El Banco Central presionaría a entidades bancarias para que respeten la normativa del blanqueo. Eso se debe a que fue alertado de que algunos bancos no brindan información correcta, impidiendo la operatoria. Hubo una sucursal que se negó a realizar el depósito de fondos, porque la persona no era cliente del banco. También hubo otros casos en que se exigió una justificación “pormenorizada” de los dólares. La reglamentación no aclara que esos elementos sean necesarios para exteriorizar.

La autoridad monetaria, informada de que algunas cosas no se están haciendo bien, difundiría esta semana un listado con los requisitos que pueden y que no pueden exigir los bancos para el blanqueo. Desde los cuerpos técnicos del sector público adelantaron algunos de los puntos que se encuentran en análisis.

Las entidades tienen que respetar dos clases de normativas. La primera surge de la propia Ley de Exteriorización. Y el requerimiento es que la persona firme bajo declaración jurada que sus fondos no provienen de actividades ilícitas (lavado de dinero, terrorismo, drogas). Eso no implicaría el pedido puntual del origen del dinero, mientras que se tenga en cuenta un equilibrio entre el éxito del blanqueo y el compromiso de no romper con instituciones como el GAFI.

La segunda normativa se refiere a las obligaciones del sistema financiero con reglas homogeneizadas internacionalmente. Como las entidades tienen que “protegerse” de no aceptar negocios ilegales, pueden indagar nuevamente –cuando lo consideran necesario– sobre domicilio, parentesco, ocupación de la persona que blanquea. El punto es que si alguien pretende pasar a la formalidad 5 millones de dólares, informando que su actividad es la de monotributista, el banco tiene razones para pensar que se trataría de un caso de lavado. En ese escenario, además de no aceptar la operación, podría estar obligada a realizar la denuncia a las autoridades. El Banco Central encontró también distintas fallas en la información que ofrecen algunos bancos. Entre esas se destaca el caso de una sucursal que le aseguró a un interesado que no podía blanquear porque no era cliente de la entidad. Esto no figura en ninguna reglamentación. “Puede ser que los bancos no se quieran hacer cargo de un externo, para no afrontar los gastos de la exteriorización”, dijeron referentes del sector. La sede que recibe el depósito cubre los costos financieros de la operatoria, mientras que la persona que blanquea no tiene recargo.

Ese problema de ahorrar costos (en una operatoria que no resulta provechosa para el sistema financiero) también se reflejó en otros frentes. Los bancos cumplieron el pedido del Banco Central de poner un encargado en cada sucursal para explicar el funcionamiento del blanqueo, pero en muchos casos no recibieron la capacitación necesaria. Eso genera fricciones al momento de las consultas, lo que termina enfriando la decisión de exteriorizar de algunos interesados.

El blanqueo de capitales es una apuesta fuerte del Gobierno para recomponer en forma temporal el stock de reservas internacionales, inyectar demanda en el bloque inmobiliario-construcción y conseguir financiamiento a tasas bajas para inversiones en energía. “No son pocos los motivos para pensar que las entidades bancarias intentan que la medida no cumpla con sus objetivos”, indicaron analistas.

La rama financiera obtuvo importantes excedentes durante los últimos años. El margen de rentabilidad fue de 10,2 por ciento en 2012, alcanzando un pico desde 2002. Sin embargo, los grupos financieros nunca le “perdonaron” al Gobierno sus políticas heterodoxas. Entre ellas se destacan el uso de bajas tasas de interés (como política económica para incentivar actividad, consumo e inversión). También la recuperación de los recursos de los jubilados, desplazando al sector de las finanzas del negocio especulativo de las AFJP.

A pesar de los desincentivos, el blanqueo de capitales continúa sumando operaciones. Ayer se efectuaron 33 movimientos, por un monto total de 1.633.000 dólares. Desde que comenzó el canje de los Cedin, las operaciones acumularon 3.023.000 dólares. Las entidades que suscribieron el certificado fueron, hasta ahora, Banco Nación, Provincia, Credicoop, Citi, Francés, ICBC, entre otros.

Informe: Federico Kucher.