El titular de la Anses, Diego Bossio, explica en esta entrevista exclusiva con Página/12 las medidas que desplegó el Gobierno frente a la tragedia de las inundaciones. Asegura que el acceso a los beneficios será inmediato y sin trabas burocráticas, pero al mismo tiempo aclara que habrá controles estrictos. Por caso, revela que se publicarán los nombres de todas las personas que reciban ayuda pública, para que exista un control ciudadano, más allá de las verificaciones que encarará el propio Estado. El funcionario es el responsable de la aplicación operativa de subsidios y créditos millonarios a miles de personas. En ese sentido, destaca el cambio de concepción en la respuesta estatal ante una situación de emergencia y advierte que ahora se podrá llegar rápido a los damnificados gracias a la reconstrucción del aparato del Estado que se encaró en los últimos años. “Ya no hay un Estado mínimo como en los ’90 y dos terceras partes de la sociedad entienden que eso es bueno”, interpreta.

–¿Desde cuándo se implementan las medidas que anunció la Presidenta?

–Ya mismo. Se verifican los derechos y automáticamente se disponen los pagos. Todo arranca a partir de abril, los pagos extra a jubilados y pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, seguro de desempleo y los planes de crédito para vivienda y para jubilados a través de la tarjeta Argenta. La Presidenta nos instruyó para que la asistencia llegue rápido a todas las personas damnificadas por la tragedia. Pero también fue muy enfática en que seamos rigurosos con los controles. Los recursos tienen que llegar realmente a quienes más los necesitan. No es lo mismo una persona a la que le entraron cinco centímetros de agua que otra que perdió todo.

–¿Cómo serán las verificaciones?

–Presenciales. Nos vamos a instalar en los barrios para asistir y constatar que las medidas alcancen a quienes correspondan. El acceso será fácil y rápido, pero sin abusos, avivadas ni trampas. Vamos a publicar los nombres de todas las personas que accedieron a beneficios, para que además del control del Estado haya un control social.

–¿Cuáles serán los canales de pago?

–Vamos a utilizar la red de pagos de la Anses, por donde se van a canalizar la gran mayoría de las transferencias, y después contaremos con la colaboración del Banco Nación y del Correo Argentino. Esto es posible porque hay un cambio de lógica respecto de otras épocas. Hoy tenemos un Estado con potencia administrativa y capacidad de respuesta que permite que estas cosas se hagan. Las bases de datos de la Anses están muy desarrolladas, los jubilados tienen cuentas bancarias gratuitas adonde se les deposita el dinero. Antes las asignaciones familiares de los trabajadores formales las pagaban las empresas y había un fondo compensador siempre con muchos problemas. Ahora los pagos los hacemos nosotros. Hace unos años no existían la Asignación Universal por Hijo ni la Asignación por Embarazo. Creamos la tarjeta Argenta, los planes Pro.Cre.Ar. Es mucho lo que hemos avanzado. Hay una fortaleza del Estado que se había perdido y ahora se ven los resultados. Se ve que podemos actuar rápido y con eficiencia por todo lo que construimos.

–Queda claro que la Anses es un organismo de la seguridad social, más allá de la cuestión previsional.

–Sí, hay una lógica distinta de la seguridad social. Mientras en otras oportunidades el Estado se limitaba a la entrega de colchones, alimentos y artículos de primera necesidad, ahora entendemos que ésa es sólo la primera etapa. Es la acción directa frente a la mayor urgencia, pero la situación no se resuelve. Hace falta que el Estado despliegue otras medidas, que es lo que estamos haciendo ahora. El segundo paso es llegar con recursos monetarios directos a las familias, para que cada una compre lo que necesita. Y el tercer paso son los créditos hipotecarios subsidiados para la refacción de viviendas, los planes de edificación que encarará el gobierno nacional con créditos del BID y la CAF y los préstamos a jubilados con Argenta a buenas tasas de interés.

–También se aprecia que la Anses no administra “la plata de los jubilados”, como dicen algunos dirigentes, sino que es un organismo con funciones más amplias.

