Por C.S.

El titular del FMI, Horst Koehler, inicia hoy una visita de dos días a la Argentina. No está en juego “la ayuda” que el Fondo pueda conceder al país, sino en qué medida el gobierno de Néstor Kirchner será capaz de resistir la aplicación de las típicas políticas contractivas demandadas por el organismo, las que, como demuestra la experiencia histórica local e internacional, pueden llegar a ser desastrosas para la muy tibia recuperación que insinúa la actividad económica.
El FMI quiere “establecer cuál es la capacidad de pagar la deuda sin ignorar que se necesita dar a la gente un mejor nivel de vida”, aseguró Koehler antes de embarcarse en su gira sudamericana que ayer lo tuvo en Uruguay. Si todo va bien, es probable que antes de abandonar el país el número 1 del Fondo repita una de sus frases de rigor: que Argentina (o el país x) “va por el buen camino”. El mismo buen camino que lleva a Brasil a sacrificar planes sociales en el altar del superávit primario y que hasta ahora sólo consiguió frenar su crecimiento.
Aunque parezca increíble, entre las demandas que Kirchner escuchará de Koehler se cuentan pautas rígidas de emisión monetaria, ahorro fiscal en base a aumentos de impuestos y baja del gasto, y ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Semejante receta en una economía con problemas de demanda, para todos los especialistas sólo puede tener un resultado: el freno de la reactivación.
No obstante, en el juego de la negociación las cartas ya están dadas. Tras el vencimiento, en agosto próximo, del miniacuerdo conseguido durante la gestión de Eduardo Duhalde, Argentina debería hacer frente a pagos con el Fondo por 3500 millones de dólares. No resulta entonces casual que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, haya anunciado la postergación de la renegociación con los acreedores privados hasta la asamblea anual del FMI en septiembre. Del posible acuerdo con el organismo financiero dependerá también el valor de los activos argentinos, alrededor de 80 mil millones de dólares, entre capital e intereses, originales y atrasados.
Pero volviendo a la deuda con los organismos, la única que hasta ahora se honró a rajatabla, luego de la postergación de los vencimientos de 2003 conseguida por Roberto Lavagna se pagaron 1700 millones de dólares. No obstante, para el último trimestre del año se acumulan pagos por 6020 millones. En 2004 vencen otros 8920 millones, 7090 sólo con el FMI. En contrapartida, entre 2005 y 2008, los vencimientos se mantienen en torno de los 2000 millones. Cualquier acreedor razonable aceptaría que parte de los vencimientos que se agolpan en 2003 y 2004 se sumen a los de los cuatro años posteriores. El Gobierno espera que el FMI acceda, pero sabe que deberá allanarse a las consabidas “reformas estructurales”. El círculo vicioso que ahogó al gobierno de Fernando de la Rúa puede llegar entonces a acechar en el horizonte. Un acuerdo con el FMI casi siempre supone avanzar en reformas que van a contramano de lo que la economía necesita para crecer y, en consecuencia, para generar los recursos para hacer frente a sus compromisos. Y si bien el FMI alienta una negociación fuerte con los atomizados acreedores privados, cuando se trata de sus propios bolsillos ningún ajuste fiscal parece suficientemente duro.
Los datos de la economía argentina, en tanto, muestran que por ahora la reactivación es muy modesta. Incluso existen señales de desaceleración. El 5,4 por ciento de crecimiento del PIB en el primer trimestre resulta de una comparación contra un piso absoluto, como lo fueron los primeros meses post corralito. La actividad industrial de mayo mostró un retroceso del 1,1 por ciento, mientras que, por primera vez en 18 meses, hubo deflación en los precios mayoristas. El consumo privado sigue planchado y la inversión, luego de una leve mejoría en el último semestre de 2002, volvió a caer en el primer trimestre. En este contexto, cualquier receta clásica del FMI puede tener un efecto nefasto sobre la actividad económica. A poco de asumir Kirchner declaró que “podría haber un acuerdo con el FMI hasta diciembre, pero nos interesa un acuerdo de largo plazo, de cuatro años, para todo el período” del gobierno iniciado el 25 de mayo. El Poder Ejecutivo cree que la aprobación de un desembolso de 320 millones aprobada por el directorio del Fondo el viernes pasado es una buena señal. Las alternativas del Gobierno son caer en default con los organismos o que las reservas internacionales se reduzcan a 5000 millones. En su defecto, puede acordar con el Fondo. En ese caso conseguiría refinanciar parte de los vencimientos, pero seguramente deberá entregar algo a cambio. Una posibilidad es el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, lo que podría generar el apoyo de los miembros europeos. La pregunta es si la línea dura del FMI, luego de haber logrado que Lula da Silva siga sus recetas, estará dispuesta a pequeñas rebeldías de la Argentina. La apuesta del Gobierno, según surge de la suma de las declaraciones de sus funcionarios, parece ser pagar y conceder un poco y refinanciar mucho. Si lo logra comenzará a saberse esta semana. La primera señal la dará Koehler durante su corta estadía. Será cuando diga si la Argentina marcha o no “por la buena senda”.