En la AFIP consideran que las provincias opositoras buscan hacer fracasar el blanqueo.
En la AFIP consideran que las provincias opositoras buscan hacer fracasar el blanqueo.
Imagen: Bernardino Avila.

Los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires quieren cobrarles Ingresos Brutos a quienes blanqueen dólares a través del Cedin. A pesar de la voluntad política de esas jurisdicciones para erosionar el alcance del blanqueo de capitales, la AFIP asegura que será operativamente imposible reclamar esos tributos a los contribuyentes. En la práctica, los fiscos provinciales no tienen cómo saber cuándo se originaron los fondos blanqueados, y a los contribuyentes les alcanza con decir que son deudas prescriptas. En la semana debut del blanqueo ingresaron a través de los Cedin alrededor de un millón de dólares, pero ya existen ventas de inmuebles comprometidas con ese instrumento por más de seis millones de dólares en Córdoba y Mendoza (ver aparte).

Los funcionarios de distintas provincias y de diferentes cámaras inmobiliarias, como la porteña Cucicba, consideran que quienes no adhieran al blanqueo con una ley provincial estarán facultados para reclamarle al contribuyente el ingreso de los impuestos jurisdiccionales omitidos y sus respectivas multas. A priori el razonamiento no es erróneo, aunque es engañoso.

La ley que implementó la exteriorización voluntaria exime del pago de Ganancias y demás impuestos nacionales a quienes participen del blanqueo, pero los tributos provinciales no están exentos formalmente. Entre Ríos es la única provincia que, hasta ahora, adhirió con una legislación propia. Por eso, técnica y legalmente, las provincias podrían cobrarlos. No obstante, como explicó Página/12 el lunes pasado, el cobro es impracticable.

Funcionarios de la AFIP y del equipo económico de la provincia de Buenos Aires reiteraron que será operativamente imposible cobrar los impuestos jurisdiccionales omitidos, ya que las administraciones fiscales locales no poseen, ni pueden acceder, a la información sobre los fondos blanqueados para realizar los ajustes impositivos. Pero incluso si eso fuera posible a partir de las declaraciones juradas que presenten los usuarios de los certificados, bastaría que los contribuyentes afirmaran que los fondos blanqueados se generaron –por una herencia, premio o ventas– en una fecha anterior a 2003 para quedar exentos, ya que esas deudas prescriben a los diez años (siempre y cuando no hayan sido intimadas, puesto que en esos casos corren otros plazos). En el caso de Capital Federal, la cobrabilidad está incluso más limitada, dado que los profesionales y diferentes actividades están exentas de pagar ingresos.

De todas maneras, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota afirmó que realizará un seguimiento sobre los contribuyentes de esa provincia que participen del blanqueo a través de los Cedin y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, respondió en una entrevista radial que su administración estudia cómo reclamar los tributos adeudados.

“No vamos a buscar a nadie, no vamos a hacer ningún listado, nosotros vamos a seguir con nuestra rutina y cobrar el impuesto en los casos que sea necesario y pertinente”, precisó a este diario el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. El funcionario de la Ciudad explicó que cuando, como resultado de una inspección de la AGIP –la dirección de rentas de la Ciudad–, se observe un incremento patrimonial generado por el uso de un Cedin se cobrarán los impuestos y los punitorios correspondientes. No obstante, Grindetti reconoció que si los contribuyentes declaran que esos recursos que ingresaron por el blanqueo provienen, por ejemplo, de una herencia del año 2002, no será posible gravarlos.

Más allá de los evidentes cuestionamientos sobre la equidad tributaria y financiera que se le pueden realizar al blanqueo, desde la AFIP recordaron que los usuarios del Cedin no estarán exentos de abonar los impuestos a los sellos al momento de las escrituras u otros impuestos transaccionales y tampoco exime al vendedor, por ejemplo en el caso de la compra de materiales para la construcción, de pagar Ingresos Brutos por esas operaciones.