El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, viajó a Washington para reunirse con directivos del FMI y del Banco Mundial. También se juntó con los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton que representan a la Argentina en la disputa con los fondos buitre. Desde la cartera económica informaron que la visita a las oficinas del organismo multilateral tuvo como objetivo avanzar en la implementación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) de alcance nacional. El indicador que reemplazará al cuestionado IPCGBA será presentado en el último trimestre del año.

Por otra parte, el Gobierno está negociando un acuerdo con cinco empresas que tienen sentencias definitivas en el Ciadi y el Uncitral, los tribunales arbitrales internacionales del Banco Mundial y ONU respectivamente, por reclamos iniciados a partir de la crisis de la Convertibilidad en 2001-2002. El Ministerio de Economía no confirmó ni negó la existencia del acuerdo y rechazó comentar sobre la existencia de negociaciones con las multinacionales prestadoras de servicios públicos.

El Directorio del FMI emitió en febrero una declaración de censura contra la Argentina en rechazo a las estadísticas oficiales y otorgó un plazo de ocho meses para que el Gobierno aplique medidas para alinear la metodología del Indec a los requerimientos del organismo internacional. En ese momento, el Gobierno cuestionó la decisión del Fondo y lo acusó de tener un “trato desigual” y un “doble estándar” en su vínculo con diferentes miembros. Sin embargo, para aliviar las tensiones con el organismo, Argentina solicitó la colaboración técnica del FMI para avanzar en la implementación del nuevo IPC-Nacional. El próximo 27 de septiembre el directorio del organismo volverá a reunirse para analizar la situación argentina. Ayer Lorenzino y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, mantuvieron diferentes reuniones con técnicos y directivos del Fondo para anticipar los avances vinculados al nuevo índice de cobertura nacional. En los distintos encuentros también participaron Sergio Chodos, representante argentino en el Fondo; la titular del Indec, Ana María Edwin, y el director técnico del organismo estadístico, Norberto Itzcovich.

En paralelo, Lorenzino se reunió con funcionarios del Banco Mundial para tratar “temas de agenda” que no fueron precisados por la cartera económica. En tanto, según trascendió, el Gobierno estaría definiendo un acuerdo con las empresas Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company para cancelar las sentencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos e Inversiones (Ciadi), la herramienta de presión de las privatizadas para no alterar las condiciones de sus contratos tras la crisis de 2001-2002. Esas empresas, fundamentalmente prestadoras de servicios, lograron fallos que suman alrededor de 500 millones de dólares. El acuerdo que tendría avanzado Economía estipula que las sentencias serían canceladas con una quita de capital e intereses, el pago será en bonos de deuda con legislación argentina y las empresas asumirán un compromiso para reinvertir en el país un porcentaje de la sentencia original.

Si el Gobierno avanza en ese camino representaría un cambio de estrategia. A lo largo de los últimos diez años, el Gobierno rechazó cancelar las sentencias a favor de las firmas concesionarias, quienes no cedieron en sus presiones políticas y económicas contra el país. Entre 2003 y 2012, Argentina redujo de 50.000 millones a 16.000 millones de dólares los reclamos ante Ciadi. La caída en el monto de las presentaciones, que se sucedieron tras la emergencia económica de 2002, tuvo que ver con juicios ganados por el país y desistidos o discontinuados por las empresas, según datos de la Procuración del Tesoro.