La Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura de Neuquén dio ayer dictamen favorable, por 9 votos contra 4, al decreto provincial que respalda el acuerdo de YPF-Chevron para trabajar en conjunto en Vaca Muerta. Los legisladores kirchneristas y sapagistas apoyaron la iniciativa, mientras que se opusieron los representantes de la UCR, Libres del Sur, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Nuevo Compromiso Neuquino. La única ausencia fue la del secretario de la comisión, Daniel Andersch, un hombre del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que responde al sindicalista Guillermo Pereyra, quien se retiró antes de votar. Ahora resta que el texto se debata en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde el oficialismo tiene mayoría. Por lo tanto, el proyecto sería tratado en el recinto el próximo miércoles 28 de agosto.

El 15 de julio, el gobierno nacional aprobó por decreto un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras. Esa regulación rige para todas las empresas que tienen concesiones en el país y para las que se asocien con los titulares de esos permisos, pero fue una consecuencia directa de la negociación que YPF mantuvo con Chevron para lograr su desembarco en el área Loma Norte-Loma Campana de Vaca Muerta. De hecho, el acuerdo entre ambas compañías se firmó un día después de que se publicó el decreto.

Una vez cerrado el convenio, apareció en escena Neuquén, porque las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994 y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con el cumplimiento de ese mandato al firmar el decreto 546, donde se estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. En noviembre de 2006, el Congreso fue más allá al sancionar la Ley 26.197, que les transfirió la totalidad de los yacimientos.

Lo primero que hizo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, fue adherir al nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras. Luego firmó un decreto que respalda el acuerdo entre YPF y Chevron, avalando la extensión de la concesión de YPF en el área por 22 años, y lo elevó a la Legislatura. El gobierno provincial tiene mayoría en la cámara, pero la derrota que sufrió Sapag el domingo en la interna del MPN, a manos del sindicalista petrolero, Guillermo Pereyra, le puso cierto suspenso al trámite, pues Pereyra se opone.

El debate en la Legislatura comenzó ayer después del mediodía y se extendió por más de siete horas. El primero en exponer fue el ministro de Energía de la provincia, Guillermo Coco, quien se esforzó por remarcar que se garantizará el respeto al medioambiente. El funcionario sostuvo que cada pozo petrolero que se perfora requiere un estudio de impacto ambiental, aseguró que esos estudios fueron presentados para los pozos ya realizados y que se hará lo propio a medida que se decida avanzar con nuevas perforaciones. De ese modo, Coco retrucó las acusaciones de legisladores opositores que, luego de que se decidió no tratar el acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente, denunciaron una maniobra para eludir los controles ambientales.

Desde la oposición, también se cuestionó que el acuerdo YPF-Chevron tenga cláusulas de confidencialidad y se afirmó que la extensión de la concesión por 22 años es inconstitucional. “En la comisión dije que el artículo 35 de la Ley nacional 17.319 y el artículo 34 de la Ley provincial 24.053 establecen claramente que las concesiones tienen una vigencia de 25 años y pueden ser prorrogadas hasta por 10 años, pero en este caso la extensión es por 22 años”, aseguró a Página/12 el legislador de Libres del Sur, Jesús Escobar, uno de los cuatro que votaron en contra. Coco reconoció la situación y se limitó a responder que luego se buscará reformar esa legislación.

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