El caso podría equipararse a varios de los que por estos días denunció la AFIP, acusando de millonarias maniobras de evasión a reconocidos empresarios y empresas multinacionales. Tanto es así que parece ideado por un argentino. Hay muchos elementos en común: la defraudación al fisco, la sofisticada ingeniería contable para ocultar una operación inverosímil, estudios de abogados que cobran fortunas para darle un marco legal y ejecutivos que son recompensados con suculentos “bonus”. Sin embargo, hay diferencias. La más notable es que el principal involucrado no está hoy de vacaciones por Europa ni opinando en los medios sobre sus “diferencias de criterio con la DGI”, sino que se encuentra acorralado en un juzgado de las afueras de Nueva York, sometido al escarnio público. La otra gran diferencia es que el supuesto evasor no pudo invocar su reputación como hacedor de respetables negocios capitalistas o creador de miles de empleos. Y eso que chapa no le falta: es uno de los premios Nobel de Economía más famosos.
La noticia pasó desapercibida en Argentina, pero en Wall Street es seguida cual telenovela. El juicio es un test decisivo para el Estado norteamericano en su lucha contra el aprovechamiento espurio de desgravaciones impositivas por parte de grandes holdings, un agujero negro por el que anualmente se escurren miles de millones de dólares.
Pero el interés que despierta se debe a otro motivo. El principal involucrado es nada menos que Myron Scholes, laureado Premio Nobel de Economía, quien desarrolló una técnica de valuación de acciones que hoy forma parte del saber convencional del mundo de las finanzas. Scholes era socio del fondo de inversión LTCM (Long Term Capital Management), cuyo colapso en 1998 requirió de la intervención del gobierno norteamericano para evitar la amenaza de un pánico financiero global.
Según el IRS (Internal Service Revenue), la implacable DGI norteamericana, Scholes y sus socios armaron un negocio para evadir 56 millones de dólares. La operación consistió en adquirir por sólo 4 millones una firma londinenses dedicada al leasing de computadoras, que a su vez contaba en sus balances con créditos fiscales aplicables en Estados Unidos por 375 millones de dólares. Así, en 1997, LTCM utilizó 106 millones de dólares de esos créditos para descontar un monto equivalente de ganancias de sus balances.
El martes y miércoles último, Scholes atestiguó como imputado ante el Tribunal. De acuerdo con las impecables crónicas aparecidas en The New York Times, lo suyo fue un verdadero bochorno. El IRS sólo admite esta clase de operaciones cuando el contribuyente puede exhibir que tienen una lógica económica propia, más allá de los beneficios fiscales que conllevan. Sin embargo, durante casi tres horas, el fiscal del Departamento de Justicia, Charles Hurley, un empleado público de carrera, demostró, con el Nobel sentado en el banquillo, cómo de las propias palabras y acciones del acusado quedaba claro que la compra de la empresa londinense no podía buscar otro rédito que apropiarse de los beneficios impositivos.
–Ya dije que no era un experto en temas impositivos –se atajó en un momento el Nobel, visiblemente nervioso y dubitativo.
El fiscal puso entonces sobre el escritorio una copia del libro de texto de cabecera de la escuela de negocios de Stanford, Impuestos y estrategia de negocios, cuyo autor es, por supuesto, Myron Scholes. Citando páginas del libro, Hurley ahondó en las contradicciones de Scholes, con el propósito de confirmar, una y otra vez, que nadie mejor que él sabía que si la operación en cuestión no reportaba a LCTM una ganancia en sí misma, al margen de la desgravación impositiva, era ilegal.
El fiscal solicitó al Nobel que pusiera un número sobre los potenciales beneficios de la compra por parte de LCTM. “Entre 900.000 y 1 millón de dólares”, respondió Scholes. Luego accedió a hablar de los gastos. Más de 900.000 dólares cobraron los prestigiosos estudios de abogados que opinaron sobre la legalidad de la maniobra. El remate llegó con la pregunta del millón (o de los millones). “Sí”, respondió Schole cuando le preguntaron si había recibido un bonus multimillonario de sus otros socios por haber encontrado la compañía londinense que habilitó el ardid. Así, entre el costo de los abogados, los bonus a Scholes y a otros ejecutivos, la operación sólo podía ser rentable como estrategia para evadir. Un final para Hollywood. No para la realidad argentina, al menos, por ahora.