El ciclo político del kirchnerismo ha tenido una característica que genera controversia respecto de cuestiones económicas. Para algunos, para bien, y para otros, para mal, según preferencia. Antes y después de elecciones, desde la primera de medio término en 2005 hasta la última presidencial de 2011, no se deben esperar bruscos cambios en las líneas rectoras de la gestión económica. Ni eventuales reemplazos en el Gabinete. En los hechos han sido pocos teniendo en cuenta el largo período de esta experiencia política, aunque el Ministerio de Economía ha sido la excepción con siete protagonistas. En comicios anteriores desde la recuperación de la democracia en 1983, la especulación sobre planes económicos y recambio en el elenco de ministros dominaba el debate preelectoral y era el tema preferido de analistas políticos y de los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. En especial, sobre el ministro de Economía y las futuras medidas que se implementarían luego del recuento de los votos. Así fue durante el alfonsinismo, con Juan Vital Sourrouille el menemismo, con Domingo Cavallo; y el gobierno de De la Rúa, con José Luis Machinea. En los años del kirchnerismo, quien ocupa la poltrona del Palacio de Hacienda puede permanecer o ser desplazado del cargo, como sucedió desde 2003 con Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou y Hernán Lorenzino, sin que haya por eso una previsión de alteraciones en el manejo de la economía, lo que no significa ausencia de iniciativas y reformas que impactan en diferentes sectores. La particularidad de este período no es la falta de medidas económicas, más bien existe hiperactividad en la materia, sino el modo de gestión de la cuestión económica.

El elemento para comprender la diferencia entre especulación sobre ministros y planes y la permanencia de un modo de gestión es el hecho de que la economía quedó subordinada a la política. Esto implica que la política determina cuáles son los objetivos económicos deseados y detrás de ellos se disponen medidas necesarias para alcanzarlos. Esta definición fue informada desde el comienzo por el kirchnerismo en sentido opuesto a la dinámica dominante de las experiencias políticas anteriores. De ese modo los principales acontecimientos en materia económica que se de-sarrollaron a lo largo de estos años tienen la marca de origen de esa enunciación. Por eso no hay preaviso en iniciativas fundamentales de la economía kirchnerista. Es una gestión por lo tanto adaptativa en el espacio de la economía, aspecto que molesta al establishment acostumbrado a ser consultado previamente y a la ortodoxia porque va a contramano de sus postulados e inquieta al universo de los denominados técnicos que prefieren elaborar programas.

Ante crisis, como la internacional de 2009, o diversos desafíos que irrumpieron en la escena local, como el de un sector del campo en 2008, la sucesión de medidas implementadas estuvieron en función de preservar objetivos económicos predeterminados por la política, o sea por el gobierno elegido por la voluntad popular. De ese modo la secuencia del proceso económico ha ido a contracorriente del deseado por la mayoría de los técnicos. Frente a una situación traumática, la respuesta habitual de los denominados especialistas es resignar la preeminencia de la política en la orientación de la economía con la difusa promesa de recuperarla luego de enfrentar los peligros que acechan a la estabilidad. Es habitual que los planteos sean que la economía acumula profundos desequilibrios que deberían ser atendidos con urgencia para evitar males mayores. Diagnostican la inconsistencia de las variables macro exigiendo un inmediato ajuste. La agenda es conocida por reiterada a lo largo de años. Las medidas son en general de ajuste fiscal, monetario, cambiario y del mercado sociolaboral. El ensayo de esas recetas en el pasado señala que de ese modo el gobierno queda debilitado y la política difícilmente pueda recomponerse, quedando entonces más subordinada a la visión economicista.

La decisión de desafiar esa concepción no ha implicado transitar sin complicaciones la cuestión económica. Por el contrario, ha puesto bajo presión el vínculo con variados sujetos sociales y económicos con capacidad de influencia en la sociedad. Esta situación se manifiesta por ejemplo en un trilema de política económica: crecimiento, empleo-distribución del ingreso o precios. Si se optara por las dos primeras variables se generarían tensiones en la última, como ha sucedido hasta ahora en uno de los períodos de crecimiento más elevado de la historia argentina moderna. A la vez, si se buscara contener los precios vía instrumentos convencionales de política económica (restricción fiscal y/o monetaria, apreciación cambiaria y suba de la tasa de interés), se resentiría la evolución de la actividad y el empleo. El conocimiento de la existencia de este trilema resulta importante en el momento del debate sobre la inflación.

La resistencia de subordinar la política a la economía ha tensionado también la noción corto y largo plazo y, por lo tanto, el concepto de planificación como instrumento destinado a corregir y reorientar los cursos de acción de los mercados. Aquí emerge el debate de si el largo plazo se puede construir con una sucesión de medidas de corto que predeterminan objetivos de largo o si se debe establecer una meta para preparar luego medidas para conseguirla. Se trata de elegir qué tipo de orden prevalecerá que, más allá de la pretensión en algunas áreas y de presentaciones públicas, en los hechos el gobierno se ha inclinado hacia la primera opción.

Luego del contundente triunfo electoral con el 54 por ciento en octubre de 2011, la correlación de fuerzas sociales y políticas emergente de esa elección presidencial abría las puertas para avanzar en la segunda alternativa (planificación de largo plazo), ingresando así en un espacio poco frecuentado en este ciclo político, instancia expresada en varios programas oficiales. Esto implicaba redefinir marcos de intervención de la política económica y social más afinados. Esta idea había comenzado a expresarse en discursos oficiales y en la presentación de planes estratégicos sectoriales (industrial y agroalimentario). Pero el desarrollo de los acontecimientos (fuga de capitales y déficit comercial energético) reafirmó la concepción original del kirchnerismo: intervenir a su estilo, es decir con mucha intensidad, en el corto (regulación de la cuenta capital y administración del comercio exterior), para enfrentar una situación conflictiva. Irrumpió un problema histórico de la economía argentina: la restricción externa. Esta limita el crecimiento afectando la coyuntura, lo que no invalida que además de medidas de urgencias de corto plazo requiera de una estrategia de largo para alcanzar el objetivo de desplazarla y deje de condicionar el desarrollo de la economía.

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