En otro gesto que marca las diferencias conceptuales en materia de tarifas públicas entre el Ministerio de Economía y el de Planificación, el titular de este último, Julio De Vido, firmó ayer un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), por el cual esta casa de estudios prestará asesoramiento técnico en temas referidos a la regulación y el control de los servicios públicos. Los estudios de Flacso sobre tarifas, cuyo principal analista es Daniel Azpiazu, se han caracterizado siempre por su dureza en el tratamiento hacia las concesionarias de las privatizadas y su oposición a todo argumento en favor de un aumento. Ahora, la convocatoria a los técnicos de Flacso al momento de inicio de la revisión de contratos suena a una imposición de límites a los eventuales reclamos de los prestadores.
De Vido señaló que “coincide ideológicamente” con las posiciones que expresa normalmente Flacso en sus trabajos. Aclaró, además, que este convenio no tendrá un costo para el Estado, ya que sólo pagará un honorario “cuando se requieran trabajos especiales”. Entre las tareas que el convenio le asigna a Flacso, se contemplan también informes referidos al destino y composición de la inversión pública, además de las relacionados al estudio de la evolución, regulación y control de los servicios públicos.
La postura crítica de De Vido hacia la prestación de los servicios públicos en muchos de los rubros privatizados ya había sido expuesta el martes último, durante la prolongada reunión que el ministro mantuvo con la Mesa de Conducción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Allí quedó de manifiesto la distancia conceptual con respecto al ministro de Economía, Roberto Lavagna. “Mientras Economía quiere renegociar los contratos y conceder aumentos de tarifas paralelamente, Planificación dice que hay que empezar por revisar los contratos”, resumió una fuente gremial que participó del evento.
El titular de Planificación también consideró “atinado el planteo” de una tarifa social para los sectores de menores ingresos, aunque en el encuentro con la CTA había discrepado parcialmente en el alcance de dicho concepto. “Conceptualmente, yo me inclino más en favor de un esquema de segmentación; una segmentación en la que tenga una alta fuerza el esquema social”, afirmó, tras lo cual explicó que “hay un sector de la sociedad que no puede, bajo ningún aspecto, hacerse cargo de un aumento” en el valor de las tarifas de los servicios públicos.
“En este caso la coincidencia es absoluta”, recalcó De Vido. Sin embargo, los dirigentes de la CTA habían planteado la necesidad de aplicar una tarifa reducida, tanto por eliminación de impuestos como por renuncia a las utilidades por parte de las concesionarias, para aquellos sectores sin empleo, jubilados y hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza. “Hay matices técnicos que se van a ir desarrollando a medida que avancen las negociaciones”, expresó ayer el ministro haciendo referencia a que el tema no está cerrado.