La petrolera estadounidense Chevron ratificó su decisión de “continuar trabajando intensamente” junto a YPF en el desarrollo de yacimientos en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, tras el fallo de la Corte Suprema que liberó a la firma de la amenaza de embargo sobre sus activos en Argentina. “La decisión de la Corte Suprema de Justicia confirma que la orden de embargo de Ecuador nunca debió haber sido ejecutada en la Argentina”, sostiene un comunicado de la filial local de Chevron, en referencia a la causa iniciada en ese país y que derivó en el reclamo local de embargo. Chevron cerró recientemente con YPF un compromiso para desarrollar técnicas de “shale” en Argentina, con una inversión inicial prevista de 1500 millones de dólares. El acuerdo definitivo, según está previsto, se firmará en julio. Pero la concreción de esta inversión conjunta estaba supeditada a una resolución del conflicto que no afectara los intereses de la filial local que, finalmente, llegó esta semana.

La causa judicial ecuatoriana se origina en 1993, cuando un grupo de abogados estadounidenses reclamó una indemnización de 19 mil millones de dólares para 30 mil residentes de una región de Amazonia, ambientalmente afectada por la explotación de hidrocarburos realizada por Texaco. Ocho años más tarde, en 2001, tras la aprobación del gobierno de Estados Unidos, Chevron absorbía Texaco. A partir de allí, heredó el conflicto sobre las concesiones en Ecuador. Pero este es el punto en el que se ampara la filial argentina de Chevron para argumentar que no tiene ninguna relación con el origen del problema en Ecuador.

“La decisión de la Corte Suprema de Justicia confirma que la orden de embargo de Ecuador nunca debió haber sido ejecutada en la Argentina”, sostiene un comunicado de la filial local de Chevron. En el mismo se destaca que “esta decisión coincide en un todo con la reciente opinión vertida por la Procuración General de la Nación”, a cargo de Alejandra Gils Carbó. Chevron ratificó además que “va a continuar trabajando intensamente en el país para ayudarlo en su objetivo de lograr la independencia energética”.

La sentencia de primera instancia condenaba a Chevron Argentina a cumplir el embargo de 19 mil millones de dólares dispuesto por la Justicia ecuatoriana. La causa llegó a la Corte Suprema luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la anterior sentencia, dictada por el juez Adrián Elcuj Miranda.

En su fallo, la Corte Suprema entendió que “la decisión tomada por la Justicia del Ecuador de imponer medidas cautelares sobre los bienes de las sociedades demandadas, en razón de haberse decretado sin audiencia previa, las ha privado de este derecho”.