Bajo el título “¿Desarrollo o Semicolonia? Acuerdo YPF - Chevron”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió un artículo de opinión sobre las consecuencias que para la soberanía nacional tiene el reciente contrato que YPF Argentina firmó con la petrolera estadounidense Chevron. Dado el prestigio adquirido por el autor de la nota, es probable que su reflexión sea del agrado de un vasto espectro de lectores. Sin embargo, por la importancia del tema, debatido a izquierda y derecha –y por la cantidad de elementos erróneos que contiene–, vale la pena rebatir varios aspectos, en tanto su prestigiosa trayectoria nada tiene que ver con el conocimiento del sector energético, a la vez que no contribuye a ningún debate fundado siquiera sobre temas calientes como soberanía, medio ambiente o desarrollo.

En primer lugar, la Argentina recién comienza a incursionar en el área de los recursos no convencionales. La cuantificación efectuada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE por sus siglas en inglés) es precisamente eso, una cuantificación de recursos. Como tales, potenciales. Los recursos deben ser convertidos en reservas comprobadas. En Argentina sólo se ha certificado el uno por mil de esos recursos no convencionales. Por lo tanto, el primer error muy grueso es llamar reservas a lo que sólo son recursos.

La conversión de recursos en reservas requiere de un largo proceso que implica no sólo cuantiosas inversiones, sino además de un tiempo de maduración del conocimiento que, según se estima, puede rondar los cinco años o más, dado que las etapas de concepto, pruebas piloto, determinación de la curva de aprendizaje y finalmente la explotación comercial no pueden llevar menos que eso. Adicionalmente, mientras ello ocurre se debe disponer de la infraestructura y logística de agentes de sostén y suministro de agua. Una sola fractura hoy implica transportar alrededor de 50 camiones cisterna al pozo donde se realizará la fractura. Cada pozo puede requerir varias fracturas en el tiempo. La etapa de aprendizaje requiere de la perforación de un número considerable de pozos por año. Para producir hidrocarburos en forma comercial e inyectar el agua se requiere construir una red de suministro de agua, infraestructura de producción y almacenamiento de agentes de sostén (proppants), productos químicos para tratar las aguas e instalaciones, abastecerse de múltiples equipos de presión y obtener los de perforación de pozos en cantidades muy significativas. Estos últimos son provistos por empresas de servicios petroleros, todas multinacionales. Muy pocas empresas petroleras integran en su cadena estos servicios a pesar de que con los actuales precios del petróleo podría convenirles y algunas piensan en ello.

Toda esta logística es muy distinta en cantidad –y a veces en tipo– de la requerida para la explotación convencional. Del mismo modo, el uso posible de aproximadamente el 30 por ciento del agua utilizada, que es de reflujo, debe ser tratada y el sobrante depositado de modo seguro para cumplir las normas ambientales vigentes, todo lo cual debe analizarse experimentalmente, precisamente para que la explotación sea sustentable.

Ninguna empresa de servicios traería la cantidad de equipos necesarios antes de terminar la etapa de piloto y ramp-up. La Argentina hoy se halla entre la etapa de concepto y la de piloto y debe poder conocer el potencial de explotación y la forma de hacer la explotación viable en términos económicos y ambientales. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron sólo afecta al 1,3 por ciento de la superficie de la formación Vaca Muerta.

El país requiere de forma urgente despejar la incógnita y sobre todo poder incrementar la producción de petróleo y gas. Un aspecto que también hace a la soberanía es el autoabastecimiento, dado lo degradado del término en tiempos de un mundo global. Los yacimientos de hidrocarburos comerciales conocidos en Argentina entraron en declinación en 1998 y los de gas en 2004. Puede ser que algo de esta declinación se desacelere con mayores inversiones, pero la tendencia es clara y podría afirmarse irreversible. La búsqueda de recursos convencionales deberá continuar, pero ello es una apuesta a más de diez años, pues la actividad exploratoria declinó desde las privatizaciones. Esta realidad enfrenta al país con importaciones crecientes de gas y derivados, lo que a su vez tiene tal importancia macroeconómica que nadie puede desconocer, dado que afecta directamente la sostenibilidad del crecimiento y del empleo y, por consiguiente el tema de la posibilidad de combatir la pobreza. Resta la cuestión implícita de un estilo de desarrollo alternativo, pero eso transita un andarivel de pensamiento y prácticas complejas en un mundo global. Nadie quema su casa en pos de mudarse a un palacio imaginario a menos que desee vivir en la calle o bien las circunstancias lo obliguen. Siendo así, la alternativa real es ser importador –lo que implica, en el caso argentino, disminuir en puntos poco imaginables el PBI– o bien luchar por recuperar el autoabastecimiento.

