Exportadores, productores y acopiadores se pasan la pelota a la hora de definir quién tiene el trigo que escasea en el mercado, lo que presiona al alza sobre el precio de la harina. Ante esta situación, la Secretaría de Comercio Interior intimó a las cerealeras exportadoras para que antes del viernes vendan el trigo y normalicen la situación. El titular de esa dependencia, Guillermo Moreno, amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento en todo el sector y decomisar el trigo estoqueado para vendérselo a la molinería a precio internacional, bastante menor al valor que rige el mercado interno. Por su parte, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, adelantó que “estamos haciendo un relevamiento de todos aquellos acopiadores o empresas exportadoras que pueden llegar a tener un stock de trigo y no lo quieren entregar”. Los exportadoras aseguran que las existencias que tienen las están vendiendo a los molinos, por lo que atribuyen los problemas de abastecimiento a la actitud de productores.

Moreno está preocupado por la fuerte suba del precio del trigo, que cotiza a unos 450 dólares la tonelada a tipo de cambio oficial, mucho más que los 250 dólares de la Bolsa de Chicago. En consecuencia, el precio de la bolsa de 50 kilos de harina que la molinería vende a las panaderías pasó de 150 pesos en marzo hasta 250 pesos incluyendo impuestos, y hasta 300 pesos en el caso de revendedores que colocan la harina a panaderías no registradas. Eso repercutió en los panificados, producto central en el consumo popular. El kilo de pan llegó a 20 pesos en algunos casos. Por eso Moreno dijo ayer que decomisará el trigo en caso de no mejorar la situación en el mercado local. Desde la Secretaría de Comercio Interior prefirieron no adelantar cómo se llevaría a cabo la venta compulsiva del trigo acumulado, con la idea de antes “ver cómo reacciona el sector”.

Por su parte, las cerealeras graficaron que ayer el que sonó fue el “teléfono rojo”. Las firmas aseguran que desde comienzos de marzo, cuando se redujo el cupo de exportación de 5 a 3,5 millones de toneladas, estuvieron vendiendo el cereal acumulado, que llegaba a 1.900.000 toneladas. Dicen que de ese total les quedan unas 150 mil toneladas. Además, la semana pasada Moreno les pidió cortar embarques al exterior para mejorar el abasto al mercado interno, con lo que, dicen las empresas, se sumaron otras 200 mil toneladas. Una parte de todo ese trigo acumulado no tendría la calidad que exige la molinería y otra porción se encontraría cerca del puerto listo para ser exportado, con la consiguiente demora a raíz de la cuestión logística, al igual que el tiempo que exige la cancelación de los ROE. “Se está vendiendo”, dicen, y responsabilizan de esta situación a productores, acopiadores y distribuidores.

El presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti, cercano a Moreno, responsabilizó tanto a exportadores como a productores. “Hay trigo, hay declaraciones juradas, pero ciertos exportadores se están sentando arriba. Se generó un ambiente restrictivo por parte de algunas cerealeras, impulsados por las declaraciones de la Mesa de Enlace, que pidió un boicot en el trigo”, señaló el dirigente. Por su parte, Yauhar detalló que “están escondiendo 1.500.000 toneladas. El Gobierno irá a fondo hasta encontrar el trigo y normalizar el mercado”. La escasez de oferta a causa de la retención del cereal se monta sobre una cosecha de 9 millones de toneladas, que es más que suficiente para abastecer al mercado interno, que demanda unos 5,5 millones de toneladas, pero resulta inferior a los valores históricos del trigo.

José Alvarez, titular del centro de industriales panaderos de Buenos Aires, reforzó la idea de que “si no aparecen los 3 millones de toneladas que tienen entre exportadores, distribuidores y productores, se pedirá la Ley de Abastecimiento”. En ese caso, podría comenzar a aplicarse, en cualquier etapa del proceso económico, “precios máximos y/o márgenes de utilidad y dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”, indica esa norma. Su aplicación se encuentra justificada cuando se elevan “artificialmente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos o se obtuvieran ganancias abusivas”. La entidad que agrupa a las panaderías también instó a sus asociados “a exigir a los molinos que les vendan el porcentaje de la harina al precio diferencial acordado” para poder satisfacer con la oferta de pan felipe a 10 pesos el kilo.