Diego Bossio, titular de Anses. Pese a los resultados, sigue cuestionado por la oposición.

El aumento de las jubilaciones que se suceden año a año, semestre a semestre más precisamente, pareciera un hecho mágico por su magnitud, en especial a partir de 2011. La suba para todos los beneficiarios (no sólo los que cobran la mínima) del 37 por ciento en 2011, 31 por ciento en 2012 y 31,8 por ciento en 2013 dejó a muchos críticos del régimen de la movilidad jubilatoria sin demasiado argumento. Y a varios, sin voluntad de recordar los cuestionamientos y pronósticos que hicieron cuando se discutió la fórmula de movilidad, entre mediados y fines de 2008. Quienes defendieron entonces la propuesta oficial afirman que estos sectores de oposición “jamás entendieron la lógica” de la movilidad jubilatoria, que le otorga sustentabilidad en el tiempo porque no desfinancia el sistema previsional, pero además acompaña en forma encadenada el crecimiento económico, la evolución del empleo y de los salarios, retroalimentándose. El régimen lleva cinco años de vigencia y, en el balance, no sólo resulta soprendente su éxito –más aun repasando las políticas aplicadas en el pasado–, sino que además se ha convertido en una dinámica herramienta de inclusión social.

Pocas veces en la historia habrá sucedido un debate político tan intenso en torno de una fórmula matemática. Es la que propuso el gobierno nacional para aplicar, desde 2009 en adelante, la actualización de los haberes jubilatorios. Fórmula que suponía abandonar el criterio de aumentar exclusivamente el piso de haberes, pero además combatía lo hecho por administraciones anteriores (Menem, De la Rúa) al congelar las jubilaciones e inclusive practicarle recortes, siempre arbitrariamente y en función de las urgencias fiscales del momento (que prevalecían sobre las urgencias de los afectados).

La fórmula se basó en cuatro componentes: la evolución de los salarios de los activos, la marcha de los ingresos fiscales totales (tributarios y previsionales), la evolución de la recaudación previsional en particular y la variación en la cantidad de beneficiarios del sistema. Cuanto más crecieran los tres primeros componentes, mayor sería el índice de aumento de las jubilaciones. Cuantos más beneficiarios hubiera en el sistema, menor sería el aumento, para equilibrar mayores recursos con más beneficiarios sin desfinanciar al sistema.

La fórmula proponía que si subían los salarios de los activos, ello impulsaría el aumento de las jubilaciones: un mecanismo de “enganche” hasta entonces sólo existente en meros enunciados políticos. Los otros componentes harían las veces de “recaudo” para garantizar el financiamiento. El resultado fue el menos esperado por quienes desalentaron su aplicación y describieron del modo más apocalíptico sus consecuencias: el fuerte aumento de la recaudación, tanto tributaria como previsional (y pese a un alto índice de incorporación de más beneficiarios al sistema), llevó a que la fórmula arrojara un aumento a los jubilados varios puntos superior en cada año a los recibidos por los trabajadores activos.

“El principio central de la fórmula es cómo financiar, con los aportes y contribuciones al sistema más los ingresos fiscales, el mayor aumento posible a los jubilados”, recordó a Página/12 el diputado nacional Eric Calcagno, titular de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Garantía Previsional. “Toda la discusión posterior y los diversos intentos de descalificar la fórmula, primero, e imponer el 82 por ciento móvil a las jubilaciones, después, tuvo como única intención desfinanciar al Estado”, apunta. En septiembre, la nueva jubilación mínima (2477 pesos) representará el 75 por ciento del salario mínimo vital de los trabajadores activos (3300 pesos). Agrega Calcagno que “es una proporción que seguirá subiendo de manera sostenible; en cambio, si hubiéramos hecho lo que proponía la oposición, habríamos condenado el sistema a la insolvencia”.

Según recordó el mismo legislador del FpV, “cuando discutimos esta fórmula explicamos la correlación existente entre mayor actividad y más empleo en blanco, por lo tanto más aportes previsionales, y a la vez, entre más actividad económica y mayor recaudación de impuestos; la fórmula de movilidad previsional expresa la voluntad política de enganchar los haberes jubilatorios en ese círculo virtuoso, lo mismo que las inversiones del fondo de garantía de Anses, tan criticado: las inversiones tienen que respetar como pauta que sean orientadas a áreas de la economía sólidas, como la energía; que ofrezcan suficientes garantías a los recursos; que ofrezcan una buena tasa de retorno a la inversión y que generen empleo. Hay sectores que no quieren entender que son cuestiones vinculadas, que pretenden hacer de la financiación de Anses un pilar del crecimiento. Recortar la realidad es un mal del pensamiento liberal, por eso no se entiende o se rechaza esta lógica”.

Cuando Diego Bossio, titular de Anses, visite una vez más la Comisión de Seguimiento de los Fondos de la Seguridad Social –es seguro que se lo citará después de las PASO– deberá volver sobre estos mismos temas. La aplicación del aumento a siete millones de jubilados a partir de septiembre implica una inyección de 36.800 millones de pesos en un año que se agregan al circuito de consumo: otra pieza clave del círculo virtuoso.

Cinco años en movimiento

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