75 por ciento anual. Estos fondos especulativos también recibirían una cantidad equivalente al monto nominal reclamado, en cupones atados al crecimiento. Los Discount no son limitados, y los demandantes pueden optar por esta opción con descuento por el importe total de su reclamo.

“Esta nota no es una propuesta de canje para los fondos buitre sino es la respuesta a un pedido de la Corte. Contempla la legislación argentina y los principios de equidad, de no discriminar ni defraudar al 93 por ciento que contribuyó con quitas de deuda en el crecimiento del país. Ningún acreedor verá cómo se generan privilegios con quienes especularon y obstruyeron la búsqueda de soluciones. Tampoco vamos a hacer una oferta para quedar bien con el mercado, ni vamos a legitimar una industria del juicio”, dijo Lorenzino al detallar la oferta. Según consta en los considerandos del escrito, lo presentado “cumple el doble objetivo de la Corte para satisfacer la cláusula de pari passu, la no discriminación en la preferencia de pagos e igualdad de trato entre los tenedores de bonos”. El texto señala que la propuesta es una opción voluntaria. “Los demandantes pueden elegir entre ser tratados igualmente, en los mismos términos que los tenedores de bonos del canje, o tratar de ejecutar en los juicios el importe total de su reclamo.” Ninguno tiene aún una sentencia firme.

La presentación elaborada por el bufete de abogados que representa al país en este entuerto plantea que “la propuesta es consistente con la capacidad de pago de la Argentina”. El documento critica el hecho de que nunca se le diese la oportunidad de responder lo sostenido por el fondo buitre NML Capital –impulsor de la demanda– sobre la incapacidad de pagar bajo las condiciones que plantean los demandantes. “Nunca se le dio la oportunidad de presentar pruebas sobre factores tales como el balance de pagos de Argentina, los compromisos de las finanzas públicas, los factores macroeconómicos, monetarios del sistema y de otra índole, necesarios para cualquier conclusión en cuanto a la capacidad de la República para pagar”, agrega.

Los letrados resaltaron el riesgo de un fallo adverso sobre los 1330 millones de dólares exigidos por los fondos especulativos, sobre reclamos que podrían ascender a “muchas veces la cantidad objeto del presente recurso”. Los reclamos contra la Argentina podrían ascender a 43 mil millones de dólares. “La República considera que esta propuesta es consistente con su capacidad de pago, pero si la Corte considera necesaria evidencia adicional, debe ordenar una detención preventiva para que las pruebas puedan ser presentadas”, agregan. Si el Tribunal acepta la propuesta, el Ejecutivo se compromete en el escrito a presentar ante el Congreso las medidas necesarias –como la suspensión de la Ley Cerrojo– para aplicar la propuesta. “Esperamos el fallo. Sería un verdadero absurdo jurídico bloquear al país que tiene capacidad y voluntad de pago de sus deudas”, concluyó Boudou.

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