La telefonía celular protagonizó un crecimiento explosivo en el país. Un fenómeno que no es únicamente local, pero que en la Argentina adquirió dimensiones que no tuvo en otros países. Trece líneas activas cada 10 habitantes (casi 60 millones de líneas para menos de 45 millones de habitantes) es una marca que apenas Uruguay supera en la región, con 14/10, pero con una población que es la décima parte de la argentina.

El grueso de este crecimiento quedó en las arcas de tres empresas: Movistar, Personal y Claro. Entre otras ventajas, tuvieron la de gozar de tarifas liberadas, la posibilidad de armar los “paquetes” de servicios a su conveniencia y la facultad de interrumpir la prestación ante cualquier irregularidad que detectaran (no sólo falta de pago de facturas anteriores sino, también, por elevación del consumo por encima de lo “normal”). Tampoco operó “la competencia” entre ellas, y cuando se instrumentó la denominada “portabilidad numérica” (el derecho del usuario a cambiar de compañía prestadora sin perder su número), la implementación quedó en manos de las propias empresas, que hicieron todo lo posible para trabar el mecanismo. Y lo lograron. No es casual que los mayores esfuerzos de las compañías, a lo largo de estos años, hayan sido puestos en promoción de venta en vez de las inversiones para garantizar la calidad del servicio.

En tan sólo un año, desde el 2 de abril de 2012 hasta la misma fecha de 2013, el sistema de telefonía móvil colapsó en cuatro oportunidades, afectando, en cada caso, a cientos de miles de usuarios. Durante el primero (abril de 2012), Movistar dejó sin servicio de voz, mensajes de texto y conexión a Internet a 18 millones de usuarios durante 18 horas. La compañía denunció sabotaje de un empleado. Un mes después falló la red de Claro y durante cuatro horas dejó sin los mismos servicios a 920 mil usuarios. La empresa denunció el corte de una fibra óptica subterránea provocado por una obra pública. En marzo último, Telecom Personal interrumpió sus servicios por cerca de 4 horas, afectando a 250 mil usuarios. Esta vez se adujo la falla en una central. Finalmente, el último 2 de abril, el temporal y posterior inundación de La Plata y aledaños impidieron los servicios de todas las compañías durante 15 horas. La reacción de las firmas ante la catástrofe fue, en el primer momento, nula. Cuando se lo reclamaron las autoridades nacionales, resultó lenta y deficiente. La regla común a todos ellos es lo opaco de las justificaciones.

Estos acontecimientos, por excepcionales que parezcan, dejaron en evidencia la ausencia de mecanismos de contingencia que evitaran la interrupción del servicio o, a lo sumo, garantizaran su restablecimiento en un plazo breve. En definitiva, lo que se necesitaría para cumplir con una condición que las compañías venden con el producto: un servicio “ilimitado”. El nuevo reglamento para regular la calidad del servicio pretende cubrir ese bache, demasiado profundo y excesivamente ancho como para seguir abierto.