Desde Santa Fe

La Justicia avanzó en la investigación de las proclamas “fascistas y antidemocráticas” –como las definió el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi– que cerraron la última asamblea de la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Santa Fe, el 9 de abril pasado. El fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, imputó a uno de los agitadores, Daniel Stechina, por el supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva” –que tiene penas de tres a seis años de cárcel– y lo citó a su despacho, el martes que viene, a las 10.30, para que designe abogado defensor, ratifique domicilio y pase por la Policía Federal, donde le pintarán los dedos y tomarán fichas dactilares para verificar si tiene antecedentes penales. En un acto posterior, aún sin fecha, se realizará la declaración indagatoria. Stechina es el primer imputado en la causa porque propuso “echar a patadas” al gobierno nacional y dijo que había “métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer” a sus funcionarios, pero no se descarta que pueda haber otros. El fiscal intimó también a los líderes de la Mesa de Enlace: Buzzi y a sus colegas de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, y de Coninagro, Carlos Garetto, para que en “un plazo de cinco días” informen los motivos de la convocatoria y suministren la identidad de los asistentes, sobre todo, de los oradores.

La causa se inició el 15 de abril por una denuncia presentada ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en Capital Federal, que llegó a Santa Fe el 30 de abril. El juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, delegó la investigación en el fiscal Walter Rodríguez, quien dispuso una serie de “medidas preliminares”. La primera fue citar como testigo al periodista de Rafaela Miguel González, quien cubrió la asamblea de Santa Fe y grabó los audios que luego publicaron Rosario/12 y otros medios de la Argentina. González entregó tres horas de grabaciones, que el fiscal derivó a la Prefectura Naval para que vuelque al expediente todo lo que se dijo en el plenario.

Con las pruebas en su poder y después de escuchar la saga destituyente, el fiscal Rodríguez decidió promover “la acción penal” contra Stechina por el supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva”, según el dictamen del Ministerio Público al que tuvo acceso este diario. El artículo 212 del Código Penal reprime con “prisión de tres a seis años al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

Stechina es uno de los productores autoconvocados de Avellaneda. En la asamblea del 9 de abril dijo que las patotas rurales que cortaban rutas en el norte santafesino, en 2008, ahora estaban dispuestas a echar al Gobierno. “En nuestra zona –dijo–, los productores están dispuestos a que este gobierno, o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas. Nosotros no venimos para ver si ponemos un político más o un político menos, pero sí sabemos que mientras este gobierno se siga quedando, no va a haber... Entonces, ¿qué se hace? ¿Nos vamos a ir nosotros del país? No. Se van a tener que ir ellos. Ahora, la modalidad, si es por las buenas o por las malas, no sé. Eso van a tener que programarlo las entidades. Pero esto se tiene que terminar”, azuzó. “Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. El problema es la gente que está en el Gobierno... Así que la propuesta es que si vamos a hacer algo concreto y conciso que sea duro, pero duro, duro”, cerró Stechina. Lo envolvió una ovación y el silencio cómplice de la Mesa de Enlace.

El fiscal Rodríguez interpretó el discurso y el contexto en el que se dijo como una “incitación a la violencia”. Stechina –afirmó– “propuso de manera dura, concisa y concreta –‘sin tibiezas’–, la deposición de las autoridades públicas nacionales, las que según sus expresiones deberían irse del país a ‘las patadas’; objetivo para el cual destacó la existencia de medios psicológicos y de acción directa que podrían implementarse para asegurar tal destitución, e incluso, haciendo desaparecer a los funcionarios que componen el gobierno nacional”, dice el dictamen. Y menciona el artículo 212 del Código Penal.

Por lo tanto, el fiscal encomendó a Gendarmería “diligencias para establecer” el domicilio de Stechina, en Avellaneda, y que lo cite concurrir a la Fiscalía Federal, el 11 de junio, a las 10.30. Allí lo invitará a “designar abogado defensor” y “se deberá proceder a la extracción de fichas dactilares idóneas a los efectos de verificar la existencia de antecedentes penales ante el Registro Nacional de Estadística Criminal”. En el ínterin, se realizará “un amplio informe socio-ambiental del imputado”, agregó el fiscal.

Otro de los agitadores de la asamblea fue el líder de los productores autoconvocados de Malabrigo, Raúl Zorzón. “¡Vamos a frenar a este gobierno! ¡Ese es el problema que tenemos en el país! Hagamos un frente común para frenar esto, porque éstos son peor que Chávez. Por lo menos, Chávez está muerto, pero esta gente está viva”, dijo. Zorzón es uno de los que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, identificó entre los atacantes que lo emboscaron en Reconquista, en mayo de 2009, lo golpearon y rompieron el parabrisas de su automóvil, cuando presidía el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria.