“La política salarial sólo afecta al 19 por ciento (en realidad, 19,8) de la fuerza de trabajo”, señala el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, adoptando una posición muy crítica de los anuncios salariales lanzados el jueves por el Gobierno. El porcentaje surge de restar de la población activa a los desocupados (alrededor de 20 por ciento), luego deducir a la mitad de ocupados que trabajan en la economía no registrada, y excluir finalmente del subconjunto de trabajadores formales –un 34 por ciento de la mano de obra– a los empleados públicos, no alcanzados por el blanqueo del plus no remunerativo de 200 pesos, dado que no lo perciben. Tampoco les llega el incremento del mínimo porque cobran más que ese piso. Por ende, si apenas uno de cada cinco asalariados forma el contingente de trabajadores beneficiados, la medida oficial será poco eficaz y no muy equitativa, cualquiera sea el objetivo que se proponga.
Para Claudio Lozano y Tomás Raffo, autores del documento del IdEF, como los anuncios no combaten la “degradación” laboral, “el objetivo de incrementar el salario mínimo no pasa de ser una formalidad”. A guisa de demostración numérica indican que el costo fiscal de la medida adoptada asciende a 600 millones de pesos anuales, y que éstos sólo representan un 6 por ciento del superávit primario que Hacienda alcanzaría este año. En realidad, el costo de las decisiones anunciadas recae casi enteramente sobre los empleadores privados, si es que acatan el aumento del salario mínimo y la incorporación al sueldo de los 200 pesos extrasalariales.
La posición de la CTA es que el Gobierno debería garantizar un ingreso mínimo a los desocupados, lo cual permitiría un incremento de los salarios del conjunto de los trabajadores, tengan o no ocupación, incluso porque con ello se reduciría la presión que un ejército de desocupados carentes de ingresos, o con subsidios ínfimos, ejerce sobre las condiciones imperantes en el mercado de trabajo. En concreto, Lozano y Raffo reiteran la propuesta de otorgar a cada jefe de hogar desocupado un seguro de empleo y formación, en línea con el costo de la canasta básica total del IPC que calcula el INdEC y demarca el territorio de la pobreza.
Es obvio que esta política, que inyectaría demanda de consumo en la medida en que los precios se mantuvieran relativamente estables, chocaría con la idea misma del superávit primario, que mide el exceso de ingresos sobre gastos del Estado antes de pagar los intereses de la deuda. Por tanto, la noción de superávit primario lleva naturalmente a su aplicación a los servicios del endeudamiento. Si esos fondos se utilizan para cualquier otro fin, dejan de ser superávit, y esto implica que se pagará menos o nada a los acreedores, lo cual a su vez generaría otras consecuencias sobre la economía.
Para la CTA, de todas formas, con el superávit primario que se está alcanzando “estaríamos en condiciones de devolver en pesos (y no en bonos) el 13 por ciento a los jubilados, pensionados y trabajadores del Estado que estuvieran por debajo de la línea de pobreza, una asignación universal de 30 pesos a los menores de 18 años (evitando la discriminación existente para los hijos de los trabajadores clandestinos y de los desocupados) y una asignación para los mayores de 65 años sin jubilación ni pensión. Cifran el costo de la propuesta en cerca de 4000 millones, o 40 por ciento del superávit primario esperado.
Lo cierto es que en un anuncio anterior, el Gobierno lanzó una campaña contra la evasión de impuestos y de contribuciones a la seguridad social, que pretende reducir drásticamente el negreo laboral, alterando así en un aspecto clave el mapa sobre el que edifica su propuesta la CTA. Lo que está por verse es la eficacia que alcanzará la AFIP, ya que hay amplios sectores de la economía, donde están situadas masivamente las pymes, que por su baja productividad necesitan evadir para sobrevivir a la competencia, o donde la evasión (por ejemplo, cobrar el IVA sobre las ventas para apropiárselo) es la única fuente de ganancias.
En base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que releva el INdEC, el IdEF muestra que del total de la fuerza de trabajo con que cuenta la Argentina, sólo el 57,1 por ciento son asalariados, y que los registrados del sector privado son un 19,8 por ciento del total. Mientras se mantenga este panorama, cualquier política que actúe por adentro del mercado de trabajo alcanzará a una modesta fracción de los trabajadores, profundizará las asimetrías entre éstos y los demás, y eventualmente operará como un incentivo adicional a la clandestinidad laboral.
Si se atiende a algunas reacciones empresarias, que mencionan un fuerte impacto de las medidas sobre los costos laborales, un eventual traslado a precios de ese incremento debería ser pagado por todos los trabajadores, ocupados o no, aunque no reciban beneficio alguno. Lo mismo ocurriría con los jubilados que ya perciben el nuevo mínimo de 220 pesos. Los empleadores más afectados serán lo que pagan en blanco, y particularmente si emplean mano de obra no calificada y la remuneran pobremente. Sin embargo, el efecto también alcanzaría a todas las empresas que otorgan adicionales por conceptos diversos, desde presentismo a antigüedad, ligados a básicos de convenio que se verían remolcados por el reajuste del mínimo vital. Pero esos pluses suelen ser meras excusas para ennegrecer parte de la retribución. También se encarecerán los despidos, como cualquier otro pago al que gradualmente se irán incorporando los 200 pesos no remunerativos.
Gran parte de la mejora supuestamente destinada a los operarios está pensada en realidad para el fisco, que soporta su mayor déficit en el balance de la seguridad social y quiere forzar un blanqueo de salarios, mientras a los empleados públicos (gasto) se los excluye del paquete, y a su empleador (el propio Estado) también. Restando el costo de la pequeña mejora jubilatoria, los anuncios pueden contribuir al superávit primario –mucha de la que cobrarán los acreedores– que cuestiona la CTA.
En cuanto al impacto cobre el Coeficiente de Variación Salarial, una decisión tomada por Roberto Lavagna en tiempos de Eduardo Duhalde se le vuelve ahora en contra. El INdEC recibió entonces la arbitraria instrucción de no computar como salario el plus concedido a los trabajadores por el Gobierno, con lo que no varió el CVS, parámetro con el que se indexan alquileres y deudas de particulares con los bancos. Ahora, salarializado el añadido, tendrán que soportarlo también quienes no cobren aumento alguno.