El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, concurrirá hoy a las 12.30 a los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadío en una causa por las sanciones impuestas a las consultoras que miden índices de inflación. Moreno argumentará que ya hubo una causa por el mismo motivo, tras una denuncia de diputados de la oposición. Ese expediente, que instruyó el también juez federal Julián Ercolini, y que tuvo a Guillermo Marijuán como fiscal, archivó la causa porque “no se aprecia una actividad delictiva en los términos denunciados”. Moreno sostiene que las multas fueron aplicadas de acuerdo con la ley de Lealtad Comercial y que incluso tres consultoras –las de Melconian, Bevaqua y Ferreres– están siendo sometidas por la Justicia en lo Penal Económico con acciones impulsadas por los fiscales y hasta la intervención de las cámaras del fuero, dando curso a las actuaciones.

La causa que lleva adelante Bonadío fue iniciada por la consultora Finsoport que lidera Jorge Todesca, ex viceministro de Economía de Eduardo Duhalde. Los delitos que se imputan a Moreno son abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Secretaría de Comercio le aplicó una multa de 500 mil pesos por difundir índices de inflación muy superiores a los del Indec y que, según Moreno, no tenían rigor científico, eran engañosos y violaban la Ley de Lealtad Comercial. Como la misma norma prevé, varias consultoras –entre ellas la de Todesca– apelaron la multa ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que revocó las sanciones porque sostuvo que lo hecho por las consultoras no violaba esa ley. Sin embargo, esa Cámara no consideró que hubiera delito ni abuso de autoridad por parte de Moreno. Es más: todavía quedan algunas sanciones que no fueron revocadas por la Cámara.

Por otra parte, el abogado de Moreno, Alejandro Rúa, acompañó copia del archivo de una causa anterior que –según el letrado– fue iniciada exactamente por el mismo y también por abuso de autoridad por legisladores opositores como Patricia Bullrich, Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Amadeo y Gustavo Ferrari, entre otros. En ese expediente actuó el fiscal Guillermo Marijuán, y el juez Julián Ercolini decidió archivarla porque el funcionario aplicó el artículo 21 de la Ley de Lealtad Comercial, abriendo expedientes y produciendo las intimaciones previstas por la norma. “Las acciones del funcionario se enmarcan en un conflicto de neto carácter administrativo y que resulta ajeno al Derecho penal”, señaló Ercolini.

Por último, la Secretaría de Comercio decidió denunciar a tres de las consultoras ante la Justicia en lo Penal Económico porque consideró que existían ilícitos en el armado de sus índices de precios. Esas causas siguen hoy su camino, impulsadas por tres fiscales diferentes y ante tres jueces distintos, lo que indica –según la defensa de Moreno– que tampoco percibieron de entrada la existencia de delito por parte de Moreno. El secretario de Comercio tiene decenas de causas abiertas, gran parte de ellas iniciadas por el Grupo Clarín. Esta es la primera en la que será indagado y se presentará puntual ante el magistrado para dar sus respuestas.