El Ministerio de Economía considera que la nueva medición de la inflación permitirá levantar la amenaza de sanciones del Fondo Monetario Internacional. La puesta en marcha del nuevo IPC de alcance nacional y urbano (IPC-Nu) llegará durante el primer semestre de 2014 pero los directivos del organismo multilateral deberán decidir si avanzan en el proceso de expulsión del país del Fondo por la calidad de sus estadísticas de precios y crecimiento en los próximos meses. Después de participar en la asamblea anual del FMI en Washington, funcionarios de Economía y el Indec consultados por este diario consideraron que la calidad y relevancia del indicador de precios despejará las tensiones con el organismo conducido por la francesa Christine Lagarde.

En febrero el directorio del FMI emitió una declaración de censura contra la Argentina en rechazo a las estadísticas oficiales y otorgó un plazo de ocho meses para que el Gobierno aplique medidas para alinear la metodología del Indec a los requerimientos del organismo internacional. En ese momento, el Gobierno cuestionó duramente la decisión del Fondo y las amenazas de sus autoridades pero accedió a solicitar la colaboración técnica del organismo en el proceso de elaboración del nuevo IPC-Nu. El acercamiento con el Fondo marcó un cambio de estrategia del país frente a los organismos internacionales.

El proceso abrió un extenso intercambio encabezado por el ministro Hernán Lorenzino y las autoridades del Indec, Norberto Itzcovich y Ana María Edwin, con los técnicos del Departamento de Estadísticas del FMI y el director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner. En el Palacio de Hacienda confían que “Argentina no será sancionada por el Fondo Monetario Internacional ni expulsada del organismo por la calidad de sus estadísticas públicas”.

Desde el equipo económico señalaron que el trabajo técnico en conjunto con el staff del FMI “avanza muy bien y en los tiempos previstos”. Para seguir respondiendo a las consultas del organismo sobre diferentes aspectos metodológicos del IPC-Nu, el equipo de técnicos de Economía y el Indec se quedaron en la capital de Estados Unidos 10 días más que los funcionarios. Los técnicos del Fondo elaborarán un informe sobre la calidad de la nueva estimación de precios. Ese documento será evaluado por el directorio, probablemente, antes de fin de año.

La implementación del nuevo IPC-Nu habilitó un canal de diálogo con el FMI que se fue ampliando hacia otros temas como el desbloqueo de los créditos del Banco Mundial y el acuerdo en el Ciadi (ver aparte). La intención de Economía es abrir canales para el ingreso de divisas en un contexto de caída de reservas del Banco Central y crecientes importaciones de energía y egreso de divisas para responder la demanda de dólares de los argentinos que viajan al exterior.

En los intercambios que mantuvo Lorenzino a lo largo del año con directivos del Fondo se planteó la posibilidad de que el Gobierno vuelva a aceptar las auditorías anuales del organismo. Las evaluaciones macroeconómicas generales que hace el FMI a los países miembro, según lo previsto en el artículo IV de su estatuto, donde vierte sus opiniones y recomendaciones de política, casi siempre están sesgadas hacia el ajuste. La Argentina rechaza esas auditorías desde 2006, tras el pago de la deuda con el organismo.

Esa posición, que le permitió al Gobierno ganar autonomía en la toma de decisiones económicas, tuvo como contracara obstaculizar el acceso a financiamiento internacional, tanto para el Estado como para el sector privado. Por eso, el Gobierno se muestra dispuesto a analizar la posibilidad ya que consideran que podría facilitar el acceso a financiamiento del sector privado y el ingreso de inversiones extranjeras, aunque la evidencia histórica relativiza la efectividad de esas decisiones para impulsar el ingreso de divisas. A su vez, el país busca que el Fondo realice una presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos que refuerce el posicionamiento argentino en la disputa contra los fondos buitre.