–A la Anses contribuyen todos los argentinos con sus impuestos. Sean trabajadores formales o no, aporten de su salario o no. Todos contribuyen porque la Anses financia su presupuesto con una porción de impuestos nacionales como el IVA. No son sólo aportes de trabajadores y empresas en blanco. Todos los argentinos tienen derecho a la cobertura de la seguridad social y, frente a una situación extraordinaria, tienen derecho a un pago extraordinario. Hay antecedentes de esto, como cuando tuvimos la crisis en el sur por las cenizas del volcán Puyehue. La diferencia que hoy podemos marcar es a nivel de cobertura. En 2003 había tres millones de jubilados y ahora son más de seis millones. Tenemos presencia territorial, decisión política y un trabajo hecho que nos permite llegar a quien lo necesita.

–¿Cuál es la dimensión de la solidaridad ciudadana y cuál la del Estado?

–No podría magnificarlo. Son volúmenes distintos frente a circunstancias distintas. La distribución de mercaderías, colchones y ropa es muy necesaria frente a la primera urgencia, es la mano tendida para ayudar. La participación solidaria y popular es conmovedora. El Estado también tiene que estar ahí, pero como decía recién, es imprescindible que encare otras acciones más de fondo, con una implicancia presupuestaria inaccesible para la ciudadanía. En este caso, son 400 millones de pesos de asignación directa para los damnificados. Hay 600 millones de pesos de créditos a jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argenta, con tasa fija del 9,9 por ciento anual, 40 cuotas y dos meses de gracia, 40 mil créditos para refacción de viviendas a través del programa Pro.Cre.Ar, a 48 meses, con tres de gracia y tasas del 7 al 14 por ciento según el nivel de ingreso del beneficiario. Esos son unos 1400 millones de pesos. Y para los sectores de menores recursos vamos a disponer de 120 millones de dólares de financiamiento del BID y la CAF para infraestructura social de viviendas. Es decir que hay más de 2000 millones de pesos en créditos y 400 millones que van al bolsillo de la gente para que los gaste en lo que necesita. Esa plata tiene que ayudar a reactivar la zona, el pequeño comercio, que de otro modo también sufriría las consecuencias de que la gente no le compra porque no tiene plata.

–Después de la tragedia, en algunas zonas afectadas se vieron escenas de tensión y amenazas de desborde social. ¿Eso influyó en la respuesta del Estado?

–La respuesta fue una decisión de la Presidenta frente a un hecho trágico, como se hizo en otras oportunidades. Es entendible la bronca de las familias ante una situación inesperada. Ahora es momento de actuar y nosotros estamos actuando. Es una cuestión doctrinal, si se quiere, el hecho de que el Estado tiene que desplegar toda su potencia reparadora en momentos críticos.

–Es un paradigma distinto del que se instaló en los ’90, cuando la concepción era la de un Estado mínimo. ¿La sociedad acompaña ese cambio?

–Creo que se han derribado mitos. Se decía que el Estado no podía y ahora se ve que el Estado puede, y me parece que hoy en la sociedad hay conciencia de que la presencia del Estado es positiva, que se puede hacer cargo de los problemas. La creación de la Asignación Universal por Hijo, el plan Conectar Igualdad, la inclusión jubilatoria y otras medidas de seguridad social tienen un nivel de aceptación ciudadana muy alto.

–Sin embargo, hay sectores que le apuntan a la Asignación Universal por Hijo porque dicen que hay familias que tienen hijos para no trabajar y cosas por el estilo.

–Son sectores que desconocen la realidad. Si se necesita un piso de protección social más alto es porque aún quedan muchas cuestiones por resolver. Todavía hay mucha informalidad, sectores que defienden privilegios. Yo creo que dos tercios de la población entienden que lo que estamos haciendo en protección social es bueno y hay una parte de la sociedad que está en contra, ya sea por desconocimiento o porque les molesta perder privilegios. La gente se registra cada vez más en la seguridad social. Hay muchos a los que les molesta que trabajemos por la inclusión y no por los privilegios. Un día estaba en José C. Paz y viene una señora y me dice que para qué les damos la computadora a los chicos si la usan para jugar. Y yo le respondí: ¿Sus hijos no juegan con la computadora? “Sí, pero se las compro yo.” Bueno señora, pero hay chicos que no se pueden comprar la computadora. Si sus hijos la usan para jugar, por qué le molesta que el Estado les dé una computadora a otros para que también puedan jugar. Hay sectores a los que les molesta que el Estado atienda a quienes tienen más vulnerabilidad.