Yuefen Li, jefa de la sección Deuda y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio (Unctad), aseguró que el fallo del juez Thomas Griesa, de Nueva York, dictado a favor de los fondos buitre en una demanda contra Argentina, “estremeció al mundo, y sigue habiendo gran preocupación por las consecuencias sistémicas que podría tener una resolución del Tribunal de Apelaciones en igual sentido”. Durante su exposición en el seminario “La Agenda para el desarrollo y la integración”, la economista china advirtió que Argentina deberá insistir en la corresponsabilidad que tienen acreedor y deudor en un contrato de deuda, y en la importancia que tuvo la reestructuración (canjes) de deuda para que Argentina “volviera a tener una posición sustentable”. Yuefen señaló que en la Unctad preocupa que un fallo adverso a Argentina pueda complicar futuras reestructuraciones de deuda, mientras que “en el FMI hay temor a perder, por este camino, su trato de acreedor preferencial”.

La funcionaria de la Unctad compartió el panel “Los países del Sur: desafíos y oportunidades en un período de transformaciones” con Mark Weisbrot (director del Centro de Investigaciones de Políticas Económicas, de Washington), Guillermo Wierzba (director del Cefid.Ar) y Stella Maris Biocca (directora del Doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Morón). Esta última también se refirió a las demandas económicas contra Argentina, pero referidas a los tratados de protección de inversiones (TPI) suscriptos por Argentina “y aprobados por el Congreso”. Reclamó una revisión del “plexo jurídico que en Argentina predispone a favorecer a los intereses extranjeros contra el Estado”.

“El sometimiento al Ciadi o a los tribunales de Nueva York es una consecuencia de criterios impuestos hace muchos años, a partir de la dictadura del ’76, pero que se siguen aplicando –disparó la especialista en derecho internacional–. Así se votó en el Congreso la adhesión al Ciadi, así se votó la adhesión a los TPI, aprobados tan a la ligera que ni siquiera se observaron las reservas expuestas, como la renuncia a la jurisdicción territorial, arrasando con el Código Civil y dejando sujeto todo litigio por deuda a los tribunales externos.”

“El argumento, o la amenaza, fue que nos quedábamos fuera del mundo, o que no iba a haber más inversiones. Yo les pregunto, ¿hubo más desarrollo para el país por las inversiones que llegaron? Seguramente, no. Entonces, ¿por qué seguimos atados a esos tratados? Porque hay miedo a represalias políticas y económicas. Miedo jurídico, no creo. Ellos son los que violan tratados internacionales superiores”, disparó.

Biocca advirtió que otro camino a recorrer es la defensa política y económica del país frente a estos tratados. “Argentina no puede resolver sola el conflicto, pero tampoco permanecer pasiva cuando los demás hacen algo. Ecuador acaba de denunciar el tratado de adhesión al Ciadi. Permanecer callados cuando otro hace algo no sirve”, apuntó. “¿Por qué no crear un tribunal regional en vez del Ciadi? Sería una respuesta política, jurídica y económica a la vez. Argentina debe dejar de actuar en los tribunales internacionales como un particular y empezar a hacerlo como un país soberano”, propuso.

En su exposición, Weisbrot analizó las políticas de ajuste en la Unión Europea, a partir de las cuales alertó sobre una crisis perdurable. “Las políticas de consolidación fiscal afectan el empleo, la producción, y en consecuencia los objetivos se alejan; los pronósticos se revisan permanentemente a la baja. Se prolonga una recesión cuyo fin no se visualiza.”

Wierzba, a su vez, puso el eje sobre los dos proyectos de integración que confrontan en la región. Uno basado en la apertura económica de las fronteras (tratados de libre comercio) y otro con prioridades de orden político antes que económico, “con base en políticas redistributivas de ingresos, que tomó impulso a partir del 2000 y busca recuperar la idea de los proyectos industrialistas de la Cepal de los ’50”. Este último se expresa en gobiernos como los de Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y particularmente Bolivia, indicó. El anterior aparece reflotado por los países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México), agregó. Avanzar en la consolidación de los proyectos redistributivos y en su complementación, señaló Wierzba, “requiere acelerar la puesta en marcha de mecanismos como el Banco del Sur”.