El Mercosur y la Unión Europea reactivaron las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio (TLC). El acuerdo, que es impulsado en la región por el gobierno de Brasil y acompañado por Uruguay, pretende liberalizar el 90 por ciento del comercio interbloque a través de la disminución de las distintas barreras arancelarias existentes. La apertura comercial se daría en un período de entre dos y diez años, dependiendo de los productos. El equipo económico y diferentes cámaras empresarias estiman que el TLC generaría un magro impulso en términos de Producto y tendría serias consecuencias distributivas y en la sustentabilidad de las cuentas externas de Argentina y la región. Las herramientas de administración comercial –formales e informales– desplegadas por el gobierno argentino para limitar los impactos de la crisis internacional sobre el mercado interno y las industrias locales contrastan ante la eventualidad de un acuerdo Mercosur-UE.

Los miembros del Mercosur reclaman la liberalización de los mercados agropecuarios y agroindustriales europeos, históricamente protegidos con altos aranceles, medidas paraarancelarias e importantes subsidios a la producción local. Por su parte, la UE busca facilitar el acceso a sus productos industriales y, fundamentalmente, de la industria automotriz. Pero sus demandas exceden los aspectos comerciales para incluir en el acuerdo beneficios en materia de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual e inversiones.

Un TLC entre Mercosur y UE tendría un magro impacto sobre el Producto y las exportaciones así como un importante impulso a las importaciones. Las estimaciones que maneja el equipo económico evidencian que, dependiendo la magnitud de la apertura comercial, el PIB regional crecería entre 0,2 y 1,3 por ciento, las exportaciones entre 1,2 y 1,9 por ciento –concentrado por el agro y la industria alimenticia–, mientras que las importaciones –fundamentalmente de bienes de capital– treparían entre 3,2 y 4,7 por ciento. Por eso, estudios académicos realizados en Flacso advierten que “la firma del TLC no apunta a consolidar los cambios en la estructura productiva sino a consolidar un tipo de especialización productiva en donde Argentina terminará funcionando como proveedor internacional de materias primas, alimentos y manufacturas de origen agropecuario”.

En términos comerciales, el acuerdo no difiere del ALCA rechazado en la histórica cumbre de Mar del Plata, de noviembre de 2005. La diferencia reside en la potencia involucrada. Ya no es Estados Unidos, sino la Unión Europea cuyo proyecto de integración regional está en crisis. La UE recibió el 15 por ciento de todas las exportaciones argentinas en 2012 y las compras a ese bloque contabilizaron el 19 por ciento del total. El comercio con la UE acumula un déficit de 2400 millones de dólares en los primeros siete meses de 2013. Para Brasil el peso de la UE es todavía mayor: las exportaciones representan el 20 por ciento del total y las importaciones el 21 por ciento. Entre enero y julio, el país vecino acumula un déficit de 3300 millones de dólares con la UE.

En el equipo económico consideran que un acuerdo de esas características forma parte de una nueva estrategia geopolítica de Brasil al tiempo que busca profundizar el disciplinamiento de una facción de su burguesía industrial, una decisión que ya ejerció a través de la apreciación cambiaria. Más allá de la voluntad política de las autoridades brasileñas, cada país debe formular su oferta con las canastas de bienes que está dispuesto a desgravar, la cuantía para la baja de los aranceles y los plazos para su implementación. El paso siguiente es elaborar/negociar con esas posiciones la nueva oferta del Mercosur. Los funcionarios de Brasil y Uruguay afirman que ya tienen resueltos sus listados. A pesar del entusiasmo, la propuesta provisoria que alcanzaron durante las consultas con el sector privado en Brasil excluyen del acuerdo a más del 20 por ciento de los considerados “productos sensibles”, una cobertura limitada para un tratado de libre comercio.

En Argentina, la próxima semana la ministra de Industria, Débora Giorgi; la subsecretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, y el secretario de Relaciones Internacionales, Augusto Costa, se reunirán con diferentes cámaras empresarias para conversar y conocer posiciones de los distintos sectores industriales. El Gobierno “avanza con cautela” en las tratativas para el acuerdo Mercosur-UE dentro de los plazos establecidos por los jefes de Estado del bloque regional a principios de año.