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Producción: Tomás Lukin.

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A favor de los grandes

Por Itai Hagman *

Con el conflicto del Hospital Borda el macrismo volvió a cargar con uno de los caballitos de batalla preferidos de su gestión: “desarrollar el sur de la Ciudad”. Con este, los funcionarios del PRO se pasean por los programas de televisión ostentando una inusitada sensibilidad por “la zona más postergada de Buenos Aires”. El propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri, cuando inauguró las sesiones legislativas este año, exhibió como un logro de su gobierno que en estos cinco años se redujo la diferencia del valor de la tierra entre el norte y sur de la Ciudad de tres a dos veces. Lo que no explicó allí fue que la política del macrismo es fomentar el crecimiento del sur llevando inversiones inmobiliarias privadas que valorizan el terreno pero no necesariamente benefician a la población.

La historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires demuestra que el desarrollo bajo las reglas del mercado inmobiliario no sólo no resuelve los problemas habitacionales, sino que los empeora. En los últimos diez años se construyeron más de 15 millones de metros cuadrados –lo que equivale a unos 250 mil departamentos de 60 metros cuadrados–, la mayor parte se concentró en la zona norte y en viviendas lujosas orientadas a las clases altas. La consecuencia de esta política es que tras diez años de crecimiento resulta más difícil acceder a una vivienda propia. Mientras que en 2001 el 22,1 por ciento de los hogares alquilaban, hoy lo hace más del 30 por ciento, y comprar una casa requiere el doble de esfuerzo de ahorro que hace diez años.

El desarrollo inmobiliario es definido por el Gobierno de la Ciudad como una de las cuatro industrias estratégicas, junto al turismo, las tecnologías de información y la industria audiovisual. En ese sentido, creó el “Centro de Atención al Inversor”, que tiene entre sus funciones “impulsar el crecimiento local a través del fomento a la inversión privada, independientemente de su origen nacional o extranjero”. Desde este organismo el Gobierno de la Ciudad invita a las empresas a invertir en el desarrollo inmobiliario, en donde menciona la tendencia al alza de los precios de las propiedades como un factor de interés y atracción para los capitales.

Sin embargo, el interés de estos capitales es opuesto al de los vecinos que no pueden acceder a una vivienda digna. Algunos ejemplos pueden servir para conocer quiénes son estos desarrolladores. El más famoso es IRSA, de Eduardo Elsztain, dueño de casi todos los shoppings de la Ciudad, de la firma agropecuaria Cresud, así como de los más importantes hoteles de la Argentina y también el accionista mayoritario del Banco Hipotecario. Otra empresa destacada es Creaurban, originalmente del grupo Macri, y que luego fue vendida al primo hermano del actual jefe de Gobierno. Consultatio, de Eduardo Constantini, creador del exclusivo barrio Nordelta, también aparece en la lista. Raghsa, la constructora de los edificios lujosos Le Parc, símbolo del comienzo de la metamorfosis palermitana de los últimos años, y la enumeración sigue largamente.

Luego de agotar la zona norte, estos desarrolladores inmobiliarios comenzaron a dirigirse hacia el sur. Barrios como Barracas, Parque Patricios o Pompeya –favorecidos por la llegada del subte H– ahora son atractivos para las grandes constructoras. Aquí el Gobierno de la Ciudad intenta acompañar esa seducción del mercado con inversiones públicas como la instalación de un centro cívico, la mudanza de la sede central del Banco Ciudad o la construcción del Distrito Tecnológico, entre otras obras. Se intenta llevar al sur un desarrollo en espejo al de la zona norte.

¿Es incorrecta la inversión pública en la zona sur de la Ciudad? De ninguna manera. Pero si el desarrollo urbano continúa en manos de las grandes empresas de la construcción, las necesidades sociales continuarán postergadas. Pretender resolver el déficit habitacional con el desarrollo del mercado inmobiliario es tan ridículo como querer terminar con el hambre trasladando a Lugano los restaurantes de Puerto Madero.

El avance del negocio inmobiliario en la zona sur equivale a profundizar un modelo de ciudad excluyente y expulsivo de los sectores populares. Por eso, cuando a fines del año pasado la Legislatura porteña se aprestaba a votar un paquete de leyes en esta sintonía, numerosas organizaciones sociales se manifestaron en contra, reclamándole no sólo al bloque del PRO sino a también a los de la oposición (que acordaron para que estos proyectos salieran). La construcción del centro cívico que el macrismo pretende llevar a cabo en los terrenos del Borda forma parte de este paquete.

El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad obliga al Estado a garantizar a sus habitantes una vivienda digna. En la actualidad, más de 500.000 porteños padecen la violación de este derecho. Las leyes del mercado inmobiliario son contrarias a resolver esta crisis. Sin una regulación del Estado y una planificación urbana que incluya como protagonistas a las organizaciones sociales, desarrollar realmente el sur de la Ciudad priorizando las necesidades sociales es sencillamente imposible.

