Las siguientes líneas tienen su origen, como suele ocurrir con tantas notas, en una controversia, aunque educada y constructiva como corresponde. Pero esta vez la polémica, que parecía sólo terminológica, sirvió para iluminar otro aspecto de la cuestión, que no suele volverse consciente, oculto por el hábito de las palabras. Se trata, en este caso, del superávit primario, un concepto de moda entre economistas y políticos, ligado al quebradero de la deuda y su renegociación. Junto a la expresión suele hallarse algún porcentaje, que siempre toma como referencia al Producto Bruto Interno (que ahora oficialmente se llama Producto Interno Bruto, pero que, como las calles rebautizadas, todo el mundo sigue identificando por el nombre abolido). La costumbre de relacionar cualquier magnitud con el PBI es más fuerte que su razón de ser.
Volviendo al superávit primario, en un trabajo de los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se propone utilizar un 40 por ciento de ese excedente para solventar diversas asignaciones que atiendan problemas sociales de pobreza y desocupación. Página/12 recogió esa propuesta en su edición del domingo, pero puntualizando que ésa no era una manera de emplear el superávit sino de reducirlo. Por ejemplo, la mensualidad propuesta de $ 200 para todos los mayores de 65 años formaría parte del gasto primario, aumentándolo, y aminorando de ese modo el superávit.
Además de dar lugar a un amable intercambio de puntos de vista, la observación suscitó una pregunta candorosa: ¿por qué definir como gasto primario a todo gasto, salvo el pago de la deuda? A partir de esa definición, cuando los ingresos superan el gasto, originando un ahorro o superávit, éste queda automática y tautológicamente destinado al bolsillo de los acreedores. En realidad, incluso sin alterar la definición ese excedente podría no gastarse, guardándolo como un fondo anticíclico, para utilizar en el futuro, en años de vacas flacas.
La definición en uso es la adoptada oficialmente por el FMI. En principio, explicaría el gasto primario como todo aquél que se vincule con la provisión de bienes y servicios por parte del Estado dentro del período considerado. Fuera del gasto primario quedarían los servicios de la deuda por tratarse de un gasto relacionado con la provisión de bienes y servicios en ejercicios anteriores. Curiosamente, tanto las erogaciones corrientes como las inversiones del sector público quedan integradas en el mismo concepto de gasto primario, por relevante que sea su diferencia de carácter.
Insensiblemente, todos son llevados a identificar superávit con pagos de la deuda, por lo cual la discusión se centra en la magnitud del excedente a alcanzar, y no en los usos alternativos dables a ese ahorro. Por otra parte, se discrepa tanto sobre el superávit primario porque la Argentina está en default y sin acceso al crédito. Si el país pagase los servicios de toda su deuda, la cifra le vendría dada, prestándose sólo a discusión cuánto afrontar con ahorro y cuánto con deuda nueva.
Gracias a la cesación de pagos, los argentinos pueden discutir entre sí y con el Fondo y demás acreedores a cuánto debería o podría ascender el superávit primario. Pero lo que no se sometió a cuestionamiento fue la definición misma, que determina sigilosamente la lógica de la controversia.