La reglamentación de los parámetros de calidad que deben ofrecer las empresas de telefonía celular y la capacidad de sanción efectiva desde el sector público representará un avance frente al desregulado escenario actual y envía una fuerte señal política a las compañías. Así coincidieron las asociaciones de consumidores consultadas por este diario, las que a su vez consideraron que la medida puede colaborar para mejorar la calidad del servicio, aumentar las inversiones y controlar las tarifas aplicadas.

Sin embargo, advirtieron que es necesario un nuevo marco regulatorio sancionado por ley que se aplique efectivamente para garantizar esas mejoras y evitar abusos en un sector donde el Estado se caracterizó por su ausencia.

El director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, explicó que la reglamentación anunciada ayer en el Boletín Oficial se enmarca en el conjunto de “lentos avances” registrados a lo largo de los últimos años en el sector, entre los que enumeró: “Las sanciones a Movistar, Claro y Personal, el cobro de las llamadas a partir de la comunicación efectiva y la aparición de la empresa estatal Arsat como (futura) prestadora minorista en el interior del país”.

Boada sostuvo que “si bien no es un paso transformador como sería una ley que declare servicio público a la telefonía móvil, es un avance que puede mejorar la calidad de los distintos servicios, la transparencia tarifaria y las inversiones de las empresas”.

Para Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, “frente a los graves y reiterados incumplimientos de las empresas y la pésima prestación de servicio, es necesaria una ley que establezca un marco regulatorio con tres aspectos: declarar servicio público a la telefonía celular, establecer un mecanismo de audiencias públicas para modificar los cuadros tarifarios y crear un ente autárquico de control con representación de entidades de defensa al consumidor”.

Polino recordó los diferentes proyectos presentados a lo largo

de la última década que no prosperaron, pero consideró que “si existe voluntad política la medida anunciada ayer podría contribuir a que las empresas hagan inversiones y mejoren la calidad del servicio”.

Entre el 30 y 50 por ciento de todos los reclamos que se inician en los entes de control están dirigidos a las compañías de telefonía móvil. Cambio de planes sin consulta, problemas de funcionamiento de aparatos y chips, cobros indebidos, intereses que no corresponden, servicio deficiente –se interrumpe o cortan las llamadas– y trámites engorrosos para dar de baja servicios son los principales reclamos que recibe Consumidores Libres. Los datos están en línea con la información provista por las prestadoras a la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre los reclamos más relevantes entre febrero y abril pasados, entre los que también figuran los créditos prepagos, los servicios de datos, la facturación y la mensajería.

Más allá del malestar que genera entre los usuarios la calidad del servicio, el consumo de telefonía móvil aumenta a gran velocidad.

En abril se realizaron 8,4 millones de llamadas desde celulares y se enviaron 11,7 millones de mensajes, un incremento interanual que en ambos casos superó el 19 por ciento.