* Dirigente de Marea Popular. Economista.

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Falta inversión

Por Oscar Leguizamón *

A un número cada vez mayor de porteños se les dificulta comprender por qué los más graves problemas de la Ciudad de Buenos Aires parecen no tener solución. En ese sentido, la última inundación del 2 de abril fue un punto de inflexión. Pero ése no es el único asunto que preocupa a la ciudadanía: La basura, el tránsito cada vez más complicado, la desinversión en salud y educación pública, la represión en el espacio público y la ausencia de políticas para las pymes de industria y comercio son sólo algunas de las cuestiones acuciantes a las que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no logra dar respuestas.

Además, el desmanejo imperante de la Ciudad se torna más inverosímil desde el momento en que la misma tiene ventajas de las que otros distritos carecen. En esa dirección, podemos destacar el hecho de que las empresas nacionales con domicilio legal en la CABA tributan en ella, que cuenta con el puerto más importante de Argentina, que es el punto de ingreso del turismo internacional y asiento de las autoridades federales, entre otros beneficios. Sin olvidar con que cuenta con un territorio de apenas 202 km cuadrados y una población con un alto porcentaje de sectores medios y altos.

A estas ventajas comparativas debemos agregarle el impulso de las políticas nacionales, de las cuales la Ciudad se ha beneficiado ampliamente. Argentina expandió un ciento por ciento su PIB entre 2003-2013, generando un vigoroso mercado interno, 200.000 nuevas industrias y 5.000.000 de puestos de trabajo. La Ciudad, por supuesto, se ve enormemente favorecida por este impulso, a pesar de Mauricio Macri. De hecho, este crecimiento nacional explica cómo el distrito pasó de contar con un Presupuesto de 9800 millones de pesos en 2007 a uno de 40.549 millones de pesos en 2013, lo que representa un incremento del 314 por ciento.

Un capítulo aparte merece el aumento de la carga impositiva en la otrora Capital Federal, donde el ABL aumentó entre 500 y 1000 por ciento, dependiendo del barrio, desde 2007 a la fecha, a lo que debemos agregar el impuesto para la transferencia de autos y de sellos. Por esta vía el Gobierno de la Ciudad usufructúa de las mejoras que trae aparejada una política nacional basada en la expansión de salarios y jubilaciones como herramienta fundamental para el desarrollo económico. En síntesis, lo que estos números confirman es que el problema no es de plata sino de gestión. Pero lo que a primera vista parece no tener explicación se torna comprensible en el marco del Presupuesto de la ciudad, armado por el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el presidente del Banco Ciudad, “el devaluador arrepentido” Federico Sturzenegger.

La CABA ha tomado el camino inverso a la Nación también en la cuestión fiscal, ya que todos sus presupuestos contienen déficit. Macri endeudó la Ciudad con la promesa de realizar obras que jamás se hicieron (como los famosos 10 km de subte por año), y llevó la deuda pública de 1800 millones de pesos en 2007 a 6400 millones de pesos en 2012, lo que significa un aumento del 255 por ciento.

En esa dirección, volvemos al problema de las inundaciones, que confirman la mala gestión del gobierno porteño y que en nuestra ciudad costó ocho vidas. Aquí se conjugan la falta de mantenimiento, la ausencia de limpieza del sistema pluvial, la no finalización de las obras complementarias de los arroyos Maldonado y Vega y las obras del Medrano, y la inexistencia de sistemas de alerta (retiro de residuos de zonas anegables fuera de horarios habituales, limpieza de sumideros, alerta de retiro de autos de garajes subterráneos, etc.). Pero el dato más relevante al respecto es la ejecución de sólo un 24 por ciento del Programa de Desarrollo de Infraestructura de la red pluvial del año 2012 (de 50 millones se ejecutaron poco menos de 12 millones de pesos).

Por otra parte, la forma de gestionar del macrismo nos lleva a una ciudad cada vez más segmentada socialmente, con un sur abandonado, con un Instituto de la Vivienda permanentemente subejecutado, donde la falta de una política industrial y de desarrollo de los centros comerciales a cielo Abierto que ayude al pequeño comerciante barrial es la norma, y donde el desarrollo del mercado inmobiliario queda librado a la libertad del mercado. Además, al no invertir y, una vez más, subejecutar el presupuesto, el gobierno porteño agravó seriamente el problema del tránsito, pues la obras no acompañan el crecimiento del parque automotor experimentado a nivel nacional.

Si consideramos que la inversión pública es impulso del crecimiento económico y que la misma indica claramente hacia dónde quiere privilegiarse el desarrollo, observamos no sólo que Macri ha ampliado la histórica brecha existente entre el norte y el sur, sino que incluso al norte de la avenida Rivadavia la falta de inversión amenaza el desarrollo y la valorización inmobiliaria en las zonas inundables.

* Dirigente del Partido de la Victoria de la ciudad de Buenos Aires.