La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer el embargo e inhibición de los bienes de los responsables de Clarín y La Nación en el marco de la causa por la adquisición irregular de Papel Prensa durante la última dictadura militar. El organismo que conduce José Sbattella pidió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal autorización para actuar como querellante en la causa por el perjuicio que genera al “orden económico y financiero” la posición dominante de la compañía en la producción y distribución de papel en el país y por lavado de activos. Tal como anticipó Página/12, el ente regulador presentó ante el Juzgado de Julián Ercolini cautelares para el decomiso de bienes para evitar maniobras que permitan al grupo controlante cumplir patrimonialmente con una sanción futura y para que cese el daño. La presentación apunta a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, por Clarín, y a Bartolomé Luis Mitre, por La Nación.

El escrito de 14 fojas que elaboró la UIF, con patrocinio de los abogados Mariana Quevedo, Claudio Castelli y Juan Iribarne, detalla los hechos de la causa caratulada “Magnetto, Héctor y otros sobre delito de acción pública”, que dan origen al ilícito sobre el que esta entidad se presenta ahora como querellante. La causa se originó a partir de la denuncia efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos para conocer si existieron acciones ilegales y articuladas, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal para la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa, que eran propiedad del Grupo Graiver. Las acciones fueron adquiridas por el grupo Fapel, un conglomerado compuesto por Clarín, La Nación y La Razón. La aprobación del traspaso por parte de la dictadura se realizó luego de la operación. “A la fecha no se ha probado que los vendedores hayan percibido la totalidad del precio convenido”, sostiene la presentación.

En base a estos supuestos, la UIF solicita ser parte de la causa, debido a que entiende que se vulneran derechos económicos, como el de libre competencia, y el accionar posterior de Papel Prensa implica una maniobra de lavado de activos. En los considerandos del pedido resalta que los diarios mencionados se vieron favorecidos con la “compra espuria de gran parte de las acciones” de la única empresa productora de papel de diario del país. De ese modo, por más de treinta años mantienen, con una participación de 71,5 por ciento de capital accionario de Papel Prensa, el monopolio de la producción de papel.

La UIF apunta también a la imprescriptibilidad de los ataques realizados a la propiedad en el marco de una persecución política a gran escala, sistemática y planificada, debido a que integran delitos o crímenes contra la humanidad. “En la presente causa se encuentra configurado el delito de lavado de activos toda vez que el Grupo Clarín (a través de Agea y Cimeco) y La Nación, junto a sus socios principales, Héctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre, se encuentran administrando las acciones de la empresa Papel Prensa. con el fin de darle apariencia de licitud cuando su origen resulta ilícito”, afirmó el escrito de la unidad encargada de la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El argumento que pesa sobre este punto es que las acciones de la empresa fueron adquiridas de manos de los Graiver mediante el uso de amenazas y extorsión en el marco del régimen militar imperante en los años 1976 y 1977.

El escrito recuerda que la nueva ley contra lavado de activos incluye la denominación de “Delitos contra el orden económico y financiero”. En virtud de esta incorporación, el bien jurídico se ve afectado por la comisión del delito de lavado de activos y por la alteración de la libre competencia. Es por ello que la UIF solicita cautelar para ampliar la presente investigación a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre imputándoles el delito contra el orden económico y financiero. También solicita embargo preventivo de bienes respecto de todos los imputados (Magnetto, Herrera de Noble y Mitre). La UIF destaca “probado el peligro en la demora” debido a la necesidad de evitar situaciones que podrían frustrar el éxito de la causa, como la responsabilidad patrimonial que pudiera caberles a los imputados. La sanción por lavado es de dos a diez veces del monto de la operación y el decomiso de todos los bienes. La entidad que conduce Sbattella adelantó que agotará las instancias judiciales a través de la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema, en caso de que fuera denegado el pedido ante el juzgado de Ercolini.