La segunda falacia se refiere a las empresas estatales latinoamericanas, lo que textualmente deviene de esta frase de la nota en cuestión: “¿Es tan difícil pensar en una YPF ciento por ciento pública y nacional que haga convenios estratégicos de unidad latinoamericana con las petroleras Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia) y Ancap (Uruguay)? ¿Es tan difícil pensar que los recursos naturales de los latinoamericanos sean de los latinoamericanos? (http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3278).

Dado que el término demagogia suele aplicarse supuestamente a los políticos y gobernantes populistas de un modo despectivo, varios aspectos aquí merecen ser aclarados, porque la anterior afirmación no condice con ninguna realidad concreta: a) Pdvsa se asocia con grandes multinacionales (BP, Chevron-Texaco, Total, Lukoil y CNPC) para la explotación de un tipo particular de recursos no convencionales: los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya certificación de reservas como comprobadas, a partir de la iniciativa Magna Reserva lanzada en 2005, colocó a Venezuela en 2012 como el país de mayor cantidad de reservas comprobadas, superando a Arabia Saudita, lo que no significa que esas reservas estén en producción; b) Petrobras, empresa estatal capitalizada, líder en tecnologías para la exploración y explotación en aguas ultraprofundas, busca socios externos para desarrollar tanto recursos convencionales como no convencionales, en este último caso el PreSal, a pesar de que para su explotación ha creado un marco legal específico que se deriva de su absoluto liderazgo en el descubrimiento y pruebas iniciales de este potencial megayacimiento; c) YPFB se halla condicionada en su accionar, porque al igual que en Argentina, las privatizaciones dejaron en manos de transnacionales y de la propia Petrobras (una “Translatina”), el desarrollo de reservas comprobadas en forma previa y difícil de revertir y d) Ancap no tiene experiencia alguna en la producción de hidrocarburos, dado que Uruguay es un importador absoluto de petróleo, gas y algunos derivados. Es más, en este último caso la propia Ancap estudiaba cómo crear un marco atractivo para atraer capitales extranjeros privados a la exploración, dado que deseaba incursionar en el upstream petrolero. Recordemos además que Petrobras opera en Argentina como importante operador privado y en Bolivia opera los bloques San Alberto y San Antonio, que albergan las mayores reservas de gas natural del país.

Aunque existen más aspectos de la nota que son erróneos y falaces –entre ellos una mala lectura de los aspectos tributarios–, el espacio no permite extenderse pormenorizadamente sobre ellos.

Tal vez lo que este tipo de mensajes no le dice al público lector es qué le sucedería al país si tuviera que afrontar importaciones adicionales de 30 ó 40 mil millones de dólares por año y qué clase de vida deberían vivir los argentinos si ello ocurriese, como así también qué se le ocurre al autor para evitar enfrentar la demanda de combustibles, siendo que la Argentina presenta un indicador de consumo de energía por habitante que supera al de China y al promedio mundial (pero es cerca de la mitad del de los países desarrollados como Alemania y Japón, y cerca de un cuarto del de los de los Estados Unidos), siendo que a la vez el número de automóviles por habitante se halla en un valor que es 40 por ciento del de países como Alemania, España, Japón y Francia, bastante inferior al de casos como los de México, Hungría e Israel, pero aún supera al de China en cerca de cuatro veces.

Por eso, si la discusión es en torno de si “los argentinos debemos debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de quiénes, sin olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y debemos cuidarla y honrarla”, ello no puede ser llevado a cabo de modo honesto sin proponer una profunda discusión acerca de qué estilo tecnológico, de consumo, de producción y organización social política y económica se propone y con qué países debería la Argentina aliarse para poder lograrlo. Ello claro está, si es que alguno de ellos ha logrado resolver el equilibrio entre las diversas dimensiones del desarrollo sustentable en alguna parte del planeta o bien si un país puede, debe y desea aislarse totalmente del resto del mundo.

* Vicerrector A/C Sede Andina UNRN. Experto en energía y desarrollo.